El bloqueo casi total de internet que Irán impuso hace tres semanas comienza a ceder, pero no hacia la normalidad. Algunos de los 92 millones de habitantes del país han recuperado conexión a la red bajo un sistema de control riguroso que determina quién accede, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. El régimen cortó las comunicaciones el 8 de enero en lo que analistas internacionales califican como una estrategia deliberada para ocultar la magnitud de la represión contra las protestas que estallaron a finales de diciembre por el colapso económico del país.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que el bloqueo respondió a lo que describió como “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Araghchi sostuvo que elementos dirigidos desde el exterior se infiltraron en las protestas, dispararon contra las fuerzas de seguridad y atacaron a civiles, acusando a Israel y Estados Unidos de orquestar la violencia.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas por la caída del rial iraní, la inflación galopante y el deterioro de las condiciones de vida. En pocas horas, las demandas económicas se transformaron en un cuestionamiento directo al sistema de la República Islámica. Las consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y las demandas de cambio de régimen resonaron en decenas de ciudades y provincias. El 8 de enero, cuando el llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi convocó a una movilización masiva, el gobierno respondió con el apagón total de internet y una represión brutal.
Organizaciones internacionales como NetBlocks, firma especializada en monitoreo de conectividad digital, confirmaron que el apagón alcanzó una escala sin precedentes. En menos de 30 minutos tras el corte del 8 de enero, el 98,5% del tráfico de internet en Irán se colapsó. A diferencia de bloqueos anteriores que tomaban días en implementarse, el régimen logró desconectar el país del mundo exterior en segundos gracias a la infraestructura de intranet nacional que había desarrollado previamente.
El periódico reformista iraní Shargh informó que, según fuentes oficiales, el internet móvil habría sido restaurado parcialmente. Sin embargo, muchos usuarios siguen sin acceso completo y solo pueden conectarse de manera intermitente, tras múltiples intentos y durante periodos muy limitados. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, explicó a la BBC que lo que se observa no es un retorno a la normalidad. Las principales plataformas se permiten y bloquean en diferentes momentos del día, lo que podría sugerir que las autoridades están probando un nuevo sistema para controlar el tráfico web en tiempo real.
Amir Rashidi, director de ciberseguridad del Miaan Group, afirmó a la BBC que la evidencia apunta a que solo un número limitado de personas, aprobadas por el gobierno, tienen acceso a internet. Mientras exista cualquier capacidad de transmitir datos, es posible encontrar formas de usar redes privadas virtuales, explicó, pero las autoridades parecen determinadas a impedir el funcionamiento de estas herramientas y mantener el control sobre quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos señalan que este control sobre el acceso a internet ha desempeñado un papel crucial en limitar la información sobre la represión contra los manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes. La organización advirtió que el saldo final podría ser varias veces superior, ya que 17.091 muertes reportadas se encuentran actualmente bajo revisión. La cifra oficial del gobierno iraní, de 3.117 fallecidos, no refleja la escala real de la violencia, según HRANA.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, han señalado que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y armas letales contra manifestantes en las 31 provincias del país, disparando al pecho y la cabeza de forma indiscriminada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas de interrupción de internet, el ministro de Comunicaciones iraní, Sattar Hashemi, declaró el 26 de enero que las pérdidas diarias causadas por el apagón ascienden a cerca de 35 millones de dólares. Ante la presión económica creciente, las autoridades parecen haber introducido formas de acceso a internet estrictamente controladas para algunos negocios.
Empresarios informaron a la BBC que en algunas ciudades, miembros de la Cámara de Comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de acceso a internet sin filtros, solo bajo supervisión y tras completar múltiples etapas de verificación de identidad. Un miembro de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló bajo condición de anonimato al medio británico, describió el sistema como completamente racionado y efectivamente paralizante. Algunos empresarios han sido obligados a firmar compromisos de no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory indicó que, observando los datos de tráfico web, los patrones sugieren que una restauración completa del acceso a internet en Irán podría no ocurrir nunca. El apagón ha impedido que los iraníes dentro del país reciban información confiable y compartan con el exterior lo que ocurre en las calles, los hospitales y los centros de detención.
El contexto de las protestas se inscribe en una crisis económica profunda. En los últimos meses de 2025, el rial iraní experimentó un desplome sin precedentes. Según el centro estatal de estadísticas de Irán, la inflación del país llegó al 42,2% en diciembre de 2025. Los precios de los alimentos aumentaron un 72%, mientras que los productos sanitarios y médicos se incrementaron un 50% interanual. Años de sanciones internacionales, mala gestión y aislamiento financiero han erosionado las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Las protestas actuales son las más significativas desde las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 reproduce esquemas ya vistos en 2019 y 2022, pero agravados por el apagón de internet impuesto desde el 8 de enero, que oculta el verdadero alcance de la represión y refuerza el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.