El analista económico Damián Di Pace advirtió que la ausencia de un plan económico previsible en el tiempo se convirtió en el principal obstáculo para atraer inversiones a la Argentina. Según comentó en Infobae en Vivo, la incertidumbre sobre la continuidad institucional y jurídica disuade tanto a empresarios locales como extranjeros, quienes requieren garantías concretas de estabilidad para comprometerse en proyectos de mediano y largo plazo.
Uno de los focos críticos, resaltó Di Pace, radica en el desfase entre la promesa de rápidas mejoras y los plazos reales de reconfiguración económica: “Los gobiernos quieren adelantar el ciclo y dar buenas noticias de que esto va a ser rápido cuando no lo va a ser”, afirmó.
El analista puntualizó que las estrategias de desinflación en América Latina suelen requerir entre seis y ocho años, mientras que en Argentina se genera una “ansiedad social” por resultados inmediatos.
La evidencia de este rezago se manifiesta en los indicadores regionales: mientras la inflación promedio en alimentos en América Latina es de 4,8%, la cifra en Argentina asciende a 33,2 por ciento. Esta brecha, subrayó, revela que el problema argentino es de orden estructural y no simplemente coyuntural.
El sector privado como motor
Al analizar el modelo impulsado por el presidente Javier Milei, Di Pace recurrió a una metáfora automovilística para explicar la dinámica actual: si el sector público —a través del ajuste de cuentas y la reducción del empleo estatal— deja de impulsar la economía y se busca reemplazarlo por el sector privado, el avance solo es posible si existen incentivos sólidos tanto en el mercado internacional como interno. Para el analista, este tránsito hacia el predominio del sector privado enfrenta tres trabas principales.
En primer lugar, muchos sectores como el textil o el calzado presentan actualmente baja capacidad instalada, lo que desalienta la inversión en bienes de capital. Di Pace preguntó: “¿Por qué invertir si la capacidad instalada es tan baja?”.
En segundo lugar, dijo que, aunque algunos segmentos cuentan con estímulos como el Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI), la falta de certeza sobre la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica continúa siendo un factor disuasivo.
Por último, el especialista señaló el dilema de las pequeñas y medianas empresas. Sus empresarios plantean inquietudes sobre la continuidad institucional y jurídica cada vez que se acerca una elección presidencial, ya que el retorno de un bien de capital se estima entre cinco y diez años. “Tengo serias dudas de que la inversión privada crezca por capacidad instalada o por previsibilidad institucional”, reconoció Di Pace.
En este sentido, Di Pace identificó tres instrumentos que podrían dinamizar la inversión privada en la Argentina: el crédito, los fondos provenientes de la regularización fiscal (conocidos como “dólares del blanqueo e inocencia fiscal”) y el programa RIMI. Sobre el primer punto, informó que el “crédito pasó del 6% al 12% del producto, de manera que fue un impulso importante para recuperar la actividad”.
En cuanto al RIMI, explicó que una inversión de USD 150.000 en un bien de capital, como una computadora de alta gama, puede descontarse del pago de impuestos a través de amortización acelerada. Recordó el caso de Chile, donde mecanismos similares permitieron un crecimiento progresivo de las pymes: “Esto en Chile generó un nivel de capitalización enorme y las pymes fueron creciendo a lo largo del tiempo”.
Respecto al blanqueo fiscal y los regímenes de inocencia fiscal, Di Pace señaló que inicialmente sus previsiones apuntaban a recaudar USD 30.000 millones. Sin embargo, aclaró que el programa se ralentizó debido a los cambios implementados en el régimen simplificado de ganancias, por lo que la proyección se reduce a entre USD 5.000 y 7.000 millones.
Di Pace sostuvo que ningún instrumento puede reemplazar el impacto de la visión empresarial sobre el contexto: “Un empresario no invierte solamente por la herramienta, invierte por cómo ve la pista hacia adelante”.
La presión tributaria y el desafío federal
Comparando con la década de 1990, Di Pace observó que en ese entonces la Argentina padecía un entorno externo adverso, con sequía y caída en los precios de commodities y menor stock exportable. El gobierno de esa época aumentó los impuestos para financiar un déficit creciente. En contraste, dijo, “Milei prometió reducir tributos; aunque los impuestos nacionales cayeron respecto al producto, la presión fiscal consolidada —nacional, provincial y municipal— hoy es más elevada que al inicio de su gestión».
El analista remarcó que una transformación estructural implica coordinar los tres niveles del Estado: “Hay un problema que es una mesa de cuatro patas que se tienen que juntar y que no lo van a hacer por ahora: nación, provincia y municipio, y esto corre por el Congreso de la Nación”, enfatizó.
La advertencia central de Di Pace reside en el riesgo de la polarización extrema, que obstaculiza la construcción de consensos permanentes: “En Argentina estamos entre el yin y el yang. Es un modelo de país u otro completamente distinto; esto se basa en los extremos, esta sociedad no encontró el gris en puntos clave”.
El resultado es una economía dominada por la incertidumbre, donde el discurso gubernamental sostiene que “lo peor ya pasó” o que “los salarios van a subir”, sin que estas declaraciones se reflejen en los indicadores. El especialista concluyó que Argentina sigue sin un plan económico previsible en el tiempo, lo que impide atraer la inversión necesaria para restablecer el crecimiento y la estabilidad alcanzados en la región.