Un adolescente venezolano condenado a 10 años de cárcel por delitos políticos ha sido excarcelado después de permanecer más de un año detenido, confirmó este lunes la organización Foro Penal, principal defensora de presos políticos en Venezuela. El menor fue arrestado el 9 de enero de 2024, cuando tenía 16 años, tras una revisión policial de su teléfono móvil en la que se encontraron imágenes consideradas contrarias al entonces régimen de Nicolás Maduro. La condena, dictada en diciembre pasado, fue calificada de “aberrante e injusta” por organismos de derechos humanos.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, explicó en su cuenta de X que la detención ocurrió un día antes de que Maduro se invistiera para un tercer mandato presidencial consecutivo, tras una elección que la oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran fraudulenta. El adolescente fue capturado durante una jornada de protestas convocadas por la líder opositora María Corina Machado en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, en las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), el menor fue condenado por los delitos de “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas”, cargos habitualmente empleados por el régimen chavista contra manifestantes y opositores. La criminalización de contenido digital hallado en dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta recurrente de represión en Venezuela, donde las autoridades realizan revisiones arbitrarias de teléfonos en contextos de movilizaciones políticas.
La excarcelación forma parte de un proceso de liberaciones anunciado el 8 de enero por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Ese anuncio se produjo apenas cinco días después de que Estados Unidos detuviera en Caracas a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladara a una prisión en Nueva York.
Foro Penal ha confirmado hasta este lunes 266 excarcelaciones en el marco del proceso anunciado por Rodríguez, aunque tanto familiares de detenidos como organizaciones de derechos humanos han denunciado “falta de transparencia” en las liberaciones. No existe una lista oficial con los nombres de los beneficiados ni información clara sobre las condiciones impuestas para su puesta en libertad, lo que ha generado desconfianza sobre el alcance real de la medida.
Tras la liberación del adolescente, Foro Penal contabiliza actualmente más de 800 presos políticos en Venezuela, entre ellos una menor de edad que permanece detenida. La organización también evalúa otro caso para determinar si se trata de una detención arbitraria. El encarcelamiento de menores por motivos políticos ha sido documentado en repetidas ocasiones por organismos internacionales, que han alertado sobre el uso de la justicia penal como instrumento de represión contra opositores y manifestantes.
El contexto de estas liberaciones está marcado por la presión internacional sobre el régimen chavista y por la captura de Maduro en territorio venezolano por parte de Estados Unidos, un hecho sin precedentes que ha reconfigurado el escenario político regional. Washington mantiene una política de sanciones contra altos funcionarios del régimen venezolano, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado de forma reiterada la criminalización de la disidencia en Venezuela, donde tribunales alineados con el Ejecutivo dictan sentencias desproporcionadas contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos comunes. El caso del adolescente ahora liberado refleja esa dinámica: una condena de 10 años por poseer imágenes en un teléfono móvil constituye una vulneración flagrante de derechos fundamentales y de las garantías procesales reconocidas internacionalmente.
La excarcelación, aunque celebrada por defensores de derechos humanos, no anula la condena ni elimina el antecedente penal del joven, quien tendrá que enfrentar las consecuencias sociales y judiciales de su paso por prisión. Foro Penal ha insistido en la necesidad de que las liberaciones vayan acompañadas de revisiones judiciales que anulen procesos viciados y restituyan plenamente los derechos de los afectados.