El Gobierno decretó la Emergencia Ígnea en Santa Cruz ante el agravamiento de los incendios forestales que afectan la región patagónica. La medida, formalizada a través del decreto 80/2026, se publicó luego de declarar bajo este mismo estado a las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.
Fuentes oficiales habían anticipado la decisión a Infobae el sábado por la tarde, ante la imparable extensión y severidad de los focos ígneos en áreas protegidas y zonas rurales. Con esta normativa se busca habilitar la articulación de recursos y acciones inmediatas para contener el avance del fuego y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.
El decreto establece que la provincia recientemente incorporada queda bajo el régimen de emergencia previsto en la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, y declara zona de desastre a los territorios afectados por incendios. De acuerdo con la normativa, la Agencia Federal de Emergencia asume la coordinación de todas las medidas, siendo además la encargada de notificar el estado de los focos, los trabajos de combate y los recursos.
“Las condiciones hidrometeorológicas adversas en la Provincia de Santa Cruz, caracterizadas por la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal, configuran un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”, argumentó el Gobierno.
Además de declarar la Emergencia, el texto oficial a través de su artículo primero, incorporó a la provincia “en los términos previstos en el artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 27.287 y sus modificatorias, con los alcances establecidos en los artículos 1° y 3° del Decreto No 73 del 29 de enero 2026″. Esto implica la extensión por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.
Santa Cruz no había sido inicialmente incorporada en la declaración dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, aunque el gobernador Claudio Vidal había respaldado el reclamo de los mandatarios patagónicos, en medio de los incendios que afectan a la región desde hace semanas.
Mientras los principales focos permanecen en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, Santa Cruz también registró incendios recientes. La emergencia se activó con al menos tres frentes identificados al sur de Puerto San Julián, en áreas consideradas críticas para el ecosistema local, como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El foco principal avanzó hasta ubicarse a 20 kilómetros al sur de la ciudad, cerca de zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.
El fuego llegó a solo 4.000 metros de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo directo para esas estructuras. Además, se detectó un posible tercer foco más alejado, cuyo acceso permanecía restringido por razones de seguridad. Frente a este escenario, la Administración de Javier Milei desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y recursos logísticos para responder a los incendios en la Patagonia.
Ante ello, “se exige que el Gobierno nacional brinde una respuesta eficaz y urgente que permita la adecuada articulación y disponibilidad de los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos perseguidos”, explicaron en el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros.
Medidas para proteger el patrimonio natural
La Administración de Parques Nacionales aprobó las nuevas “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024-2027”, que servirán como instrumento rector para la planificación y evaluación institucional. La resolución 25/2026 establece que estos lineamientos actualizarán y complementarán los marcos vigentes, alineándose con los desafíos actuales y con la metodología de “gestión por resultados”.
La medida, fundamentada en la necesidad de dotar al organismo de herramientas modernas y adaptadas a los requerimientos actuales, da continuidad a los antecedentes normativos aprobados en 2001 y 2018, pero introduce actualizaciones para fortalecer la planificación y el seguimiento.
Entre los puntos del anexo que ampoañan la medida publicada también en Boletín Oficial, se destacan aquellos relacionados con la protección del patrimonio natural.
- La protección activa del patrimonio natural y cultural constituye uno de los cinco pilares estratégicos definidos para el período, orientando acciones para asegurar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales bajo jurisdicción del organismo.
- Se prioriza la implementación de medidas de gestión sostenible que aseguren la integridad ecológica de los parques nacionales, promoviendo la restauración y el monitoreo de los ecosistemas protegidos.
- El fortalecimiento de la vigilancia y el control sobre las áreas protegidas es un objetivo central, con énfasis en la prevención y respuesta ante amenazas como incendios, actividades ilegales y especies exóticas invasoras.
- Se promueve la colaboración con otros organismos, sectores científicos y comunidades locales para consolidar alianzas estratégicas que potencien la capacidad de conservación y manejo del patrimonio natural.