La presión sobre los humedales panameños se ha incrementado en los últimos años como resultado de la expansión urbana, los rellenos, los cambios en el uso del suelo, el turismo no regulado, la contaminación y los efectos del cambio climático.
En el marco del Día Mundial de los Humedales, conmemorado cada 2 de febrero, el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE) divulgó un comunicado oficial en el que detalló el estado de estos ecosistemas, los sitios con reconocimiento internacional, el marco legal vigente y las principales amenazas que enfrentan.
Según la información institucional, los humedales cumplen funciones relacionadas con la regulación del ciclo del agua, la reducción de inundaciones y sequías, la conservación de la biodiversidad y el sustento de actividades económicas como la pesca, la recolección de moluscos y el turismo.
Panamá cuenta con varios humedales reconocidos bajo la Convención Ramsar, entre ellos el Golfo de Montijo, Damani–Guariviara, San San–Pond Sak, la Bahía de Panamá, Punta Patiño y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, en Darién, considerado uno de los más extensos del país.
El Complejo de Humedales de Matusagaratí fue incorporado a la lista Ramsar en 2025. De acuerdo con estudios técnicos, este ecosistema cumple un papel relevante en la regulación hídrica de la región y en la conservación de especies de fauna y flora.
En la Bahía de Panamá, MiAMBIENTE informó que en 2025 se atendieron denuncias relacionadas con tala y relleno ilegal en áreas de manglar dentro del humedal, lo que derivó en la paralización de obras y la apertura de procesos administrativos.
En otras regiones del país, las autoridades ambientales han identificado presiones asociadas a actividades agropecuarias, desarrollos turísticos, asentamientos no planificados y descargas de aguas residuales, factores que inciden en la degradación progresiva de estos ecosistemas.
El Ministerio de Ambiente señaló que el cambio climático también representa un factor de riesgo, debido al aumento del nivel del mar, las lluvias intensas, los periodos de sequía prolongados y la intrusión salina en zonas costeras.
En materia normativa, Panamá incorporó la Convención Ramsar mediante la Ley 6 de 1989 y cuenta con disposiciones como la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998), normas de ordenamiento territorial, regulaciones sobre manglares y la Política Nacional de Humedales aprobada en 2018.
Las autoridades reconocen que uno de los principales retos es el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, control y seguimiento, así como la coordinación entre instituciones y gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de las normas.
En distintas zonas del país se desarrollan proyectos de restauración de manglares, monitoreo ambiental y educación comunitaria, con participación de organizaciones locales y entidades públicas.
En áreas como Capira, Chame y la Bahía de Chame, se ejecutan programas que incluyen reforestación, vigilancia comunitaria, capacitación técnica y recuperación de especies, como parte de estrategias de manejo sostenible.
MiAMBIENTE indicó que el monitoreo científico a largo plazo permitirá contar con información actualizada sobre calidad del agua, cobertura vegetal y biodiversidad, lo que facilitará la toma de decisiones en materia de gestión ambiental.
De acuerdo con el comunicado institucional, la gestión futura de los humedales debe priorizar el ordenamiento territorial, el control del turismo, la protección de cuencas hidrográficas y la integración de estos ecosistemas en las políticas de adaptación al cambio climático.
Las autoridades subrayaron que estos ecosistemas forman parte de la infraestructura natural del país y cumplen un papel relevante en la seguridad hídrica, la protección costera y el desarrollo local.