La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a través del estudio neoyorquino que lo representa, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el intrusivo proceso de “Discovery” exigido por los demandantes a quienes acusa de convertir el proceso “en un circo”.
Se trata de la primera medida de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro –su designación fue confirmada ayer–, en el mayor juicio que tiene este organismo, el cuerpo de abogados del Estado. La demanda, que ya lleva más de una década cursándose en la corte de Loretta Preska, en Nueva York, tuvo una fallo adverso en primera instancia, en 2023, pro el cual se condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Ese fallo fue apelado y, en paralelo y mientra la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York decida, algo que se cree que podría pasar en los próximos meses, Burford Capital, el principal beneficiario, lanzó una serie de intentos para acelerar el pago. Pidió turnover de acciones, declarar al Estado en desacato, tratar de demostrar el alter ego (que el Estado y la empresa son “lo mismo”, etc. Todas estas acciones derivaron en presentaciones, decisiones de Preska y apelaciones puntuales. Ese proceso enmarañado es el que ahora, de manera urgente, el Estado Argentino pide frenar hasta que se defina la apelación de fondo: si el fallo de Preska de primera instancia es válido o no.
En concreto, la PTN exigió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo.
“En la presentación se solicita la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, detalló el organismo y remarcó que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior. Además, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF.
“En su escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens. Asimismo, advierte que la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras. También destaca que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución”, destacó el ente ahora comandado por Amerio.
La PTN detalló que Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. “Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, aseguraron.
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