María Crespo nunca olvida el día en que su padre la llevó de Usulután a San Pedro Masahuat, en La Paz, buscando mejores oportunidades para la familia. En aquel entonces, su familia apenas podía subsistir. “Nos trajo aquí a cortar algodón”, recuerda. La escasez y la necesidad de ingresos impulsaron a Crespo a vender mangos, agua, café, pescado y atoles, para sobrevivir. A través de su actividad comercial, ella reunía la cuota mensual para pagar su lote en la lotificación El Castaño: una promesa de estabilidad que durante años pareció inalcanzable.
El caso de Crespo refleja la realidad de decenas de miles de salvadoreños afectados por la incertidumbre legal sobre sus tierras, consecuencia de las prácticas de la Corporación Argoz, S.A. de C.V. Esta compañía, bajo investigación desde diciembre de 2023, fue acusada de crear sociedades para vender terrenos a precios accesibles —entre $1,000 y $5,000, pero sin entregar nunca escrituras a los compradores. Muchos, como Crespo, terminaron de pagar sus propiedades y aún así jamás recibieron el documento que acreditara sus derechos, quedando expuestos a desalojos y al riesgo de perder toda la inversión.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Argoz y firmas asociadas como Fomento Rural Inmobiliario o Gómez Farfán S.A. de C.V. emitían contratos de promesa de venta. Cuando los compradores acudían a inscribir la propiedad en el Centro Nacional de Registros (CNR), constataban que el terreno no estaba a nombre de la corporación. Las investigaciones revelaron una estructura diseñada para captar fondos y desviarlos, afectando a más de 350,000 familias en 654 lotificaciones en todo El Salvador, según datos del Ministerio de Vivienda. El proceso llevó a la detención de los principales directivos, acusados de estafa agravada, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.
Crespo vivió en ese limbo jurídico durante 34 años. “Anhelábamos tener una escritura, porque ya las mejoras ya estaban, pero la escritura no estaba. Cualquier persona iba a venir a decir: ‘Ustedes no tienen documento, se pueden ir’”, narra la salvadoreña en el video compartido por las ministra de Vivienda, Michelle Sol, en sus redes sociales. El miedo a perder su hogar era una amenaza constante para Crespo.
La solución comenzó a gestarse con las entregas de escrituras impulsadas por el Ministerio de Vivienda. El 5 de diciembre de 2023, después de la intervención judicial y el nombramiento de un administrador independiente en Argoz, se habilitó el proceso de legalización de los lotes pendientes.
Posteriormente, la ministra de Vivienda entregó personalmente a Crespo el documento esperado. El instante fue documentado en video: Crespo, visiblemente emocionada, recibe la escritura y abraza a la funcionaria. “Yo ni conocía una escritura, para qué decir, yo no conocía una escritura. Yo me sentí con pena, porque yo la abracé. ‘Ministra, le dije yo, yo no sabía que usted tenía mi escritura’. Y lloré”, recuerda Crespo.
En el video, que inicia con palabras de la anciana afirmando “atrás quedaron 34 años”, muestra cómo la usuluteca ha tenido que trabajar duro para ganarse la vida y poder conseguir el dinero para pagar su terreno, con el firme deseo de tener un documento que le sirviera de amparo legal.
Actualmente, el Gobierno salvadoreño ha entregado más de 45,000 escrituras a familias afectadas hasta la fecha, y la recuperación patrimonial supera los $450 millones. Las autoridades insisten en que la regularización de lotificaciones es un proceso en marcha que busca reparar años de impunidad y devolver la tranquilidad a quienes, como la familia Crespo, nunca dejaron de soñar con un hogar propio y seguro.