Después de ocho años y tras condenas que superan los 70 años de prisión, el Supremo Tribunal Federal de Brasil cerró el proceso por el homicidio de la activista Marielle Franco, concejala en Río de Janeiro por el partido Socialismo y Libertad (PSOL), asesinada el 14 de marzo de 2018 junto a su conductor, Anderson Gomes. Durante el juicio, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de ordenar y planificar el crimen a los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão, junto al ex jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa. También fueron imputados por integrar una organización criminal el ex mayor de la policía militar Ronald Paulo Alves Pereira, ex jefe de la milicia de Muzema, quien vigiló los movimientos de la víctima, y Robson Calixto da Fonseca, conocido como Peixe, ex asistente de Domingos Brazão, señalado como quien habría proporcionado el arma del crimen.
Ayer, tras dos días de audiencias, los hermanos Brazão recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno, además de la obligación de pagar 7 millones de reales a los familiares de las víctimas como reparación. El ex jefe de la Policía Civil, Rivaldo Barbosa, fue absuelto del cargo de homicidio calificado, pero condenado a 18 años de prisión por corrupción pasiva y obstrucción a la justicia. El mayor Ronald Alves Pereira fue condenado a 56 años por doble homicidio, mientras que Robson Calixto da Fonseca recibió nueve años por organización criminal. El caso llegó al Supremo Tribunal Federal (STF) porque Chiquinho Brazão era diputado federal por el partido Unión Brasil, un mandato que la Cámara de Diputados revocó el 24 de abril del año pasado. Su hermano Domingos, hasta el proceso, integraba el Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.
Los autores materiales y las motivaciones del crimen
Los autores materiales del doble homicidio, el ex policía civil Ronnie Lessa y el ex sargento de la policía militar Élcio de Queiroz, ya habían sido condenados en octubre de 2024 a 78 años y 9 meses y 59 años y 8 meses de prisión, respectivamente. El testimonio de Lessa, quien decidió colaborar con la justicia, identificó a los hermanos Brazão como autores intelectuales. Según Lessa, el acuerdo para asesinar a Marielle implicó la cesión de tierras y el derecho de explotar servicios en la zona de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, lo que habría permitido a los Brazão afianzar su control y crear una milicia propia. En ese periodo, la región estaba dominada por grupos paramilitares formados por ex policías, que habían pasado del control de la seguridad local al tráfico de drogas y al monopolio de servicios como Internet, gas y la venta de viviendas en construcciones ilegales. Actualmente, esa área está bajo el control de los principales grupos narcotraficantes de la ciudad.
“La histórica impunidad de los grupos milicianos alimentó la escalada de violencia culminada en el asesinato de un parlamentario electo”, sostuvo el juez del STF Cristiano Zanin. “Para las milicias y los grupos afines, matar significa simplemente remover una piedra del camino”.
Un proceso judicial de alto impacto político
El proceso concluido ayer en Brasilia fue calificado como uno de los más relevantes de los últimos años, después del que condenó al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado bajo un procedimiento similar. El juez ponente fue Alexandre de Moraes, acompañado por los jueces Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, integrantes de la primera sala del STF. En la sentencia, Moraes subrayó la motivación política del crimen y las tácticas de encubrimiento, típicas de las milicias de Río de Janeiro. “La cuestión política se combinó con misoginia, racismo y discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba cuestionando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía transmitir? Y en la mente misógina de los culpables, ¿a quién le habría importado?”, declaró Moraes.
La Procuraduría General argumentó que la ejecución fue motivada por las acciones políticas de Marielle Franco, orientadas a obstaculizar los intereses de los Brazão, como la regularización de áreas controladas por las milicias en Río de Janeiro.
Testimonios clave
Durante el proceso, la alegación del fiscal Hindenburgo Chateaubriand Filho resultó crucial. Comparó el testimonio del ex miliciano Orlando Oliveira de Araújo, alias Orlando ‘Curicica’, con el del mafioso italiano Vincenzo Pasquino de la mafia calabresa ’ndrangheta, quien reveló conexiones con el Primer Comando Capital (PCC). “Orlando se convirtió, como muchos que han contribuido a revelar los entresijos de las organizaciones criminales —e Italia es el mejor ejemplo—, en un ‘arrepentido’, cuyo testimonio genera horror entre los líderes de estos grupos porque expone su estructura, miembros y modus operandi”, explicó el fiscal.
Las declaraciones de Araújo permitieron a los investigadores reconstruir el ambiente criminal en el que se gestó el homicidio, aportando detalles sobre el denominado “mercado de los homicidios” de Río de Janeiro. Araújo reveló el control territorial de Jacarepaguá por los hermanos Brazão y denunció la corrupción en la Comisaría de Homicidios de la policía civil de la ciudad. Según el ex miliciano, los Brazão se aliaron con otros grupos para acceder más fácilmente al “mercado inmobiliario irregular, caracterizado por la ocupación, uso y subdivisión ilegal de terrenos urbanos mediante prácticas típicas de apropiación ilegal de tierras”, fenómeno conocido en portugués como grillagem. Marielle Franco había combatido estas prácticas desde su labor política.
La defensa del ex jefe policial Barbosa, encabezada por el abogado Felipe Dalleprane, cuestionó la veracidad del testimonio de Araújo y negó la implicación de su cliente en el crimen y en actividades de corrupción y lavado de dinero. “¿Cuál es su móvil? La investigación no logró responder a esta pregunta”, señaló Dalleprane.
Impacto social y legado político
El proceso representó un golpe simbólico a las milicias que aún operan en Río de Janeiro, aunque persiste la preocupación de que el sacrificio de Marielle Franco pueda resultar infructuoso. “Me pregunto, señoras y señores, cuántas otras ‘Marielles’ permitirá Brasil que sean asesinadas antes de que la justicia resurja en este país que todavía muestra tantas cosas indignas”, expresó la jueza Cármen Lúcia durante la audiencia. Para su colega Flávio Dino, “una investigación tan imperfecta y negligente solo fue posible por la presencia de individuos muy poderosos. Este crimen fue investigado pésimamente, e incluso con malicia desde el principio”, afirmó, en referencia a los encubrimientos que motivaron el traslado del caso a la policía federal.
En la lectura de la sentencia participaron la hermana de Marielle, Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula, junto a los padres Antônio y Marinete, y la viuda de Marielle, Mônica Benício, también concejala. “No sé cuál será la solución para Río de Janeiro. Lo que sé es que lo que Marielle defendió, lo que yo defiendo y lo que tantos otros defienden es una vida digna, un lugar seguro para niños, mujeres, hombres, personas de color y pobres. Lo que pasó con Marielle no puede ser un reflejo de la vida cotidiana; debía ser una excepción. Seguiremos luchando por un lugar y un país más seguros”, declaró Anielle Franco.
El legado moral y político de Marielle Franco ha dejado una huella en su generación. Tras su asesinato, cuatro mujeres negras fueron elegidas a cargos públicos en Brasil, incluidas tres en la Asamblea del Estado de Río de Janeiro. Según una encuesta de 2019 de ONU Mujeres, Marielle Franco figura entre las diez personas más influyentes de las favelas de América Latina.
Cambios en el mapa criminal de Río de Janeiro
El escenario criminal en el que se gestó el homicidio de Marielle ha cambiado de manera significativa desde 2018. De acuerdo con el Mapa de los Grupos Armados, publicado en diciembre por el Instituto Fogo Cruzado y el Grupo de Estudio de las Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense, el área controlada por las milicias —principalmente la zona oeste y la periferia norte de Río de Janeiro, conocida como Baixada Fluminense— se redujo de 246,4 a 201,2 kilómetros cuadrados, y la población bajo su dominio disminuyó en un 18 %.
Entre los factores que propiciaron esta reducción se destaca la intensificación, a partir del homicidio de Marielle, de la actuación del Grupo de Actuación Especial en la lucha contra el crimen organizado (Gaeco) del Ministerio Público de Río de Janeiro. Este grupo lideró operaciones como Embryo e Intocables, que golpearon las estructuras paramilitares de la ciudad. En 2021, durante una operación policial, fue abatido Wellington da Silva Braga, alias Ecko, líder de la mayor milicia de Río de Janeiro. Su grupo controlaba territorios desde la zona oeste capitalina hasta la Baixada Fluminense. Poco más de dos años después, la Policía Federal arrestó a Luiz Antonio da Silva Braga, conocido como Zinho y considerado sucesor de Ecko, lo que representó otro golpe a la estructura de mando de la organización.
La reducción del poder de las milicias, sin embargo, no significó el fin del crimen en Río de Janeiro. Su espacio fue ocupado por históricos grupos del narcotráfico como el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro, que constituyen una amenaza persistente para la política honesta y comprometida, de la que Marielle Franco sigue siendo uno de los símbolos más destacados.