El presidente Javier Milei ratificó ayer que mantendrá una política de reducción (o no crecimiento) del nivel de títulos públicos en el mercado de deuda. El objetivo es generar la expectativa de que habrá una baja en la tasa de interés y, con ello, en el riesgo país, abaratando el costo de financiamiento hacia futuro.
En una publicación realizada desde su cuenta de X y titulada “Apuntando a la escasez de los bonos soberanos”, el Presidente confirmó a los inversores que se pagarán los intereses de la deuda y que se harán frente el pago con organismos multilaterales “con liquidación de activos del Estado”.
De acuerdo a estimaciones oficiales recabadas por Infobae, el Estado Nacional debe pagar USD 5.145 millones a los organismos multilaterales (sin contar al Fondo Monetario Internacional) en el consolidado del 2026, mientras que recibirá desembolsos por un total de USD 3.328 millones. El neto, es decir, los pagos (contando amortizaciones e intereses o cargos) menos la entrada de fondos, es de USD 1.817 millones.
El FMI debe recibir pagos por USD 4.249 millones a lo largo del 2026, mientras que desembolsará USD 2.478 millones. Si se le suma el cálculo con los otros organismos internacionales, el neto que debe poner el Estado Nacional es de USD 3.588 millones.
Hay dos métodos principales que el Gobierno tiene para liquidar activos del Estado a los fines de incrementar la capacidad de pago sin alterar previsiones presupuestarias. Una de ellas son las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, mientras que también existe la posibilidad de vender bienes inmuebles y muebles a través de las subastas públicas que realiza la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El Gobierno inició el año con el anuncio de que había recibido u$s 700 millones por el proceso de privatización del control de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que son los complejos hidroeléctricos del Comahue.
La privatización de las cuatro centrales fue clave por su timing para que el Ejecutivo complete el paquete de dólares con que por esos días terminó un pago de USD 4.214 millones del pago de vencimientos de capital e intereses y devolvió también los más de USD 2.500 millones que había llegado a usar el canje de monedas que el Banco Central había tenido, en octubre, con el Tesoro de los Estados Unidos.
El Gobierno tiene tres privatizaciones que pueden tener resultados concretos en los próximos meses. Dos de ellas responden a privatizaciones de las empresas públicas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Belgrano Cargas y Logística.
“Vamos a tratar de salir en el primer trimestre”, indica una altísima fuente de la Casa Rosada a Infobae, aunque fuentes técnicas indican que la licitación ferroviaria tendría algunas complicaciones por el esquema en el que fue dispuesto.
La privatización de Belgrano Cargas y Logística, que opera más de 7.600 kilómetros de vías en 16 provincias, contempla un modelo de desintegración vertical, con una licitación por líneas y talleres, venta de material rodante y un esquema de acceso abierto para nuevos operadores.
Si bien existen intereses de grupos agroexportadores, mineros y ferroviarios internacionales; técnicos del sector indican que por separado diferentes esquemas de negocio trajo desincentivos y que el Gobierno podría estar promoviendo que las empresas oferten para quedarse con todo el entramado.
Más claro parece el caso de AySA, responsable del servicio de agua potable y cloacas en Ciudad de Buenos Aires y numerosos partidos del Conurbano bonaerense. Esta avanza hacia la privatización con medidas para reducir subsidios y un nuevo marco regulatorio que habilita la concesión. El plan contempla vender, como máximo, el 90% del capital estatal, reservando el 10% para empleados; pero priorizando de que al menos el 51% en licitación pública quede en manos de privados.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tiene previsto avanzar -con tiempos diferentes- en las privatizaciones de otras compañías dispuestas en la Ley Bases.
El Gobierno inició en julio pasado el proceso de privatización de Enarsa, que abarca la venta de todas sus unidades de negocio, incluidas participaciones en parques eólicos, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Además, está prevista la venta de la participación en Transener, transportista clave de electricidad, con finalización del proceso antes de 2025.
La privatización de Corredores Viales, que administra más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, se realiza mediante concesiones de obra pública por peaje. Ya se adjudicaron los primeros tramos y la empresa continuará intervenida hasta completar el proceso, fijado en un año.
El nuevo sistema incorpora aumentos de peajes, nuevos puntos de cobro y créditos del BICE para las empresas adjudicatarias. La segunda etapa de licitaciones se prevé para 2026, con el objetivo de ahorrar US$6.100 millones.
El Gobierno prevé vender el 100% de Intercargo, empresa estatal que brinda servicios de rampa a aerolíneas internacionales y nacionales. El proceso de privatización comenzó en julio y ya cuenta con interés del grupo francés Alyzia. Se espera concretar la venta por estos meses.
Nucleoeléctrica Argentina, que gestiona las centrales nucleares Atucha I, II y Embalse, inició un proceso de privatización parcial en noviembre. El Estado planea conservar el 51% del paquete accionario, vender hasta un 44% al sector privado y destinar el 5% restante a los trabajadores. La venta, destinada a financiar inversiones, enfrenta impugnaciones judiciales y, en el marco de las irregularidades que anotició Infobae, podría demorarse sustancialmente.
Por último, Yacimientos Carboníferos Río Turbio tuvo un primer paso al convertirse en sociedad anónima. Para su privatización se propuso que el Estado conserve el 51%, el 39% se abra al sector privado y el 10% quede para los trabajadores. La empresa arrastra un elevado déficit operativo y baja productividad, por lo que se busca reducir costos y reactivar la producción para atraer inversiones.
La privatización de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay ya inició por estas semanas. El pliego prevé obras por peaje durante 30 años y la posibilidad de aumentar la profundidad de la vía, lo que permitiría transportar más carga por barco.
Tal y como indicó Infobae meses atrás, la Agencia de Administración de Bienes del Estado que ahora comanda Tania Yedro ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones. A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones.
En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base. En el organismo reconocen que no hay un número claro. “Todos los bienes los tasa el Tribunal de Tasaciones de la Nación a medida que se pone la fecha estimada de subasta”, afirmaron.