La Corte Penal Internacional (CPI) abrió este lunes en La Haya las audiencias de confirmación de cargos contra el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, el primer paso formal hacia un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sangrienta campaña antidrogas. El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang acusó al ex mandatario de haber desempeñado un papel “fundamental” en los asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores: “autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas”, afirmó ante los jueces. Duterte, de 80 años, no estuvo presente en la sala. Renunció por escrito a su derecho a comparecer, alegando estar “viejo, cansado y frágil”.
La Fiscalía imputa a Duterte tres cargos de crímenes contra la humanidad que comprenden al menos 76 muertes. El primero se refiere a 19 asesinatos ocurridos entre 2013 y 2016, cuando gobernaba la ciudad de Davao como alcalde. El segundo atañe a 14 ejecuciones de denominados “objetivos de alto valor” durante los primeros años de su presidencia, entre 2016 y 2017. El tercero cubre 43 muertes en operaciones contra consumidores de bajo perfil, también durante su mandato presidencial (2016-2022). Niang subrayó que esas cifras representan “solo una fracción” del número real de víctimas: las propias autoridades filipinas reconocieron cerca de 6.000 muertos durante la campaña, mientras la CPI estima que el total podría situarse entre 12.000 y 30.000 civiles.
Estas audiencias, previstas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero, no constituyen un juicio sino una fase previa en la que la Fiscalía, la Defensa y los representantes de las víctimas exponen sus argumentos ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Concluidas las sesiones, los jueces disponen de 60 días para emitir por escrito su decisión: si confirman uno o más cargos, el caso pasa a una Sala de Primera Instancia para un proceso formal.
La defensa rechazó frontalmente los cargos. El abogado Nicholas Kaufman calificó las pruebas de “totalmente insuficientes” y los acusó de estar “motivados por consideraciones políticas”. Kaufman argumentó que los discursos de Duterte sobre seguridad y narcotráfico eran retórica intimidatoria, no órdenes de matar: “Vamos a demostrar que estos discursos no manifiestan intención criminal alguna”, dijo. También aseguró que la Fiscalía no encontrará “un solo testigo con credibilidad” que pueda afirmar haber escuchado a Duterte ordenar una ejecución. Duterte, por su parte, ha rechazado las acusaciones tachándolas de “mentira escandalosa” promovida por sus adversarios políticos.
El proceso llega tras una larga cadena de obstáculos. La investigación preliminar de la CPI comenzó en 2018 a raíz de denuncias de ONG y familiares de víctimas. En 2019, Duterte retiró unilateralmente a Filipinas del tratado de Roma, la norma fundacional del tribunal, para intentar esquivar su jurisdicción. Los jueces rechazaron ese argumento y mantuvieron la competencia de la corte sobre crímenes cometidos mientras el país aún era Estado miembro. Duterte fue detenido en Manila en marzo de 2025 por las autoridades filipinas, bajo el gobierno de su adversario político Ferdinand Marcos Jr., y trasladado a La Haya. Su defensa alega que fue “introducido por la fuerza en un avión en flagrante contravención de la Constitución” filipina. Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen.
Las audiencias también arrastraron retrasos. En septiembre de 2025, la Defensa solicitó una suspensión indefinida alegando un deterioro cognitivo del acusado. La Sala encargó entonces una evaluación a un panel de tres expertos en psiquiatría forense, neuropsicología y neurología geriátrica. En enero de 2026, el tribunal concluyó que Duterte “puede ejercer de forma efectiva sus derechos procesales” y fijó el 23 de febrero como nueva fecha de inicio.
Frente al tribunal en La Haya, grupos rivales de manifestantes filipinos se apostaron desde primeras horas del lunes. Patricia Enriquez, investigadora de 36 años, lo calificó de “momento histórico” para las víctimas. En Manila, unas 60 familias que perdieron a maridos e hijos en operaciones policiales siguieron la audiencia en directo desde un centro comunitario, aunque expresaron frustración por la ausencia del acusado. “Quizá no quiere asumir sus pecados”, dijo Gloria Sarmiento, cuyo novio apareció muerto en los últimos días de la presidencia de Duterte. Para los grupos de derechos humanos que durante años documentaron ejecuciones sin juicio en barrios pobres de Manila y otras ciudades, La Haya representa la única instancia disponible: la justicia filipina nunca procesó a Duterte por ninguno de esos crímenes.