El saldo de la deuda pública de Panamá pasó de $20,227 millones en febrero de 2016 a cerca de $60,059 millones en febrero de 2026, lo que representa un incremento superior a $39,800 millones en una década.
Este crecimiento no ha sido uniforme: el mayor salto se concentró entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, período en el que el país enfrentó el impacto de la pandemia, un mayor gasto público y una aceleración en el endeudamiento para sostener la economía.
Ese aumento de la deuda coincidió con un deterioro en la percepción de riesgo del país. Panamá perdió el grado de inversión por parte de Fitch Ratings, lo que elevó las presiones financieras y crediticias, encareciendo el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.
El aumento de tasas de interés globales, especialmente tras el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, agravó ese escenario, incrementando el costo del servicio de la deuda.
Durante el gobierno de Cortizo, la deuda pública registró uno de los mayores incrementos de la historia reciente. De niveles cercanos a $26,000 millones en 2019, el saldo superó los $50,000 millones hacia el cierre de su administración, reflejando un aumento superior a los $24,000 millones en cinco años.
Este crecimiento estuvo marcado por emisiones de bonos globales, préstamos multilaterales y financiamiento interno, en un contexto de caída de ingresos y mayor gasto estatal.
El período correspondiente a la actual administración de José Raúl Mulino, que inicia en julio de 2024, muestra un comportamiento más contenido, aunque aún en terreno de crecimiento.
Al cierre de ese mes, el saldo de la deuda pública total se ubicaba en aproximadamente $51,860 millones , mientras que para febrero de 2026 alcanzó cerca de $60,059 millones, lo que implica un incremento de más de $8,100 millones en poco más de año y medio.
Este aumento, aunque menor en ritmo frente al registrado en el quinquenio anterior, evidencia que la presión fiscal sigue presente y que la estrategia actual se ha centrado más en reordenar el perfil de la deuda que en reducir su saldo de forma inmediata.
En los últimos meses, la estrategia del Gobierno ha estado enfocada en contener el ritmo de crecimiento de la deuda y mejorar su estructura.
Entre enero y febrero de 2026, el saldo de la deuda aumentó en aproximadamente $300 millones, resultado de una combinación de operaciones financieras que incluyeron desembolsos de organismos multilaterales y una activa gestión de pasivos.
En enero de 2026, el saldo de la deuda creció en $409 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $1,381 millones asociado a un préstamo estructurado con garantía de organismos internacionales, diseñado para obtener mejores condiciones frente a las tasas promedio del país. Esta operación buscó reducir costos en el largo plazo, en un entorno de tasas más altas.
En febrero, el saldo volvió a incrementarse en $300 millones, aunque con un movimiento relevante: el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184 millones en bonos internacionales, lo que permitió reducir el saldo de Bonos Globales en cerca de $205 millones. Este tipo de operaciones apunta a mejorar el perfil de vencimientos y reducir riesgos asociados a concentraciones de deuda.
A la par de estas estrategias, el país recibió un desembolso de $500 millones del Banco Mundial, destinado a programas vinculados a la gestión fiscal y el crecimiento económico.
Este tipo de financiamiento multilateral suele tener condiciones más favorables en términos de tasas y plazos, lo que contribuye a aliviar presiones en el corto plazo.
En ese contexto, el costo financiero sigue siendo uno de los principales focos de presión. En enero de 2026, el pago de intereses fue de $269.24 millones, mientras que en febrero ascendió a $270.28 millones, principalmente asociados a Bonos Globales, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Este nivel de pagos refleja el impacto acumulado del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas, obligando al Gobierno a combinar desembolsos, recompras y otras operaciones para contener riesgos.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha defendido estas acciones como parte de una estrategia integral para optimizar la deuda pública y fortalecer las finanzas del país. P
Según el MEF, la política está orientada a mejorar el perfil de la deuda, reducir el déficit fiscal y avanzar hacia balances primarios positivos, con el objetivo de estabilizar el nivel de endeudamiento hacia finales de la década.
El desafío, sin embargo, sigue siendo significativo. Panamá enfrenta un nivel de deuda elevado, heredado en buena medida de años anteriores, junto con compromisos fiscales que continúan presionando las cuentas públicas.
En ese contexto, la sostenibilidad de la deuda dependerá no solo de la gestión financiera, sino también de la capacidad del país para retomar un crecimiento económico sólido.
La evolución de la deuda en la última década refleja un cambio estructural en las finanzas públicas panameñas. Para lso economistas, el reto ahora es contener su crecimiento, reducir su peso relativo en la economía y recuperar la confianza de los mercados internacionales, en un entorno que seguirá siendo exigente.