La represión ejercida por las autoridades iraníes tras las protestas recientes ha implicado arrestos masivos, confiscación de bienes y acciones dirigidas específicamente contra profesionales que prestaron ayuda a manifestantes heridos. Diversas organizaciones de derechos humanos estiman que hasta 40.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, acusadas de ser “alborotadores” o “terroristas”. Muchos de los detenidos han aparecido en confesiones televisadas que, según dichas organizaciones, probablemente fueron forzadas.
Médicos y personal sanitario que atendieron a los manifestantes han sido arrestados, incluso en sus propios domicilios, y algunos se encuentran en paradero desconocido. Tres médicos contactados en Irán por The New York Times, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, informaron sobre la detención de al menos 11 colegas en la última semana. Dos de ellos señalaron que han sido citados en múltiples ocasiones por funcionarios que buscan identificar a quienes asistieron a los heridos.
Empresarios conocidos también han sido blanco de esta campaña. Mohammed Saedinia, propietario de una reconocida cadena de cafeterías, fue arrestado junto a su hijo y un gerente, tras cerrar sus locales en apoyo a las protestas. Las autoridades sellaron los establecimientos e informaron que permanecerán cerrados durante dos meses. Un vocero del poder judicial, Ashgar Jahangir, confirmó la detención de Saedinia y advirtió que sus bienes podrían ser utilizados para resarcir daños ocasionados durante los disturbios.
Las medidas represivas incluyen la identificación y posible confiscación de activos de figuras públicas, como deportistas y actores, así como de quienes firmaron declaraciones en respaldo a los manifestantes. El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi-Azad, ordenó que se tomen acciones para “dar una lección” a quienes calificó de “terroristas y sus simpatizantes”.
La censura también ha alcanzado a medios de comunicación reformistas. El periódico Ham Mihan, uno de los pocos que cubría la magnitud de las protestas y las víctimas, fue clausurado el 19 de enero. Según su editor, Mohammed Javad Rouh, Ham Mihan es el primer medio cerrado desde 2016 y aún no tiene una fecha de audiencia judicial.
Las familias de los fallecidos durante la represión sufren vigilancia y restricciones. Abbas, un ciudadano iraní, relató que él y sus familiares debieron firmar compromisos de silencio y acatar la prohibición de llorar o mantener abiertas las puertas durante las ceremonias fúnebres de tres parientes muertos en las protestas.
Pese a la intensidad de la represión, persisten muestras de desafío. Recientemente, 17 líderes de la sociedad civil, cineastas y activistas publicaron una declaración responsabilizando al líder supremo de Irán por lo que calificaron como un “crimen de Estado organizado contra la humanidad”. Varios firmantes, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, fueron arrestados posteriormente.
En paralelo, estudiantes de 31 facultades de medicina, enfermería y odontología realizaron boicots y sentadas para exigir justicia por las muertes y detenciones de compañeros. En respuesta a la prohibición de luto, familias han transformado funerales en celebraciones, con música y canciones tradicionales, como una forma simbólica de resistencia.
El régimen iraní ha reconocido oficialmente cerca de 3.000 muertes durante la represión, aunque organizaciones consideran que la cifra real es mucho mayor. La represión sistemática y el alcance de estas medidas han sido descritas por activistas como una forma de “castigo colectivo” orientada a disuadir futuras protestas y marcar a toda una generación.