Ha sido rebautizado como el caso Epstein de la política brasileña con un intento gravísimo de suicidio. La deflagración provocada por la Policía Federal con la operación Compliance Cero y el arresto el miércoles de Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, liquidado por el Banco Central con la acusación de fraude el pasado noviembre, ha destapado una caja de Pandora que podría modificar la historia de Brasil en los próximos meses y tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales de octubre. A diferencia del verdadero caso Epstein, en lugar del sexo, lo que está emergiendo de las investigaciones de la Policía Federal brasileña es una red de clientelismo sin precedentes creada por Vorcaro para penetrar en la política e incluso en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. Entre los nombres mencionados en las conversaciones recuperadas por la policía en el teléfono móvil de Vorcaro figuran el presidente Lula, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el senador Ciro Nogueira del Partido Progresista (PP), que salió del gobierno el septiembre pasado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.
Vorcaro estuvo en el palacio presidencial de Planalto al menos cuatro veces en 2023 y en 2024, pero no se ha hecho público con quién se reunió. En un mensaje surgido de las investigaciones de la Policía Federal consta con certeza una reunión con Lula fuera de la agenda oficial el 4 de diciembre de 2024, en presencia también de ministros de su gobierno y del entonces futuro director del Banco Central, Gabriel Galípolo, un encuentro que Vorcaro, hablando con su novia, define como “excelente”. En cuanto a Bolsonaro, Vorcaro lo define como “un idiota” por haber comentado en X la noticia según la cual algunos directivos de la Caixa Econômica Federal habrían sido despedidos después de haber bloqueado un acuerdo por valor de cerca de 500 millones de reales (95,5 millones de dólares) relacionado con la compra de títulos del Banco Master.
Malu Gaspar, la periodista del diario O Globo que con su investigación contribuyó a sacar a la luz el escándalo, ha definido a Vorcaro como un hombre-bomba porque en Brasilia muchos tiemblan ante una posible colaboración con la justicia, única posibilidad que tiene para negociar su condena. Entre los nombres que han llenado las primeras páginas de los periódicos brasileños en estas horas, el principal es el del juez del STF Alexandre de Moraes, que se volvió famoso internacionalmente por haber juzgado y condenado al expresidente Bolsonaro y a su cúpula por intento de golpe de Estado.
En los últimos meses había salido la noticia de un contrato de 130 millones de reales (24,82 millones de dólares) firmado con Vorcaro por la esposa de Moraes, la abogada Viviane Barci de Moraes. Según Gaspar, el valor del contrato debe considerarse sin precedentes y su objeto es vago. “Hasta hoy se ha constatado un solo caso en el que Viviane haya actuado efectivamente en nombre del banco, una denuncia penal que perdió el pasado diciembre. Ni el juez ni su esposa han explicado nunca qué servicios fueron realmente prestados”, escribe la periodista.
Y ahora es el análisis del teléfono móvil de Vorcaro, del cual se han hecho públicas muchas conversaciones en estas horas, lo que está haciendo temblar al STF. Según las investigaciones, el pasado 17 de noviembre, el mismo día del primer arresto de Vorcaro ocurrido mientras intentaba embarcar hacia Dubái, el banquero se estuvo enviando mensajes todo el día con el juez Moraes. Algunos de los mensajes contenían referencias directas a las negociaciones para la venta del Banco Master. En uno de ellos, Vorcaro escribía que estaba tratando de adelantarse a algunos inversores y que existía la posibilidad de firmar y anunciar una parte de la operación ya ese mismo día. Ese día Vorcaro anunció la venta del Banco Master al grupo Fictor. Según la Policía Federal, sin embargo, ese anuncio habría representado una cortina de humo para justificar un posible intento de fuga al extranjero. Otros dos screenshots contenían una pregunta dirigida a Moraes. “¿Hay novedades? ¿Conseguiste obtener información o bloquear?”, preguntaba Vorcaro. “Los datos extraídos del teléfono del banquero revelan que este informó al ministro sobre las negociaciones para la venta del banco y sugieren diálogos relacionados con la investigación reservada en curso en la Corte Federal de Brasilia”, escribe Fausto Macedo en el diario O Estado de São Paulo. “¿Por qué el propietario del Banco Master sintió la necesidad de rendir cuentas al juez sobre el intento de venta de su banco el día de su arresto? ¿A qué se refería Vorcaro cuando preguntó a Moraes si había conseguido bloquear? Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta”, escribe el periodista Mario Sabino en un editorial en el sitio de noticias Metrópoles.
Según los investigadores, la modalidad de comunicación entre Vorcaro y Moraes era ingeniosa. Vorcaro enviaba a Moraes fotos con modalidad de “visualización única”, es decir, imágenes que desaparecen del chat después de haber sido abiertas por el destinatario. El motivo es que este tipo de mensaje no deja rastros en la conversación. Moraes ha declarado, en una nota, que nunca recibió esos mensajes y ha hablado de una “falsa insinuación” destinada a atacar al Supremo Tribunal Federal. Precisamente en su calidad de juez relator del proceso contra los manifestantes pro Bolsonaro del 8 de enero de 2023, cuando fueron asaltados los palacios de los Tres Poderes en Brasilia, Moraes había considerado un punto central de su condena contra Débora Rodrigues dos Santos el hecho de que la mujer hubiera borrado los datos de su teléfono móvil. Apodada Débora del lápiz labial, la mujer fue condenada a 14 años de cárcel por haber escrito con este pintalabios “Has perdido, idiota” en la estatua frente al Ministerio de Justicia. “El hecho de que la acusada haya borrado y ocultado las pruebas de su intensa participación en los intentos de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 refuerza la mencionada conclusión, demostrando desprecio por la magistratura y el orden público”, había declarado Moraes en su sentencia. Los investigadores también hallaron conversaciones entre Vorcaro y su novia Martha Graeff que aludirían a algunos encuentros con Alexandre de Moraes; además, en 2024 Vorcaro habría discutido con Moraes incluso la lista de invitados a un foro jurídico organizado en Londres y patrocinado por su banco. Según los mensajes analizados, el juez habría pedido excluir al empresario Joesley Batista, propietario del grupo J&F.
Sin embargo, la parte aún más inquietante es que la investigación también reveló que Vorcaro habría financiado una milicia personal para obtener información reservada sobre la investigación en su contra mediante el hackeo de sistemas informáticos de la Policía Federal, del Ministerio Público Federal e incluso de instituciones internacionales como el FBI de EEUU y la Interpol. Al frente de este grupo criminal, llamado “la Turma”, estaba Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, también conocido como “Sicario”, que vigilaba y amenazaba a ex empleados, empresarios, enemigos e incluso periodistas. El hombre se suicidó después de su arresto el miércoles en la sede de la Policía Federal. Vorcaro tenía además en nómina a algunos sitios de noticias y periodistas para hacer publicar noticias positivas sobre él y su banco. En una conversación habría amenazado con incluir un sitio web de noticias en el “proceso por fake news” (Investigación 4781) después de que este hubiera publicado artículos considerados negativos para su imagen. El proceso, instituido ex officio por el entonces presidente de la STF, Dias Toffoli, y que se prolonga desde marzo 2019 con muchas críticas, tiene como juez relator del caso, asignado directamente, sin sorteo, a Moraes. La organización no gubernamental contra la corrupción Transparencia Internacional Brasil afirmó en una nota que este escándalo “es una advertencia de que los líderes de organizaciones criminales violentas se han infiltrado en las más altas esferas del Estado”. En la investigación hay también directivos del Banco Central brasileño sospechosos de “enriquecimiento ilícito”.
El impacto de este caso, según los principales analistas brasileños, será enorme no solo desde el punto de vista financiero, sino sobre todo político. Vorcaro no solo defraudó el sistema financiero vendiendo títulos no garantizados y trasladando la cuenta al Fondo de Garantía de Créditos (FGC), que es pagado por los principales bancos del país y que, por lo tanto, recaerá al final sobre los contribuyentes, “sino que para protegerse adquirió una red de aliados tan amplia que su caída será considerada también la ‘caída del sistema’”, según Pablo Ortellado, profesor de Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de San Pablo (USP). Anteriormente, el propio STF había terminado en el centro de las críticas por la conducta del juez José Antonio Dias Toffoli, que como autor de la apertura del “proceso por fake news” había impuesto desde su comienzo, hace casi 7 años, el secreto a las investigaciones. Posteriormente, se descubrieron sus transacciones financieras con un fondo vinculado a Vorcaro. Ahora, la gravedad de la situación crea para el STF un impasse. El nuevo juez que sigue el caso, André Mendonça, no parece dispuesto a dar marcha atrás. Según fuentes de Brasilia escuchadas por Infobae, dijo a sus colaboradores más cercanos que no será indulgente con nadie. “Ya no es posible para Alexandre de Moraes y Dias Toffoli fingir que no es un problema suyo o fingir indignación cuando se les solicita proporcionar explicaciones claras y convincentes sobre estos vínculos. Aunque no son elegidos mediante mandatos populares, los ministros del Supremo Tribunal Federal no están exentos de la obligación de rendir cuentas a la sociedad”, escribe Vera Magalhães en el diario O Globo.
¿Cómo terminará? Con tantas autoridades involucradas en el caso Master, es improbable que exista la voluntad política del Congreso Nacional de iniciar un procedimiento de impeachment contra Moraes y Toffoli, pero que el clima en Brasil permanezca caldeado es algo de lo que todos están seguros, incluso los institutos demoscópicos. Quaest ha iniciado en estas horas una encuesta para las presidenciales en la que hasta el lunes a los entrevistados se les harán preguntas también sobre el STF. Tanto el caso Master como el del hijo de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, que ha terminado bajo investigación por una presunta implicación en un fraude en el sistema de pensiones brasileño (INSS), corren el riesgo de incendiar la política y de inclinar la balanza hacia el primer hijo de Bolsonaro, el senador Flávio, creando no pocos obstáculos para la campaña de Lula. Gobierno y oposición apuestan ahora por un duelo muy ajustado entre los dos, que en algunas encuestas han aparecido casi en empate en la segunda vuelta. En Brasilia ya se piensa que el margen será similar al de las elecciones presidenciales de 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro con el 50,9% de los votos válidos contra el 49,1%.
Y luego está el problema de la reputación de las instituciones y de la desconfianza de los ciudadanos, que podrían incluso desmontar la credibilidad del proceso contra Jair Bolsonaro. Moraes ha sido hasta ahora el juez símbolo del proceso contra Bolsonaro en defensa de la democracia y ahora es uno de los principales protagonistas de esta investigación. “La información revelada hasta ahora sobre el teléfono móvil parece justificar ampliamente la extendida desconfianza de la opinión pública hacia los altos niveles de la magistratura. Esta desconfianza no fue creada por campañas difamatorias contra la Corte Suprema, sino por algunos de sus propios miembros”, subraya en CNN Brasil el periodista William Waack.