La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización nacional para el miércoles 11 contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que ese día comenzará a tratar el Senado. La decisión, de todas formas, evidencia la falta de consenso en la central obrera, en la que sectores internos impulsaban la declaración de un paro general.
“La marcha del 11 tiene como objetivo mostrar el repudio y el rechazo a este proyecto de reforma laboral”, afirmó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera. Según el sindicalista, la propuesta “no moderniza nada” y generará “un impacto negativo en el mundo laboral”, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas, sin producir beneficios concretos ni mejoras reales.
Para el referente sindical, la iniciativa representa “un proyecto regresivo” y reiteró: “Cualquier proyecto de modernización laboral tendría que incluir más derechos, no menos derechos, no quitarle derechos a los trabajadores”. Subrayó que el movimiento obrero no se opone a discutir una modernización del marco laboral, siempre que ello signifique más garantías y se respete la discusión colectiva sectorial.
En declaraciones a Radio Mitre, Jerónimo cuestionó la narrativa oficial sobre la necesidad de “actualizar” la legislación vigente. Detalló que “existe una herramienta que funciona muy bien, que son los convenios colectivos de trabajo”. Explicó que, cuando hay una necesidad en algún sector, “las partes competentes se sientan y se ponen de acuerdo”, algo que, advierte, no está reflejado en el proyecto oficial.
El dirigente dirigió críticas específicas a las modificaciones sobre horas extra y el banco de horas incluidas en el texto que se tratará en el Senado. “Prácticamente quita las horas extra y las transforma en un banco de horas”, señaló. Explicó que el trabajador deja de recibir un pago adicional y queda sujeto a la decisión del empleador sobre la distribución de esos horarios. Según Jerónimo, “queda a disposición del empleador, que le puede pedir a alguien que hoy trabaja ocho horas que se quede doce o trece”.
El sindicalista denunció la “carga maliciosa e ideológica” del proyecto, a la que vinculó con Federico Sturzenegger como referente principal de la reforma. Describió algunos artículos como “gravísimos y anticonstitucionales”, e insistió en la ausencia de una convocatoria real a una discusión tripartita: “Nunca nos sentamos en una mesa con las partes intervinientes a discutir algo que realmente tenga impacto real en el mundo laboral”.
Durante la entrevista, Jerónimo reclamó la falta de diálogo genuino con el Ejecutivo. “Nunca nos convocaron, te puedo asegurar que nunca sucedió”, enfatizó. También criticó la función del Consejo de Mayo, al que calificó como “un espacio consultivo no vinculante”, y puso como ejemplo la disidencia del dirigente Gerardo Martínez, cuyas objeciones no frenaron el avance del proyecto.
A la par del malestar sindical, Jerónimo destacó el rechazo de otros actores sociales y empresariales. “Hace muy pocos días salieron muchas cámaras empresariales, entre ellas CAME y CGE, a rechazarlo también”, afirmó. Sostuvo que “queda claro que no es un proyecto que incentive a la gran mayoría del mundo laboral”.
En relación con la organización de la marcha, precisó que la concentración principal se realizará a las 15:00 en la Plaza de los Dos Congresos. Simultáneamente, habrá movilizaciones frente a las casas de gobierno en todas las provincias. “Repudiamos el proyecto y apelamos a la reflexión de muchos gobernadores, para que no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores”, remarcó.
Jerónimo advirtió sobre posibles consecuencias institucionales si persiste la exclusión del diálogo y el avance unilateral de las modificaciones. “Es de una gravedad institucional lo que está pasando en la Argentina. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y ellos tenían que generar el ámbito. Nunca se generó”, señaló.
El dirigente hizo hincapié en las razones principales para la protesta: “Todos los días cierran empresas y se pierden miles y miles de puestos de trabajo y está a la vista”. Además, alertó que la situación podría agravarse: “No descartamos que, si no son escuchados nuestros pedidos, se pueda escalar la conflictividad”.
La central sindical sostiene desde diciembre un plan de acción con distintas medidas. La continuidad y el alcance de las próximas acciones dependerán de las respuestas que reciba tanto del Gobierno como del Parlamento.