El dirigente piquetero Celestino “Tiso” Talavera (63) y su pareja, Andrea Eugenia Leyes (32), quedaron detenidos luego de que se presentaran ante el Departamento de Investigaciones Complejas de Chaco. Ambos son investigados por presunta trata de personas, luego de que fueran denunciados en 2025.
La pareja acusada se entregó cerca de las 15:00 horas del jueves, después de que alegaran que se habían enterado a través de los medios locales de que la Justicia Federal había ordenado su captura. Al comprobarse que se había tramitado el pedido formal de detención, ambos quedaron aprehendidos de la sede policial. En el caso intervino la Fiscalía Federal y el Departamento Lucha contra la Trata de Personas de la Policía del Chaco.
A raíz de esto, tanto Talavera como Leyes fueron sometidos a un examen ejecutado por el equipo de Medicina Legal y puestos a disposición judicial, luego de que el pedido del fiscal cambiara la situación inicial de libertad procesal. Así, ambos fueron acusados de supuestamente haber violado los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal relacionados con la Ley N° 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, la investigación en contra del líder piquetero y su pareja se inició producto de la denuncia radicada el año pasado. La denunciante es una mujer que aseguró haber sido obligada a realizar tareas domésticas y cuidar de sus tres hijos sin percibir ningún tipo de remuneración.
Según constó en el expediente, la denunciante habría estado retenida por cuatro años, aproximadamente, en una vivienda ubicada en la Avenida Nicaragua al 100, en la ciudad de Resistencia. A pesar de que le habría restringido la libertad, indicó que la única excepción se daba cuando tenía que ir a hacer las compras.
Incluso, la mujer denunció que la pareja se habría quedado con los cobros de su pensión por discapacidad, aunque descartó que hubiera sufrido violencia física y amenazas. No obstante, el año pasado logró escaparse, luego de que supuestamente le dijeran que la habían vendido a un hombre desconocido y, por ende, que sería trasladada a una casa en el campo.
Condenaron a un ex intendente de La Pampa por estar implicado en la explotación sexual de mujeres en cabarets
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena de cinco años de prisión contra el ex intendente de Colonia 25 de Mayo David Bravo, a quien los tribunales determinaron partícipe necesario en el delito de trata de personas por la explotación de mujeres en los cabarets Venus y Karibian.
Según confirmó Infobae, la resolución del máximo tribunal implicó el cierre definitivo de un proceso judicial iniciado en 2011 y reafirmó la responsabilidad penal de funcionarios municipales en delitos de trata. La instancia final del proceso se resolvió cuando los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso extraordinario de la defensa, por lo que agotaron todas las posibilidades de apelación y dejando firme la condena.
De esta manera, ratificaron la sentencia del Tribunal Oral Federal de La Pampa, que dispuso cinco años de prisión para Bravo por haber habilitado y permitido el funcionamiento de cabarets en flagrante violación de una ordenanza que él mismo firmó en septiembre de 2010. La normativa prohibía la habilitación de cabarets y establecimientos nocturnos en la localidad, debido a su capacidad para “encubrir el delito de trata de personas”.
La investigación comenzó el 13 de diciembre de 2011, con una denuncia recibida en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. En esa comunicación, una joven dominicana relató que había escapado de un cabaret en Colonia 25 de Mayo, en donde aseguró que había sufrido maltratos y amenazas por parte de los responsables.
“No avisé a la Policía porque sabían todo”, declaró al contar que cuando el jefe de la municipalidad asistía al local “le daban mil pesos y él firmaba”. Esto derivó en la realización de allanamientos; así, los agentes policiales constataron la presencia de 10 mujeres, de las cuales nueve eran dominicanas y una argentina.
En el lugar, los investigadores hallaron habitaciones y camas utilizadas tanto para el alojamiento como para la realización de los llamados “pases”. Incluso, en el expediente quedó asentado que la encargada del local presentó en ese mismo momento una habilitación municipal para el rubro “cabaret”, firmada por David Bravo, con Nurys Caraballo Castillo como propietaria.
A pesar de que la ordenanza municipal que prohibía la habilitación de este tipo de establecimientos fue firmada por el mismo Bravo el 3 de septiembre de 2010, constataron que el cabaret Venus continuó sus actividades al amparo de una habilitación municipal emitida y rubricada por el propio jefe comunal.
Junto con Bravo, la mujer identificada como administradora del prostíbulo recibió una condena por su papel en la explotación sexual. En el proceso judicial también fue investigado un comisario, acusado de encubrimiento agravado, pero resultó finalmente absuelto respecto de ese cargo.
La causa incorporó como pruebas las declaraciones de la víctima —que describieron mecanismos de pago a funcionarios municipales y la complicidad policial— y la documentación de las condiciones de vida y trabajo en el establecimiento, que evidenció la existencia de una estructura organizada para la explotación sexual bajo el aval administrativo municipal.