La Asamblea Nacional de Panamá volvió a aprobar en tercer debate el Proyecto de Ley 78, una iniciativa que busca incorporar neumáticos fuera de uso y otros materiales reciclados en la mezcla asfáltica para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial del país, luego de que la norma fuera objetada parcialmente por el presidente José Raúl Mulino por razones de inconveniencia institucional.
La propuesta legislativa apunta a introducir una transformación en la infraestructura vial, combinando objetivos de economía circular, sostenibilidad ambiental y mejora de la durabilidad de las carreteras, en un contexto donde múltiples zonas del país, especialmente áreas rurales y apartadas de la capital, presentan deficiencias estructurales en sus vías o ausencia total de pavimentación.
De acuerdo con el texto del proyecto, la ley establece la utilización de productos reciclados de neumáticos fuera de uso (NFU) y material fresado o reciclado de pavimentos (RAP) en las mezclas asfálticas, con el fin de reducir la contaminación ambiental, disminuir costos y mejorar la calidad de la red vial nacional.
La norma integra el concepto de economía circular, permitiendo el aprovechamiento de residuos sólidos que actualmente representan un problema de gestión ambiental en el país.
Entre los aspectos centrales, la ley dispone que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) determine las rutas y proyectos donde se aplicará la tecnología, además de fortalecer el departamento de ensayo de materiales, responsable de validar la calidad del producto reciclado y su desempeño técnico en el pavimento. También se establece que los materiales reciclados deben provenir del consumo local, prohibiendo su importación, con el objetivo de impulsar la industria nacional del reciclaje.
El proyecto fija además un porcentaje mínimo de aplicación de materiales reciclados en la red vial, incorporando neumáticos fuera de uso y pavimentos reciclados dentro del plan anual de trabajo del MOP, lo que representa un cambio estructural en la política de construcción de carreteras en Panamá y abre un mercado potencial para empresas dedicadas al reciclaje.
El Proyecto de Ley 78 establece parámetros técnicos mínimos para la incorporación de materiales reciclados en la mezcla asfáltica, fijando como referencia un porcentaje base de al menos 5% de neumáticos reciclados y 5% de material asfáltico recuperado (RAP).
La norma busca introducir gradualmente la mezcla modificada en la red vial nacional, priorizando proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento, con el objetivo de mejorar la resistencia del pavimento, reducir costos y dar salida al creciente volumen de llantas fuera de uso en el país.
Sin embargo, pese a su aprobación inicial en septiembre, el Órgano Ejecutivo devolvió la norma sin sanción, formulando una objeción parcial basada en la existencia de vicios en la distribución de competencias institucionales. En particular, el Ejecutivo advirtió que el proyecto asignaba funciones al MOP que corresponden a otras entidades, como la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Ministerio de Comercio e Industrias, especialmente en materia de trazabilidad, certificación y control de residuos sólidos.
Entre las observaciones, se objetó el artículo que extendía la obligatoriedad del uso de materiales reciclados a obras privadas y contratistas independientes, planteando que la política debía circunscribirse inicialmente a proyectos estatales. Asimismo, se cuestionó la facultad del MOP para validar el producto reciclado sin considerar la participación de otras instituciones regulatorias, lo que generaba riesgos de duplicidad de funciones.
Tras el análisis legislativo de las objeciones, el proyecto fue modificado y nuevamente aprobado en segundo y tercer debate, incorporando ajustes para clarificar la distribución de competencias, reforzar la coordinación interinstitucional y garantizar que la implementación de la ley respete el marco regulatorio vigente en materia ambiental, sanitaria e industrial.
La normativa también introduce mecanismos de fiscalización, certificación técnica y reporte anual, obligando tanto al MOP como a las empresas recicladoras a presentar informes sobre el volumen de material reciclado utilizado, su origen y tratamiento previo, con el objetivo de asegurar transparencia y trazabilidad en el proceso.
Además, la ley prevé que los vertederos puedan aceptar neumáticos fuera de uso bajo condiciones reguladas, promoviendo su reutilización y evitando su disposición inadecuada, lo que representa una medida clave para enfrentar el problema de acumulación de llantas en el país y su impacto ambiental.
Con su nueva aprobación legislativa, el proyecto será remitido nuevamente al Ejecutivo para su sanción, lo que abre la fase final del proceso y determinará si Panamá adopta formalmente una política nacional de pavimentación con materiales reciclados, una tendencia que ya ha sido implementada en diversos países y que busca mejorar la resiliencia de las carreteras, reducir emisiones y optimizar recursos.
En el plano práctico, la ley podría tener efectos directos en la mejora de la conectividad rural, la reducción de costos de mantenimiento vial y la creación de nuevas oportunidades en la industria del reciclaje, aunque su éxito dependerá de la reglamentación, la capacidad técnica del Estado y la articulación entre instituciones responsables.
A nivel mundial, el uso de neumáticos reciclados en pavimentación se ha consolidado como una de las principales soluciones para la gestión de este residuo. Cada año se generan cerca de 1,000 millones de neumáticos fuera de uso en el mundo, lo que equivale a unas 17 millones de toneladas de desechos, convirtiéndose en un desafío ambiental significativo.
En este contexto, el asfalto con caucho reciclado representa el mayor mercado de reutilización del material, especialmente en Estados Unidos, donde se consumen alrededor de 12 millones de neumáticos anualmente en la producción de mezclas asfálticas.
Además, el mercado global del asfalto reciclado muestra una tendencia de crecimiento sostenido impulsada por políticas de infraestructura sostenible y economía circular, con una expansión estimada hasta 2030 debido a su capacidad para reducir emisiones, costos y consumo de agregados naturales.
Diversos países ya han implementado esta tecnología en sus redes viales. Estados Unidos fue pionero en su aplicación desde la década de 1960 en Arizona, mientras que naciones europeas utilizan mezclas con polvo de caucho para mejorar la resistencia del pavimento y reducir el ruido del tráfico.
En Asia, América Latina y Europa se ha extendido el uso del asfalto modificado con neumáticos por su mayor durabilidad y desempeño mecánico, lo que permite carreteras más silenciosas y con menor deterioro.