La intervención militar en el Parque Nacional Podocarpus se intensificó en marzo de 2026 como parte de la ofensiva del Gobierno ecuatoriano contra la minería ilegal, una actividad que ha ganado terreno en zonas protegidas del sur del país.
Según reportó Primicias, durante al menos nueve días de operaciones, las Fuerzas Armadas ejecutaron acciones coordinadas por aire y tierra que incluyeron bombardeos para desmantelar estructuras clandestinas dentro de esta reserva natural ubicada entre Loja y Zamora Chinchipe.
De acuerdo con el medio ecuatoriano, el balance oficial da cuenta de la destrucción de 129 campamentos, 94 bocaminas y decenas de equipos utilizados para la extracción de oro, como chancadoras y generadores eléctricos. A esto se suman decomisos de explosivos, municiones, radios de comunicación y sistemas de internet satelital, que evidencian el nivel de organización logística de estas operaciones ilegales.
La ofensiva incluyó el uso de drones, artillería pesada y lanzacohetes múltiples BM-21, con ataques dirigidos a puntos previamente identificados mediante inteligencia militar, según recogió Ecuavisa. En el primer día se registraron más de un centenar de detonaciones, mientras que en jornadas posteriores se planificaron nuevos lanzamientos con el objetivo de destruir completamente la infraestructura ilegal instalada en sectores como Dos Camas, San Luis y La Aída.
Ecuavisa también detalló que las operaciones se ejecutaron bajo un esquema técnico que incluye la georreferenciación de objetivos y el monitoreo en tiempo real mediante drones con cámaras infrarrojas, lo que, según las Fuerzas Armadas, permite verificar impactos y reducir márgenes de error en los ataques.
De acuerdo con Crónica de Loja, la intervención militar generó reacciones divididas en la provincia de Zamora Chinchipe. Mientras sectores ciudadanos respaldan la acción estatal frente al avance de la minería ilegal, actores ambientalistas y autoridades locales han cuestionado el uso de bombardeos dentro de un área protegida, señalando posibles afectaciones a ecosistemas sensibles y especies en peligro.
Crónica también recogió las advertencias de expertos ambientales que alertan sobre el impacto de la artillería en el equilibrio ecológico del parque, donde habitan especies como el oso de anteojos y el tapir andino. Además, se ha planteado que este tipo de intervención podría entrar en tensión con disposiciones constitucionales que reconocen los derechos de la naturaleza y obligan al Estado a garantizar la conservación de áreas protegidas.
Pese a estas críticas, según reportó Primicias, el Gobierno sostiene que la operación busca debilitar a grupos armados organizados que financian sus actividades a través de economías ilícitas como la minería ilegal. En ese sentido, la intervención se enmarca en la política de seguridad del Ejecutivo, que ha catalogado a estas estructuras como actores vinculados al terrorismo y ha intensificado las acciones militares en distintos puntos del país.
De acuerdo con las autoridades, el impacto económico de la operación sería significativo. Las pérdidas para estas organizaciones podrían superar los tres millones de dólares, lo que afectaría su capacidad de sostener operaciones en el corto plazo.
Varias investigaciones periodísticas la dimensión de la minería ilegal en Podocarpus era considerable. Se estima que cerca de 2.000 personas operaban en estos frentes, donde no solo se extraía oro, sino que se habían establecido campamentos permanentes con servicios informales, lo que evidencia un nivel de consolidación territorial dentro del parque.
El Parque Nacional Podocarpus, considerado uno de los ecosistemas más diversos del Ecuador, alberga miles de especies de flora y fauna y cumple un rol clave en la regulación hídrica de la región. Según el Ministerio de Defensa, la minería ilegal había ocupado alrededor de 130 hectáreas dentro del área protegida, con procesos altamente contaminantes que incluyen el uso de mercurio para la extracción de oro.
La operación militar en esta zona sintetiza una tensión estructural entre seguridad y conservación ambiental. Mientras el Gobierno prioriza la erradicación de economías ilícitas y la recuperación del control territorial, el debate público se centra en los límites de la acción militar dentro de áreas protegidas y en la necesidad de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.