El caso Conexión Ganadera, la empresa que protagonizó una de las mayores estafas en la historia de Uruguay, será investigado en la Justicia penal uruguaya al menos hasta julio de 2027.
Así se resolvió en una audiencia judicial que tuvo lugar esta semana, convocada para definir si prorrogar o no las medidas cautelares para los imputados que tiene el caso: el director de la empresa, Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, la viuda del otro director, Gustavo Basso.
La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Conexión Ganadera fue una empresa fundada en 1999, que se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.
Fue hace casi un año que Carrasco reconoció en un streaming que la empresa tenía un rojo de USD 230 millones y que no tenía dinero para pagarle a sus clientes.
La caída de Conexión Ganadera se dio en el marco de una crisis generalizada del sector: meses antes, sus competidores Grupo Larrarte y República Ganadera habían tenido el mismo problema. Y, entonces, se generó una desconfianza generalizada del rubro.
Una fecha clave en este caso es el 28 de noviembre de 2024. Ese día el sector agropecuario de Uruguay se vio conmocionado por la muerte de Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadero y hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.
Una vez reconocida la crisis de la empresa, los clientes presentaron varias denuncias, que avanzan a diferentes velocidades en la Justicia. En el ámbito penal, Carrasco y su esposa fueron imputados por estafa y lavado de activos y ambos esperan el juicio en la cárcel. Cabral, en tanto, fue imputada solo por estafa y cumple prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Punta del Este, algo que genera la ira de muchos de los damnificados.
El lugar de residencia
Desde que fue imputada, Daniela Cabral eligió vivir en el edificio Imperiale, ubicado sobre la playa Mansa de Punta del Este. Aunque la audiencia judicial del miércoles pasado no prometía demasiadas novedades, uno de los temas de la conversación fue el lugar en el que la viuda cumplía la prisión de Basso, de acuerdo a lo que surge de las crónicas de El Observador y Búsqueda.
La defensa de Cabral hizo en un momento de la audiencia un anuncio: “Nuestra clienta ha decidido modificar su domicilio”. El abogado Pablo Donnángelo contó que era una decisión personal de Cabral, que fue tomada “desde lo humano”. Pero, junto a este anuncio, también hicieron un pedido: adelantaron que pedirían reserva del nuevo domicilio para evitar un “ambiente de extrema hostilidad” que algunos operadores tienen hacia ella. Hubo varias suspicacias en la sala, en la que había decenas de defensores. Uno de ellos, de acuerdo al medio local, expresó que el cambio de domicilio obedecía a que se había “terminado la temporada estival”.
Defensores de los damnificados quedaron conformes con ese anuncio, pero querían saber más. “Infiero que va a salir del lujo del Imperial [de Punta del Este] y va a ir a un inmueble inferior, a un inmueble de un tercero”, planteó en la audiencia Juan Pablo Decia.
El debate que se generó en la sala molestó a la defensa de la imputada y a ella, y decidieron retirar la propuesta. Donnángelo relató que había hecho el planteo con la intención de que “los niveles de agresión de los que son objeto ella y su familia cesaran y existiera un ambiente propicio para el juzgamiento”. Pero cuestionó que, ni bien hecha la propuesta, comenzaron las “presiones”.
“Hagamos una cosa: no va a cambiar el domicilio, va a quedarse ahí”, cerró Donnángelo la discusión.
Falta tener el “panorama completo”
La jueza del caso, Diovanet Olivera, definió que las medidas cautelares que pesan sobre los tres imputados deben continuar al menos hasta agosto de 2026, al tiempo que en la audiencia se estableció que el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, tendrá hasta mediados de 2027 para investigar la causa.
“No tenemos todavía el panorama de lo que puede haber de bienes, en inmuebles, o algún tipo de activos. Puede haber otros bienes”, dijo Rodríguez.
Uno de los fundamentos del fiscal para solicitar la prórroga es que recibió información “parcial” desde España que confirma que Iewdiukow abrió una cuenta bancaria en ese país, cuando ya había sido imputada. Además, informó que recibieron una contestación de Paraguay y que se confirmó que Basso había comprado un campo en ese país en 2006, que fue embargado a pedido de las autoridades paraguayas.
Los damnificados de la causa, en tanto, expresaron su disconformidad con la resolución. “Nada parece haber cambiado”, lamentaron en un comunicado consignado por ese medio uruguayo.
“La sensación que predomina en los damnificados es de gran disconformidad, una sensación de injusticia al ver que Daniela Cabral continuará su arresto domiciliario en el edificio Imperiale de Punta del Este”, expresaron.