Panamá volvió a elevar el tono frente a la Unión Europea y sus listas fiscales, en un momento en que el país sigue incluido en el listado de jurisdicciones no cooperadoras en materia tributaria.
Durante la inauguración del Foro Unión Europea–Centroamérica 2026, el canciller Javier Martínez-Acha Vázquez dejó una postura clara y directa: “Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria”, una afirmación que refleja el creciente malestar del gobierno panameño frente a estas clasificaciones internacionales.
El mensaje no fue casual. Se produce en un contexto donde el país intenta reposicionar su imagen financiera mientras mantiene tensiones con Bruselas por los criterios utilizados para estas evaluaciones.
El señalamiento del canciller apunta a lo que el gobierno considera un tratamiento desigual hacia Panamá, pese a los avances normativos que el país ha implementado en los últimos años.
“La única lista que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos”, subrayó Martínez-Acha, en un discurso que combinó diplomacia con presión política.
Junto con Panamá, en la lista negra fiscal permanecerían Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos. Mientras que se espera la salida de Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago.
La Unión Europea impulsa estos estándares porque considera que, sin reglas de sustancia, algunas jurisdicciones pueden facilitar estructuras usadas para trasladar utilidades o registrar ingresos sin actividad económica real, lo que afecta la recaudación de otros países.
El planteamiento no es menor: Panamá ha sido objeto de revisiones constantes por parte de la UE, lo que ha afectado su reputación internacional, la percepción de riesgo país y, en algunos casos, la relación con inversionistas europeos.
Actualmente, Panamá figura en la llamada lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea, un instrumento que el bloque utiliza para identificar países que, a su juicio, no cumplen plenamente con estándares de transparencia fiscal, intercambio de información y prácticas tributarias justas.
Esta lista no implica sanciones directas automáticas, pero sí conlleva medidas defensivas por parte de los países europeos, como mayores controles, restricciones financieras o exigencias adicionales para operaciones con entidades de esos territorios.
La permanencia de Panamá en esa lista ha sido explicada por la Unión Europea bajo argumentos relacionados con la necesidad de fortalecer ciertos compromisos en materia de intercambio de información fiscal y ajustes en su marco legal.
Sin embargo, el Gobierno panameño insiste en que ha cumplido con las exigencias técnicas y que existe una desconexión entre los avances reales y la evaluación europea. Esta discrepancia ha generado una narrativa de injusticia estructural, que ahora el canciller ha decidido expresar de forma abierta en un foro internacional.
En su intervención, Martínez-Acha también buscó reforzar el papel de Panamá como actor estratégico en el comercio global, destacando que el país “defiende la transparencia del comercio marítimo global, a un costo grande para nuestro tesoro y para nuestra bandera”.
Esta frase apunta directamente al rol del país como centro logístico y a la importancia del registro de buques panameño, uno de los más grandes del mundo, que ha sido objeto de escrutinio internacional en materia de cumplimiento normativo.
El discurso del canciller se enmarca además en una estrategia más amplia de política exterior, donde Panamá intenta consolidarse como un aliado confiable en medio de tensiones geopolíticas globales.
“Somos un aliado fiable para Europa”, insistió, al tiempo que remarcó que el país actúa conforme al derecho internacional, incluso en escenarios complejos.
Este enfoque busca contrarrestar la percepción negativa que puede generar su inclusión en listas fiscales, reforzando su imagen como un hub logístico, financiero y diplomático estable.
El tema cobra mayor relevancia si se considera que, según revisiones recientes de la UE, Panamá continuaría en la lista negra tributaria, lo que ha generado preocupación en sectores económicos locales.
La permanencia en este listado puede impactar la competitividad del centro financiero panameño, encarecer transacciones y dificultar relaciones comerciales con empresas europeas que deben cumplir con regulaciones más estrictas al operar con jurisdicciones señaladas.
En paralelo, el Foro Unión Europea–Centroamérica sirvió como escenario para proyectar una agenda de cooperación que contrasta con esta tensión.
La Unión Europea anunció inversiones por $1,200 millones hasta 2027 en infraestructura regional, especialmente en energía renovable, lo que abre oportunidades para Panamá y la región.
Sin embargo, el mensaje del canciller deja claro que, para Panamá, no basta con la cooperación económica si persisten medidas que considera discriminatorias en el ámbito fiscal.
La intervención de Martínez-Acha también incluyó una visión más amplia del rol del país en el contexto global. “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones”, afirmó, en una declaración que apunta a reposicionar al país como un actor propositivo y no dependiente.
La decisión europea se refiere exclusivamente a lamateria fiscal, y no debe confundirse con la lista relacionada conblanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, de la cual Panamá ya fue excluida en 2025.
Este año el presidente José Raúl Mulino endureció la postura del Gobierno frente a la Unión Europea al advertir que, mientras Panamá permanezca en listas consideradas discriminatorias, ninguna empresa europea podrá participar en licitaciones de contratos estatales en el país.
La medida, planteada como una respuesta directa a la inclusión de Panamá en el listado de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, busca ejercer presión política y económica sobre el bloque europeo, al tiempo que envía una señal de defensa de la soberanía y de las condiciones de competencia en el mercado local.