Nucleoeléctrica Argentina, la compañía estatal encargada de la administración de las tres plantas nucleares en Argentina —Atucha I, Atucha II y Embalse—, fue noticia la semana pasada después de que el Directorio desplazara a dos gerentes clave de la empresa puestos por su presidente, Demián Reidel.
El motivo principal fue una denuncia interna movilizada por altos mandos técnicos de la compañía en la que se acusaba a estos gerentes de haber propiciado la contratación del servicio de limpieza de las tres centrales con un sobreprecio de 140% respecto de los precios de referencia.
Este cambio en el Directorio fue impulsado por directores que el mismo Reidel había puesto al llegar a la administración de la compañía en abril del año pasado, lo que, en el balance, fue visto como una pérdida de poder interna. Ante esta situación, el presidente de la empresa impulsó este lunes las primeras medidas de contingencia para descomprimir el clima con el “sector nuclear” de Nucleoeléctrica, compuesto por empleados con trayectoria en la empresa y de perfil técnico.
Reidel firmó el lunes por la tarde la Resolución 2/2026, la cual levanta los sumarios internos que se labraron contra los auditores y contadores internos de la compañía que habían revelado irregularidades en procesos de contrataciones y compras, los cuales podían afectar al mantenimiento y el funcionamiento de las centrales Atucha I y II.
El efecto de la medida recayó en el subgerente de Producción en Atucha I y II, Martín Reina, y el jefe del Departamento de Asistencia de Producción, Gabriel Blejer, que fueron sumariados a pedido del entonces gerente de Coordinación Administrativa, Gabriel Pantuso, uno de los dos gerentes desplazados la semana pasada junto al gerente general, Marcelo Famá.
Empleados de la empresa estatal marcan que ese episodio en particular fue el detonante del avance interno de todo el sector técnico. Por ese entonces, el gerente de Sitio de Atucha I y II, Diego Garde, puso a disposición su renuncia en rechazo a la decisión. Otros más se sumaron en protesta.
En el Gobierno interpretan que Reidel cedió ante la línea interna de la compañía. En la Resolución firmada a comienzos de la semana, el mandamás de Nucleoeléctrica dijo que inició el sumario “con el objeto de determinar la eventual existencia de situaciones de maltrato laboral, presuntos desvíos de proceso y conductas de desvalorización del personal administrativo”.
A continuación, indicó que no se verificó ninguna falta y que dejaba expreso que el dictado de los sumarios “no implicó menoscabo en el honor, ni en la reputación de los agentes alcanzados”. Al interior de Nucleoeléctrica marcan que tanto Reina como Blejer “ya estaban libres de culpa y cargo”, pero que no podían retomar sus funciones habituales hasta que se cerrara el sumario.
Otros empleados de la compañía contactados por Infobae opinaron que fue una medida positiva, pero que no resulta suficiente para lo que quiere el sector contrario a la conducción de Reidel. “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta”, indicó uno.
Otro, en igual sentido, marcó: “Fue un gesto positivo. Pero lo que pasó deja un antecedente preocupante en una empresa que tiene la responsabilidad de administrar la generación de energía a través de una tecnología estratégica y sensible”. “Con esta forma de gestionar en la actualidad, ignorando controles, en qué cabeza cabe aprobar una privatización parcial de NA-SA, desde ya con gran sospecha del privado amigo”, agrega.
El presidente de Nucleoeléctrica firmó una segunda medida el pasado lunes, la Resolución 3/2026, la cual efectiviza los cambios en la composición del Directorio de la compañía: por la Gerencia General, Fernando Monserrat; por la Gerencia de Coordinación Administrativa, Ricardo Matuk.
Es que el contraataque que se lanzó luego de los sumarios que se labraron sobre los auditores fue la denuncia interna por un sobreprecio de 140% en la ganadora de la licitación para los servicios de limpieza de las tres centrales.
Sobre este esquema es que tenían responsabilidad los gerentes removidos Hernán Pantuso y Marcelo Famá, que fueron reemplazados por impulso del vicepresidente de NA-SA, Guido Lavalle, y del director Diego Chaher, que responde políticamente a Santiago Caputo.
De acuerdo a cifras que fueron informadas en primer lugar por EconoJournal, el esquema centralizado que impulsaban los gerentes de Reidel buscaba ahorrar costos al aunar procesos, pero en realidad terminó provocando una acumulación de pagos pendientes a proveedores nacionales: hasta octubre de 2024 esa cifra fue de cero, mientras que durante todo el año siguiente se encontraron 205 comprobantes sin abonar.
Ahora la conducción interina de la gerencia general recayó en Monserrat, un directivo histórico de la empresa, cuya designación fue bien recibida por el personal. Por el alcance de sus responsabilidades, la Gerencia General es el área más importante después de la Presidencia. Dado que Monserrat viene de una línea histórica de la compañía y tiene sus diferencias respecto a la conducción que hasta ahora llevaron los alfiles de Reidel, el dilema que se presenta es cómo será la dinámica entre ambos.
Muchos creen que las medidas que planea tomar Monserrat a posteriori van a ser el verdadero elemento de descompresión. “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Famá y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”, afirman.
Las medidas podrían tomarse con relativa rapidez debido a que en el horizonte hay dos objetivos clave que, si bien no corren riesgo, precisan un alineamiento de la conducción de la compañía para seguirse con precisión: uno de ellos es la culminación de la extensión de vida de Atucha I, fechada para el primer trimestre del año próximo; y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II.
Tal y como lo adelantó Infobae, el Comité de Integridad trató la denuncia que hizo ATE-Zárate que acusó sobreprecios en una contratación de IT para una migración de un software de planificación de recursos empresariales que tuvo un salto de USD 600.000 a USD 7.000.000; es decir, un 1066,7% sobre el presupuesto original.
El Comité es el área interna que trata denuncias externas e internas enviadas a la compañía y que denuncia irregularidades o desmanejos internos. Esta es dirigida por el director Axel Larreteguy, quien fue nombrado por Reidel pero que responde al vicepresidente de Nucleoeléctrica, Guido Lavalle. Tanto Larreteguy como Lavalle fueron promotores del avance de las investigaciones contra los gerentes Famá y Pantuso, un dato que indica de las presiones y el malestar existente en la compañía para que se investiguen las presuntas irregularidades.