El concurso público de méritos y oposición para designar al nuevo Fiscal General del Estado cerró su fase de postulaciones con un total de 74 aspirantes, según informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La lista, difundida el 4 de marzo de 2026 por el organismo, revela un abanico de perfiles provenientes principalmente del sistema judicial, la administración pública y la academia, e incluye a varias figuras que ya ocupan o han ocupado cargos relevantes dentro del aparato estatal.
Entre los nombres que generan mayor atención aparece Carlos Leonardo Alarcón Argudo, actual fiscal subrogante, quien figura entre los postulantes inscritos desde Pichincha. Alarcón ha desempeñado funciones dentro de la Fiscalía General del Estado y su eventual participación en el proceso es significativa porque proviene directamente de la institución que el nuevo titular deberá dirigir una vez concluido el concurso.
Otro nombre que destaca es el de José Javier De La Gasca López, abogado y exministro de Gobierno de la administración de Daniel Noboa. De La Gasca ha tenido presencia en la vida pública ecuatoriana desde cargos dentro del Ejecutivo, lo que introduce en el proceso a un perfil con experiencia política y de gestión estatal en el más alto nivel de la administración pública.
El listado también incluye a integrantes y exintegrantes de la Función Judicial. Entre estos figura Daniella Lisette Camacho Herold, jueza de la Corte Nacional de Justicia, conocida por haber llevado procesos judiciales de alto perfil en el país. La participación de una magistrada nacional en el concurso para dirigir la Fiscalía marca uno de los elementos más relevantes del proceso, debido a la relación institucional que existe entre la Corte Nacional y el Ministerio Público dentro del sistema de justicia.
En el mismo ámbito judicial aparece Gladys Edilma Terán Sierra, también identificada como jueza dentro de la Corte Nacional de Justicia, así como Walter Samno Macías Fernández, quien ha ejercido funciones en el sistema judicial. La presencia de estos perfiles refuerza la tendencia de que una parte significativa de los aspirantes proviene de la carrera judicial.
Otra postulante que ha generado comentarios en redes sociales y círculos políticos es Ruth Stefania Espinoza Avilés, funcionaria del Ministerio del Trabajo que se desempeñó como directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público, durante el gobierno de Noboa. Un documento oficial del Ministerio del Trabajo fechado en septiembre de 2024, firmado electrónicamente por Espinoza, la identifica en ese cargo dentro de la estructura estatal. En ese documento se relaciona su actuación administrativa con un proceso disciplinario que involucró a la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La presencia de Espinoza en el concurso introduce al proceso un perfil que proviene directamente del Ejecutivo.
El listado también reúne a abogados provenientes de distintas provincias del país, incluidos profesionales del libre ejercicio, docentes universitarios y especialistas en derecho penal y administrativo. Entre los postulantes aparecen nombres de Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, lo que refleja una convocatoria con alcance nacional.
De acuerdo con el comunicado oficial del CPCCS, el cierre del registro se produjo a las 24:00 del 3 de marzo de 2026. Tras esta etapa, la Secretaría General del organismo deberá remitir los expedientes completos a la Comisión Ciudadana de Selección, instancia que será responsable de verificar el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de inhabilidades o prohibiciones para el ejercicio del cargo.
La comisión también deberá comprobar la autenticidad de los certificados y documentos presentados por los aspirantes, para lo cual podrá realizar consultas en bases de datos públicas y solicitar información a entidades estatales y privadas. Solo quienes superen esta fase de verificación podrán continuar en las etapas posteriores del concurso.
El proceso busca designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, institución encargada de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en nombre del Estado. El cargo adquiere especial relevancia en el contexto actual del país, marcado por investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y violencia vinculada al narcotráfico.