La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 323, una iniciativa que busca transparentar el uso de los excedentes económicos del Canal de Panamá y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos que cada año recibe el Estado.
Con esta decisión, el proyecto pasa ahora al pleno legislativo, donde los 71 diputados podrán debatir su alcance, modificaciones y eventual aprobación definitiva.
La propuesta surge en respuesta a una interrogante recurrente en la opinión pública: en qué se utilizan los fondos que el Canal entrega al Tesoro Nacional una vez cubiertos sus costos de operación.
Durante décadas, los distintos gobiernos han señalado que estos recursos ingresan a la cuenta general del Estado y se distribuyen según las prioridades presupuestarias, pero sin un sistema público que permita rastrear con precisión su destino.
De acuerdo con la diputada Alexandra Brenes, el proyecto responde a los cuestionamientos ciudadanos sobre el manejo de estos fondos y plantea la creación de una plataforma digital que detalle a qué instituciones se asignan los recursos, en qué proyectos se invierten y cuál es su impacto.
Según explicó, el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia de la población hacia el Canal y sus aportes al desarrollo nacional.
Entre los cambios aprobados en comisión se incluye la obligación de diferenciar con claridad cuánto de los excedentes se destina a inversión pública y cuánto se utiliza para gastos de funcionamiento.
Esta distinción busca evitar que recursos estratégicos terminen diluidos en estructuras administrativas, sin impacto directo en infraestructura, educación, salud o desarrollo social.
El proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá habilitar un sitio web de acceso público, donde se publique información detallada sobre cada asignación financiada con fondos del Canal.
Entre los datos que deberán divulgarse figuran el nombre de la institución receptora, el monto asignado, el tipo de transacción, el propósito del gasto, los plazos de ejecución y los resultados obtenidos.
Además, la iniciativa contempla la creación de un sistema de trazabilidad financiera, que permita registrar cada operación de crédito y débito relacionada con estos fondos.
También obliga a que la información esté disponible en formatos abiertos, con lenguaje claro y herramientas accesibles, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos especializados.
En su exposición de motivos, el proyecto advierte que la opacidad en el manejo de los aportes del Canal representa una amenaza para la confianza institucional y puede fomentar prácticas como el clientelismo, el crecimiento de planillas y el uso ineficiente de recursos.
En ese contexto, la propuesta plantea que la transparencia no solo fortalece la democracia, sino que también mejora la imagen del país ante inversionistas y organismos internacionales.
El debate legislativo ocurre en un contexto marcado por el peso creciente de los aportes canalero en las finanzas públicas. En el año fiscal 2025, el Canal entregó al Estado un récord de $2,965 millones, superando en más de $500 millones lo aportado en 2024. Esta cifra consolidó a la vía interoceánica como una de las principales fuentes de ingresos del país.
En 2024, pese a las restricciones hídricas, el Canal transfirió al Tesoro Nacional $2,470.8 millones, provenientes de excedentes, derechos por tonelada y otros servicios, lo que representó cerca del 6.8% del PIB.
En 2023, los aportes directos alcanzaron $2,544.6 millones, mientras que en 2022 sumaron $2,494 millones, equivalentes a aproximadamente 7.7% del producto interno bruto.
Para el año fiscal 2026, la Autoridad del Canal proyecta un aporte histórico de $3,193.8 millones, lo que representaría un incremento de 14.5% frente al monto aprobado para 2025, pese a una reducción esperada en ingresos por peajes. Este crecimiento refuerza la relevancia de establecer mecanismos claros sobre su uso.
El proyecto también subraya que los recursos del Canal deberían priorizar proyectos de infraestructura vial, educativa y de salud, programas de vivienda, iniciativas de desarrollo económico local, ciencia, tecnología e innovación, y generación de empleo. La intención es evitar que se conviertan en una fuente permanente para cubrir déficits operativos o alimentar estructuras burocráticas.
Otro aspecto relevante es que la iniciativa aclara que sus disposiciones no afectan la autonomía de la Autoridad del Canal ni las competencias constitucionales del Ejecutivo y la Contraloría. El propósito es fortalecer la fiscalización sin interferir en la gestión operativa de la vía interoceánica.
Una vez que el proyecto llegue al pleno, los diputados deberán definir si mantienen su estructura original o introducen modificaciones. De aprobarse en segundo y tercer debate, la ley será enviada para su sanción o rechazo al presidente, José Raúl Mulino.
De recibir el visto bueno del Ejecutivo, la misma entraría en vigencia en el año fiscal siguiente a su promulgación, obligando al Estado a publicar de forma sistemática el destino de los fondos canalero.
La discusión legislativa abre así un nuevo capítulo en el manejo de uno de los activos más estratégicos del país. Para el Gobierno y el Parlamento, el desafío será traducir los principios de transparencia en herramientas efectivas, capaces de garantizar que cada dólar proveniente del Canal tenga un impacto verificable en el desarrollo nacional.