El crimen de Cristian Eduardo Pereyra se convirtió en una marca de la época: un docente de Virrey del Pino, trabajador de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, empujado al pluriempleo, asesinado de un tiro en medio de un asalto mientras conducía un auto de aplicación, un Chevrolet Corsa II por el que debía una multa de 142 mil pesos al municipio de Presidente Perón, por pasarse apenas once kilómetros del límite de velocidad. Pereyra, de 39 años, amado por su comunidad, era padre de una hija.
El presunto asesino, esta vez, no es un delincuente común: es un policía. Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, efectivo de la Policía Bonaerense, miembro de la tropa especial UTOI, estacionada en Puente 12. Vizgarra también es oriundo de Virrey del Pino. Su domicilio se ubica a 25 cuadras del de su presunta víctima. Un viaje entre los domicilios de ambos, en la misma aplicación en la que Pereyra conducía, cuesta poco más de seis mil pesos.
Pereyra fue el sospechoso inmediato; había sido, con nombre y apellido, el último pasajero en la lista de la víctima. El fiscal Adrián Arribas, a cargo de esclarecer el caso, lo confrontó el domingo en la base de la UTOI. Allí, Vizgarra comenzó a trastabillar. Su relato fue endeble.
Así, Arribas -parte del equipo de la UFI de Homicidios de La Matanza que esclareció el triple crimen narco– ordenó que la propia Policía Bonaerense lo esposara, literalmente un arresto en vivo.
Un verano de deudas calientes
En paralelo a la detención, el Corsa era hallado por la Policía Federal -la fuerza encargada de las pericias del expediente- en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, a 15 cuadras de la base de la UTOI en Ciudad Evita.
No fue difícil identificarlo. La patente seguía atornillada al vehículo. En su luneta podía verse un sticker con la leyenda “bebé a bordo”. El baúl tenía un orificio compatible con un impacto de bala. La UFI de Homicidios todavía espera el informe balístico final del caso. La sospecha es que este orificio de bala sería, por lo pronto, de larga data.
Vizgarra enfrentará al fiscal Arribas para ser indagado en este lunes. Si mató, entonces, ¿por qué lo hizo? Una hipótesis recorre la Justicia en las últimas horas. En el último mes, el policía acusado acumuló deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según descubrió Infobae en sus registros crediticios. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos. “El número supera su salario mensual por lejos”, asegura una fuente clave en el expediente
Las pericias del caso
Arribas ordenó el secuestro del celular de Vizgarra. También, que se le realice el dermotest en sus manos para detectar restos de un disparo.
Así, un subinspector del área de Búsqueda de Evidencias de la PFA le administró un test con dos tiras de adhesivo de carbono en ambas manos. Otras muestras fueron retiradas de sus manos con una gasa.
En paralelo, la pistola Bersa 9 milímetros reglamentaria que Vizgarra portaba al momento de la detención también fue incautada. Fue trasladado a una comisaría de Virrey del Pino poco después de su arresto.