Desde junio de 2025, cada mes que el Indec difunde la tasa de inflación, aparece en escena el debate entre muchos economistas sobre si la inflación se ha vuelto difícil de combatir, o si responde a otros factores. Se exponen diferentes argumentos:
- Algunos advierten que e asiste a un proceso de consolidación de la denominada “estanflación” (inflación con recesión),
- Para el equipo económico, persiste la recomposición de precios relativos que afectan la variación del índice general -precios de servicios regulados que están atrasados respecto de un hipotético valor del equilibrio entre costos y tarifas vigentes-, por efecto de exceso de regulaciones e intervención en los mercados de bienes de tarifas que arrastraba la economía y que se intensificó en el gobierno anterior; y
- Al mismo tiempio se debilita el argumento del “efecto monetario” que sostiene el presidente Javier Milei, porque con superávit fiscal y cero emisión de pesos para financiar al Tesoro persiste un creciente aumento mensual del índice general de precios, y además, en enero aumentó la tasa interanual respecto de la observada en diciembre.
A ese debate se sumó la decisión del Ministerio de Economía de suspender la difusión del nuevo índice de precios basada en la canasta de consumo de los hogares según la encuesta que el organismo oficial de estadística hizo en 2017/18 -más intensiva en servicios públicos y privados, y menos en alimentos y textiles e indumentaria, principalmente- porque fue interpretada como “manipulación o intervención del Indec, para no mostrar la realidad de la inflación”.
Con la canasta de consumo de los hogares de 2004/2005 la inflación de enero fue 2,88%, con la nueva de 2017/18 hubiese dado 2,8%, coinciden varias consultoras
Este argumento ha sido calificado de falaz porque, según diversas consultoras especializadas en economía, además de lo corroborado por Infobae también pudo corroborar, en enero la tasa de 2,9% que informó el Indec con el “viejo” índice (2,88% con dos decimales como toma Anses para el aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares) hubiese arrojado 2,8% -ocho centésimas de punto porcentual menos- con la canasta de gasto más actualizada. La diferencia resulta mínima y no altera materialmente el resultado.
El anuncio de que en enero de 2026 comenzaría el nuevo índice fue el entonces director del Indec desde el 16 de diciembre de 2019, Marco Lavagna -en octubre de 2025- y no el ministro Luis Caputo. Nunca se explicó por qué se demoró tanto la difusión del nuevo índice, más allá de que por la pandemia de 2020 se atrasó en ese momento el procesamiento de los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo 2017/18, y no se hizo en los años siguientes de la presidencia de Alberto Fernández.
La asignación de una partida específica para realizar la encuesta ENGHo 2026/27, desde mayo de 2026 a abril de 2027, permitiría contar con un índice actualizado en los primeros años del próximo gobierno, y así poder contar con mejores estadísticas de precios y sobre la medición de las canastas básicas de alimentos y total con servicios esenciales, claves para determinar los umbrales de pobreza e indigencia por ingresos.
El gobierno anterior al actual, con una inflación de 930,7%, los precios de los productos estacionales subieron 41,4% más que el índice general; el conjunto núcleo la superó en 7%, y los regulados fueron retrasados en 38,3 por ciento.
La asignación de una partida específica para realizar la encuesta ENGHo 2026/27, desde mayo de 2026 a abril de 2027, permitiría contar con un índice actualizado en los primeros años del próximo gobierno
Una brecha similar se observó entre la comparación del promedio de los bienes de 11,8% más que la variación general y los servicios que se movieron 24,7% por debajo.
Que muestran los precios relativos hoy
Si se toma como punto de referencia de equilibrio general la base diciembre de 2016 que mantiene el Indec para estimar la variación del IPC, correspondiente al primer año del gobierno de Cambiemos, se advierte que a enero de 2026 prácticamente no existe brecha entre los cambios de los índices de bienes y servicios (+0,3% y -0,1%, respectivamente), respecto del 10.313% que registró el nivel agregado.
En desagregados, los estacionales -los que más subieron el último mes (5,7%)- muestran aún un rezago de 12,3%, mientras que los regulados, con 1%, y el resto (núcleo), superó el nivel general en 2,4 por ciento.
Respecto de diciembre 2016 los precios regulados mostraron en enero 2026 un rezago de 12,2% y los regulados de 1 por ciento
Entre los 12 grandes rubros del Indec, los mayores aumentos sobre el promedio corresponden a: restaurantes y hoteles 23,3%, salud 11,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas 8%, transporte 4,8%, y vivienda y servicios básicos de agua, electricidad, gas y combustibles 4,5 por ciento.
Por el contrario, se retrasaron: bebidas alcohólicas y tabaco 26,9%; prendas de vestir y calzado 24,9%; equipamiento y mantenimiento 17,5%; educación 14,5%; recreación y cultura 11,5%; comunicación 7,7% y bienes y servicios varios 2,6 por ciento.
Hasta el fin del período de Mauricio Macri: los cambios fueron escasos: recortaron la brecha los alimentos y perdieron los avances en salud, transporte y vivienda.
Por otra parte, si se comparan los índices del IPC al cierre del gobierno de Alberto Fernández, -noviembre de 2023- con los de enero de 2026, la suba acumulada es de 369,8%, y se identifican brechas sustanciales entre los distintos rubros y categorías.
El conjunto de bienes subió 10,6% menos que el nivel general, y el agregado de los servicios públicos y privados avanzaron 31,4% más.
Por categoría, el mayor aumento fue el de los regulados (37,2%), mientras que los estacionales retrocedieron 27,2% y la inflación núcleo lo hizo 2,6por ciento.
Por grandes divisiones ampliaron la brecha con el índice general: vivienda y servicios básicos 56,4%; comunicación 25,2%; bienes y servicios varios 20,2%; educación 18,6%; transporte 13,8%; restaurantes y hoteles 10,2%; y salud 3,1%. Se retrasaron: prendas de vestir y calzado 32,8%; equipamiento y mantenimiento del hogar 20,3%; recreación y cultura 9,7%; bebidas alcohólicas y tabaco 6,8%, y el conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas 5,5 por ciento.
De lo expuesto, si la referencia que toma el Gobierno para completar la eliminación de los desfases en los precios relativos entre los diferentes bienes y servicios que consumen los hogares es la estructura que dejó la presidencia de Cambiemos en noviembre de 2019, con un índice general del IPC que se elevó 3.811%, los mayores aumentos esperables por la política oficial de avanzar en la desregulación de la economía, excluidos los impredecibles estacionales, se concentrarán en comunicaciones; en menor medida en vivienda y servicios básicos para el hogar; educación y salud.
El resto de los bienes y servicios, por contrario, deberían moverse conforme a las reglas del mercado, en las cuales influyen los cambios en el poder de compra de los ingresos de los hogares, la apertura de la economía, y las tasas de interés, principalmente, y también los efectos de las desregulaciones acumuladas en casi 90 años de historia económica argentina.
Inercia de las desregulaciones y cambios en la demanda de dinero
Este último factor explica que, a pesar de dos años de estricta disciplina fiscal (lo que permitió al Gobierno cerrar el grifo de la emisión del BCRA para financiar el desequilibrio del Tesoro), la variación del IPC aún se ubica más cerca del 3% mensual en lugar de empezar con cero, como aspira el presidente Milei.
En países sin la maraña de regulaciones, cepos y trabas a la apertura comercial como las que caracterizaron a Argentina desde los años 40, los planes de estabilización demoraron hasta 8 años en mostrar sus frutos plenos, mientras los efectos netos de los cambios en política monetaria y demanda de dinero se vieron entre 18 y 24 meses.
El giro más reciente en ese sentido se observó en la previa a las elecciones legislativas, entre junio y octubre pasados.