“Dale ratón, euros, euros”. La euforia por el botín conseguido traspasaba la pantalla del celular en manos de Lucas Mereles, uno de los líderes de “La Banda del Millón”, preso en Melchor Romero. Del otro lado, y por videollamada, uno de sus cómplices le exhibía el dinero, joyas y otros elementos robados a Mónica Mancini, la abuela influencer, el 9 de enero pasado.
El aparato, que aún guardaba esa secuencia, fue secuestrado y peritado por pedido del fiscal Patricio Ferrari. Lo encontraron en la celda de Mereles, socio de Brian Benites y Hugo del Castillo San Martín, otros jefes de la organización encerrados en penales bonaerenses que recluta menores para cometer asaltos a adultos mayores en la zona norte del conurbano.
Los forenses que analizaron el dispositivo anotaron un dato curioso: dentro de la funda Samsung A32 de color celeste, había un papel pegado que rezaba: “U-45 grupo requisa, interno Ezequiel Flores Mereles”, junto al modelo y número de IMEI (código único de 15 dígitos que identifica un teléfono, una especie de cédula de identidad), acompañado por una firma.
Este detalle informó a los investigadores que no solo el organizador del robo a Mancini poseía un celular, sino que, además, estaba permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense, seguramente como medio para permanecer conectado con su familia, una medida que prevalece desde la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, desde ese dispositivo, Mereles hizo inteligencia digital sobre las víctimas, marcó casas, dio directivas por chats y audios, dirigió los golpes en vivo, transfirió dinero de robos y hasta comercializó armas de fuego.
Kimey, su hermana, es la destinataria de esos mensajes en los que hablan del valor de las pistolas que ofrecen al mercado negro o adquieren para cometer sus golpes.
Los peritos también encontraron un video del pabellón donde están alojados los miembros de “La Banda del Millón”, con luces LED, televisor de varias pulgadas, equipo de sonido y hasta una bola de boliche en el techo. Otras postales los retratan con armas blancas tumberas.
Una de las conversaciones con quien sería su expareja da cuenta del momento en el que Mereles percibe que podría quedarse sin esos beneficios tras el robo a la abuela influencer.
“Me van a dar más años. Ayer me fui a robar, puse mi cuenta y fue, me pasaron plata de un rancho que era de una famosa de San Isidro. Y fue, no te voy a ver más. Yo sé que mañana, pasado, allanan acá y mi casa. No le dije ni a mi mamá. ”, advierte luego de enviarle el video del botín descrito al inicio de esta nota. Luego, admite: “No sé qué hacer, te juro”.
La joven le reprocha: “No pensás ni en tu familia”. “Tengo que romper el celular antes de que encuentren todo lo que tengo acá”. Ya era tarde. La información hallada ahora forma parte de la causa en su contra.
Antes de terminar la charla, Mereles le envió a su exnovia el dinero que obligaron a transferir con excesiva violencia y amenazas a Mancini. No lo quería tener en su cuenta, pero la joven “se quedó” con parte del botín por una deuda que tenía con ella.
El pedido del fiscal y la respuesta de los jueces
Falta la respuesta de los jueces de menores, del Ministerio de Justicia bonaerense y de un juzgado de garantías de San Isidro. De ese distrito, dos tribunales enviaron oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense donde se dice mucho y no dice nada, se piden informes de informes y no resuelve la cuestión de fondo. ¿Cuál es? El pedido del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, quien el 12 de febrero pasado solicitó a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet para los 40 detenidos sospechados de integrar la llamada “La Banda del Millón”.
Por lo pronto, el primero en responder fue el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, que tiene un solo detenido de la banda. Luego, llegó el oficio del TOC N°3, con la firma de la jueza Verónica Di Tommasso, que tiene a 14 de los detenidos de la organización criminal.
Infobae accedió al oficio que envió el TOC N°3 “a las unidades penitenciarias alojantes” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de los sospechosos, para que informen con carácter “muy urgente”:
1) “Si los detenidos poseen telefonía celular en uso”, reza. Si es así, pidió que se detallen “todos los datos de identificación de los aparatos, líneas instaladas y si poseen acceso a internet”.
2) Solicitó que se informe si a alguno de los detenidos “se les formó una causa nueva… vinculado o por el uso de los teléfonos celulares y si ello dio lugar a medidas tales como allanamiento e incautación de los aparatos”. En su caso, pidió que se indique en qué causa y qué juez la solicitó.
3) En caso de que tuvieran una nueva causa formada, le reclama al SPB por qué no se le informó de ello: “El motivo por el cual no se puso en conocimiento de este Tribunal oportunamente la formación de causa penal novedosa”.
4) Pide que se le informe si se ha dispuesto sobre los detenidos de “La Banda del Millón” a cargo del TOC N°3 de San Isidro “algún traslado y/o se ha llevado a cabo alguna medida de seguridad dispuesta por la autoridad penitenciaria”.
5) Solicita que se informe y se adjunte “una copia del Protocolo para el uso de teléfonos celulares para personas privadas de la libertad” que se está usando, “teniendo en cuenta que el informado oportunamente estuvo vigente en ocasión del dictado del DNU 297/20 (aislamiento social obligatorio, por pandemia COVID 19)”.
6) Y le avisa al SPB que “idéntica información se está requiriendo al Ministerio de Justicia” bonaerense.