La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por mayoría la incorporación de un artículo a la Ley de Seguridad Vial que habilita a los ciudadanos a reportar infracciones de tránsito mediante fotos y videos que se podrán enviar a los juzgados pertinentes.
La medida establece que cualquier persona podrá enviar material audiovisual sobre posibles infracciones a través de canales digitales oficiales, entre los que se incluyen enlaces web institucionales y aplicaciones de mensajería.
De acuerdo con lo informado por la propia Cámara, el contenido remitido tendrá carácter de comunicación ciudadana, sin representar una denuncia formal ni otorgar fe pública respecto de su autenticidad o integridad.
La normativa, que suma el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial, contempla que la autoridad de aplicación podrá eximir de la publicación en el sistema de acceso público toda información que no parezca corresponder a la jurisdicción o sobre la que existan indicios de falsedad.
Según el texto oficial, si el registro audiovisual contiene datos suficientes, la Autoridad de Aplicación podrá remitirlo al Juzgado Vial competente, acompañado de un informe preliminar que detalle la infracción observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.
Los Juzgados Viales tendrán la responsabilidad de analizar la información recibida y determinar los pasos a seguir, ya sea validando o disponiendo los medios para verificar la veracidad y relevancia de lo presentado. La fundamentación del proyecto, según el comunicado oficial de la Cámara de Diputados de Mendoza, señala que el control estatal, en sus distintos niveles, resulta insuficiente para cubrir la totalidad de rutas nacionales y provinciales, especialmente en épocas de alta circulación vehicular como las vacaciones de verano e invierno.
El texto remarca que la participación ciudadana en acciones que tradicionalmente corresponden al Estado permitirá fortalecer las funciones de prevención y control en el tránsito, lo que podría derivar en una reducción de infracciones y accidentes en la provincia.
Durante el debate legislativo, distintas voces se pronunciaron sobre el alcance y las implicancias de la iniciativa. José Manuel Vilches, diputado de la UCR, subrayó que la propuesta no tiene fines recaudatorios, sino que busca establecer un sistema de prevención general en beneficio de la comunidad. Vilches explicó que el aporte de los ciudadanos, a través del registro de posibles infracciones a la Ley de Seguridad Vial, resulta relevante para la seguridad colectiva.
El legislador puntualizó que el material remitido por los ciudadanos “tiene la categoría de comunicación ciudadana, no es una denuncia formal, ni tampoco otorga una fe pública a esa comunicación, sino que se estudia por parte de las autoridades y se deja sin efecto o se exime en el caso de falsedad”, según recogió el sitio oficial.
El promedio de la tasa nacional de muertes por accidentes de tránsito se ubica en 9,9 cada 100.000 habitantes, mientras que en Mendoza la cifra desciende a 7,8 por cada 100.000, de acuerdo con lo expresado por Vilches en la sesión. Para el diputado, la participación ciudadana puede contribuir a seguir bajando esas cifras.
Jimena Cogo (PRO) manifestó el respaldo de su bloque y consideró que el mecanismo contribuirá a disminuir los incidentes viales y a mejorar la calidad de vida de quienes transitan por rutas y caminos de la provincia.
Cogo argumentó que la incorporación de mecanismos de participación ciudadana ya se aplica en países como Singapur, Alemania, Brasil y China, configurando una fiscalización colaborativa para enfrentar índices y estadísticas preocupantes. La diputada resaltó los bajos costos de inversión asociados a este modelo.
En línea con ese razonamiento, Cintia Gómez (PRO) aclaró que la iniciativa no busca crear un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control, sino que establece una herramienta de colaboración ciudadana donde la última decisión la mantiene la justicia mendocina, específicamente los juzgados viales. “Tenemos que empezar a utilizar las herramientas digitales en beneficio de la comunidad”, expresó la legisladora.
Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) también expresó su voto afirmativo y señaló la importancia de garantizar la fidelidad de los procedimientos desde la recepción de imágenes hasta su tratamiento judicial. Planteó la necesidad de fortalecer la credibilidad institucional y garantizar seguridad jurídica cuando se adopten nuevas herramientas, incluyendo la potencial aplicación de inteligencia artificial para el análisis del material ingresado.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo consideró que la medida representa un aporte a la seguridad vial, al tiempo que reconoció que muchas muertes en la sociedad tienen origen en accidentes de tránsito causados por imprudencia o desobediencia de señales. Cairo enfatizó que acciones temerarias generan accidentes fatales y que habilitar la participación ciudadana en el control puede marcar una diferencia.
No todas las voces fueron favorables. Germán Gómez, diputado del Partido Justicialista (PJ), adelantó el voto negativo de su bancada, con la excepción de la diputada Valentina Morán, quien se abstuvo. Gómez advirtió que la nueva ley podría sobrecargar al Ministerio de Justicia y Seguridad con un flujo elevado de material a verificar, lo que, en su opinión, excede las capacidades de control del Estado. El legislador afirmó que la reducción de accidentes viales se logra a través de procesos de educación, formación y concientización ciudadana, y calificó el proyecto como de “imposible realización”.