La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan marcando la vida de millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, una región donde amplios sectores de la población infantil enfrentan carencias en educación, nutrición, salud y protección social.
En ese contexto, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó en Panamá un programa de bonos sociales orientado a movilizar recursos hacia proyectos enfocados en la infancia y la juventud.
El anuncio se realizó durante el Foro Económico Internacional de CAF, celebrado esta semana en la capital panameña, y marca el inicio de un esquema financiero que busca canalizar hasta $1,000 millones en una primera etapa para iniciativas con impacto social.
El programa forma parte de la iniciativa Banco Futuro, desarrollada por CAF en alianza técnica con UNICEF, cuyo objetivo es situar a la niñez en el centro de la financiación para el desarrollo.
La emisión corresponde exclusivamente a CAF, mientras que el organismo de Naciones Unidas participa en la selección y evaluación de los proyectos. Así lo explicó a Infobae, Francesco Saverio, asesor regional de UNICEF para alianzas, en entrevista con este medio.
Según detalló, UNICEF colabora con CAF en la identificación de iniciativas que realmente generen impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes, utilizando criterios técnicos diseñados para medir resultados concretos.
Entre los proyectos que pueden recibir financiamiento figuran programas de reducción de la malnutrición infantil, fortalecimiento de la educación secundaria, transición de la escuela al empleo y sistemas de protección social.
El programa contempla una meta más amplia de movilizar hasta $5,000 millones en un periodo de tres años, con el propósito de beneficiar a aproximadamente 50 millones de niños y adolescentes en la región. La emisión inicial de cerca de $1,000 millones representa el primer paso para alcanzar ese objetivo.
CAF ya concretó las primeras operaciones del programa en los mercados financieros internacionales, mediante una colocación privada y una emisión pública en Europa, lo que permitió captar recursos de inversionistas institucionales interesados en instrumentos con impacto social.
Uno de los elementos centrales del esquema es el uso de incentivos financieros. Los países que accedan a estos fondos podrán obtener mejores condiciones crediticias si demuestran avances medibles en áreas vinculadas a la niñez, como la reducción de la desnutrición, el aumento de la permanencia escolar o la mejora en los sistemas de protección.
“Si se alcanzan resultados, la tasa de interés baja. Eso reduce el costo del financiamiento y hace más atractiva la inversión social”, explicó Saverio.
Este mecanismo busca estimular a los gobiernos a priorizar políticas públicas orientadas a la infancia, sin aumentar de forma significativa la presión sobre sus finanzas públicas, en un contexto regional marcado por restricciones fiscales y altos niveles de endeudamiento.
Actualmente, países como Ecuador, El Salvador y Barbados figuran entre los más avanzados en la preparación de proyectos, aunque la iniciativa está abierta a todos los miembros de CAF, que agrupan a la mayoría de las economías latinoamericanas.
Durante la entrevista, el representante de UNICEF advirtió que uno de los principales problemas en la región es la desigual distribución de la inversión pública. Según indicó, los recursos suelen concentrarse en sectores y territorios con mayor desarrollo, mientras que las poblaciones más vulnerables, especialmente los niños, reciben menos atención.
“Se habla mucho de inversión en infraestructura, que es necesaria, pero muy poco de cuánto de eso llega realmente a la niñez”, señaló.
Esta falta de enfoque, agregó, se refleja en problemas estructurales como el abandono escolar, el desempleo juvenil y la violencia. En varios países, explicó, los adolescentes quedan fuera del sistema educativo y laboral, lo que facilita su vinculación con economías informales o grupos delictivos.
Los proyectos financiados deberán cumplir con una metodología conocida como “lente de infancia”, que evalúa si las iniciativas generan beneficios reales para personas de entre 0 y 24 años. No basta con ejecutar obras o programas generales: deben demostrar impacto directo en el desarrollo infantil y juvenil.
En el ámbito educativo, por ejemplo, no se prioriza únicamente la construcción de escuelas, sino la calidad del aprendizaje, la permanencia estudiantil y la conexión con el mercado laboral. En salud, se priorizan programas de nutrición, atención temprana y prevención.
Los recursos del bono se destinarán principalmente a infraestructura educativa y sanitaria, capacitación docente, becas, atención primaria, programas de primera infancia y apoyo a poblaciones en riesgo.
Diversos estudios respaldan este enfoque al demostrar que cada dólar invertido en los primeros años de vida puede generar retornos económicos de entre cuatro y seis dólares a largo plazo, gracias a mejoras en productividad, salud y capital humano.
Para UNICEF, invertir en la infancia no solo es una política social, sino una estrategia económica. “Cuando falla la transición de la escuela al trabajo, aparecen problemas de desempleo, violencia y exclusión que afectan a toda la sociedad”, sostuvo Saverio.
El programa también está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos vinculados a educación, salud, reducción de desigualdades y protección infantil. Cada proyecto deberá demostrar su contribución a estas metas globales.
Saverio explicó que muchos de los indicadores relacionados con educación, salud, nutrición y protección infantil están lejos de las metas previstas, lo que refleja una brecha persistente entre los compromisos asumidos por los países y los resultados alcanzados.
Advirtió que, sin un cambio en las prioridades de inversión, será difícil revertir esta tendencia antes de los plazos establecidos en la Agenda 2030.
Indicó que cada proyecto financiado bajo la iniciativa Banco Futuro está diseñado para alinearse directamente con los ODS relacionados con la niñez, con el objetivo de generar impactos medibles y sostenibles, y evitar que la inversión social continúe quedando relegada frente a otros sectores tradicionalmente prioritarios.