El presidente José Raúl Mulino cuestionó la liberación de personas vinculadas a investigaciones criminales y advirtió que las medidas cautelares flexibles están debilitando la lucha contra el delito, al referirse a recientes casos en los que imputados por tráfico de drogas han recibido arresto domiciliario o brazaletes electrónicos.
“Esto no es justicia, es una flexibilidad disfrazada de garantismo que favorece a los delincuentes”, afirmó, al señalar que estas decisiones generan frustración entre los miembros de la Fuerza Pública que arriesgan su vida en operativos contra el crimen organizado.
Mulino planteó que resulta desmotivador para los agentes participar en decomisos de grandes cargamentos de droga, enfrentar a organizaciones criminales y luego ver cómo los detenidos recuperan rápidamente su libertad.
“Se decomisa, se detiene, y luego los liberan”, dijo, al advertir que esa “puerta giratoria” termina poniendo en riesgo incluso a denunciantes y testigos, mientras fortalece a las redes delictivas.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante el acto de graduación y juramentación de nuevos agentes de la Fuerza Pública, en un contexto marcado por recientes decisiones judiciales que han generado debate público, entre ellas el cambio de medida cautelar a un investigado señalado por presunta participación en una red de narcotráfico y vinculado familiarmente a un diputado.
En su discurso, Mulino sostuvo que la excesiva flexibilidad judicial no solo afecta a Panamá, sino que es un problema extendido en América Latina.
A su juicio, la “victimización del delincuente” se ha convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para legitimar sus actividades ilícitas y debilitar a las instituciones encargadas de combatirlas.
El presidente también abordó el impacto del narcotráfico en la región, al citar datos de Naciones Unidas que reflejan un aumento sostenido en la producción de cocaína.
Indicó que actualmente se producen más de 3,700 toneladas anuales, lo que representa un crecimiento significativo frente a años anteriores, y que gran parte de ese flujo termina afectando a países de tránsito como Panamá.
Mulino advirtió que estas organizaciones internacionales financian pandillas locales, responsables de llevar las drogas a los barrios y de deteriorar el tejido social.
“Ese dinero destruye comunidades enteras”, afirmó, al insistir en la necesidad de reforzar los sistemas de inteligencia y cooperación regional para enfrentar el fenómeno.
En ese contexto, anunció que Panamá seguirá fortaleciendo el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de Colombia, Ecuador, Perú y la DEA, así como el intercambio de experiencias con países del Mercosur, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de incautaciones y desarticulación de redes criminales.
El mandatario también hizo un llamado al centro bancario para reforzar los controles contra el lavado de dinero.
Señaló que parte del dinero proveniente del narcotráfico logra ingresar al sistema financiero mediante testaferros y estructuras fraudulentas, lo que termina facilitando actividades ilícitas. “Los bancos tienen que poner más empeño”, advirtió.
En materia migratoria, Mulino destacó que uno de los primeros esfuerzos de su administración fue ordenar el flujo de migrantes irregulares.
Según explicó, a finales de 2024 se registró una reducción del 42% en comparación con 2023, y en 2025 la caída alcanzó el 99%, gracias al trabajo coordinado entre Senafront, Senan, Migración y la Policía Nacional.
El presidente señaló que las políticas de repatriación y deportación fueron clave para reducir la presión migratoria, y expresó su expectativa de que Venezuela autorice nuevamente el ingreso de ciudadanos retornados, al haber sido uno de los principales países de origen de migrantes que cruzaban por el Darién.
Mulino también destacó avances en materia de seguridad ciudadana. Informó que, según datos oficiales, en enero de este año se registraron 30% menos homicidios en comparación con enero de 2025, resultado que atribuyó al fortalecimiento de los estamentos de seguridad y al despliegue territorial.
Las declaraciones del mandatario se dieron durante la ceremonia en la que el Ministerio de Seguridad Pública incorporó 1,386 nuevos agentes a la Fuerza Pública, como parte del Plan Firmeza y del Proyecto 3,000, enfocados en reforzar la seguridad ciudadana y el desarrollo juvenil.
La Policía Nacional graduó a 727 agentes de la Promoción 102 “Victoriosos”, entre ellos 99 mujeres, quienes obtuvieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Además, 48 unidades completaron el curso especializado de las Unidades Motorizadas “Linces”, fortaleciendo el patrullaje preventivo.
El Servicio Nacional Aeronaval sumó 416 agentes de la Promoción XXVII “Oriones”, capacitados en vigilancia costera, búsqueda y rescate y tácticas de cumplimiento de la ley, mientras que el Servicio Nacional de Fronteras incorporó 152 guardafronteras formados en doctrina institucional y procedimientos policiales.
A su vez, el Servicio Nacional de Migración integró 91 nuevos inspectores, capacitados en áreas operativas y técnicas, con énfasis en disciplina, ética y respeto a los derechos humanos.
Durante el acto, Mulino instó a los nuevos agentes a servir con honor y a no ceder ante presiones o tentaciones. “Si no pueden resistir, quítense el uniforme”, advirtió, al subrayar que la integridad es un requisito indispensable para ejercer funciones en seguridad pública.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, calificó la ceremonia como un momento de profundo significado institucional. Señaló que la graduación refleja un proceso exigente basado en sacrificio, constancia y vocación de servicio.
Abrego afirmó que el Gobierno mantiene una visión clara en materia de seguridad: fortalecer las instituciones, respaldar a los agentes y cumplir con la legalidad sin excusas. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho fundamental”, sostuvo.