En aproximadamente 12 meses, el Canal de Panamá proyecta iniciar los primeros traslados de familias que serán reubicadas como parte del desarrollo del embalse en la cuenca del río Indio, un proyecto que busca garantizar el almacenamiento de agua para los próximos 50 años y reforzar la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica.
La iniciativa se perfila como una de las respuestas más relevantes frente a la presión hídrica que ha enfrentado el país en los últimos años.
Las primeras reubicaciones se concentrarían en comunidades como El Nancito, en la provincia de Colón, una de las zonas directamente impactadas por la futura construcción de la represa.
En esta etapa inicial, se contempla el traslado de unas 50 familias ubicadas en el área donde se desarrollará la obra, mientras que el alcance total del proyecto abarca a alrededor de 500 familias, equivalentes a unas 2,000 personas, distribuidas en distintos puntos de la cuenca del río Indio.
Por el momento, la ACP ha identificado tres áreas en distintos puntos de la cuenca de río Indio donde proyecta trasladar al mayor número de personas, aunque existe la posibilidad de reubicaciones en otros sitios si las familias así lo solicitan. En esos casos, tendrían que realizarse evaluaciones adicionales para determinar si esas zonas cumplen con los parámetros de seguridad.
De acuerdo con la planificación presentada, se han identificado tres zonas de reasentamiento a lo largo de la cuenca, donde serán reubicadas las familias. Un aspecto clave es que estos nuevos asentamientos estarán ubicados a una distancia de entre 1 y 7 kilómetros de sus comunidades actuales, con el objetivo de mantener el arraigo territorial, las dinámicas sociales y el acceso a sus actividades productivas, principalmente agrícolas.
En la provincia de Coclé se han identificado 102 predios, 256 en la provincia de Panamá Oeste y 121 en la provincia de Colón. En esta última se construirá la represa y el túnel que permitirá llevar por gravedad agua al Lago Gatún.
Presupuesto millonario
El proyecto tiene un costo estimado de 1,500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 500 millones de dólares se destinarán al componente socioambiental, incluyendo el traslado de las familias, compensaciones económicas, construcción de viviendas, infraestructura básica y programas de acompañamiento. Este componente ha sido uno de los ejes centrales del diseño del proyecto, dada la magnitud del impacto social.
Según explicó Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto, el proceso no se limita a la entrega de casas, sino que incorpora un enfoque integral que incluye acceso a agua potable, capacitación en matemáticas, formación en construcción, mejoras en prácticas agrícolas y programas de desarrollo comunitario. La funcionaria detalló que estos programas ya han comenzado a implementarse como parte del proceso preparatorio.
En esa misma línea, John Langman, vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, destacó que el acompañamiento a las comunidades será sostenido en el tiempo.
El proceso de reasentamiento está previsto para desarrollarse en un periodo de entre tres y cinco años, seguido de una presencia permanente del Canal en la cuenca, replicando modelos de gestión aplicados previamente en otras áreas como la cuenca del río Chagres.
Uno de los elementos más relevantes del proceso ha sido el avance en las consultas comunitarias. Las autoridades indicaron que el 66% de las familias ha participado en los procesos de consulta, mientras que, a través de visitas casa por casa, se ha logrado recopilar información de hasta el 85% de la población impactada. Este dato ha sido clave para avanzar en la estructuración de los esquemas de compensación.
Sin embargo, ambos funcionarios fueron claros en precisar que este 85% de participación no implica una aprobación del proyecto, sino que refleja un nivel de interacción y disposición a dialogar con la Autoridad del Canal de Panamá.
Aun así, señalaron que en los últimos meses se ha observado una mayor apertura de las comunidades a participar en estos procesos, lo que calificaron como un avance positivo dentro de un tema que reconocen como sensible.
El proyecto también contempla incentivos condicionados a la participación activa de las familias en los programas de formación. Según se explicó, algunos beneficios estarán vinculados a la asistencia a capacitaciones y actividades productivas, con el objetivo de evitar el abandono de los nuevos asentamientos y promover mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población.
En cuanto al cronograma técnico, se prevé iniciar en mayo próximo la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, el nivel más alto dentro de la normativa panameña.
Este estudio permitirá evaluar los efectos del proyecto sobre el entorno y las comunidades, y se espera que sea presentado al Ministerio de Ambiente hacia finales de este año para su evaluación.
Paralelamente, el Canal avanza en la preparación del pliego de cargos para la licitación del diseño y construcción del proyecto, documento que también se espera esté listo antes de finalizar el año. El modelo contemplado es un contrato de diseño y construcción, con un proceso de precalificación riguroso para garantizar la participación de empresas con experiencia comprobada en este tipo de infraestructuras.
Desde el punto de vista técnico, el embalse del río Indio permitirá generar una capacidad adicional de agua equivalente a entre 11 y 15 tránsitos diarios de buques tipo Panamax, lo que representa un aumento significativo en la disponibilidad hídrica del Canal. Este volumen es clave para enfrentar escenarios de sequía y asegurar la continuidad de operaciones en una de las rutas más importantes del comercio global.
A diferencia de proyectos anteriores, como la ampliación del Canal, esta iniciativa incorpora un componente social mucho más complejo. En este caso, la intervención se realiza en territorios habitados, lo que obliga a desarrollar un modelo más robusto de compensación, participación y acompañamiento comunitario.
El desarrollo del embalse del río Indio se consolida así como un proyecto estratégico no solo para la operación del Canal, sino también para la gestión del recurso hídrico en Panamá. Su ejecución implicará un equilibrio delicado entre infraestructura, sostenibilidad y bienestar social, en un contexto donde el acceso al agua se ha convertido en uno de los principales desafíos del país.
Los voceros de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reconocieron que existe un grupo de moradores que mantiene su oposición al proyecto del nuevo embalse, los cuales se encuentran distribuidos en distintos puntos de la cuenca del río Indio. Indicaron que, si bien se ha avanzado en los procesos de acercamiento, no todos los residentes comparten la visión del proyecto, especialmente por las implicaciones que tendría en sus comunidades y modos de vida.
En ese contexto, las autoridades señalaron que el proceso de consulta continúa activo con moradores y propietarios de tierras, con el objetivo de atender inquietudes, aclarar dudas y explicar los alcances reales de la obra. Subrayaron que el enfoque se basa en el diálogo directo y en la recopilación de información que permita estructurar adecuadamente los esquemas de compensación y traslado, en un proceso que han descrito como progresivo y aún en desarrollo.
Cabe recordar que durante 2025 se registraron cierres de calles y enfrentamientos en rechazo al proyecto, lo que evidenció el nivel de tensión existente en algunas comunidades. No obstante, desde la ACP se ha insistido en que en los últimos meses se ha observado una mayor disposición de parte de algunos residentes a participar en los espacios de consulta, lo que consideran una señal positiva dentro de un proceso complejo que aún enfrenta retos sociales importantes.