La gestión del incendio que está afectando al Parque Nacional Los Alerces hace semanas generó malestar en el gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, debido al accionar de las autoridades y la respuesta ante emergencias ambientales en la región afectada.
La Cámara de Turismo de Chubut (CATCH) solicitó formalmente la renuncia de los responsables locales, cuestionando la capacidad de respuesta y la comunicación institucional durante una de las crisis más graves que enfrentó la provincia patagónica en los últimos años.
En el pedido aseguraron que el accionar “configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región”.
El incendio, que comenzó tras la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre, en el brazo sur del Lago Menéndez, se propagó en un contexto de verano seco y temperaturas extremas, fenómeno que había sido anticipado por pronósticos oficiales.
Según el informe dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Martín Álvarez, el foco recién fue detectado el 9 de diciembre tras un vuelo de relevamiento. Desde ese momento, la emergencia requirió la activación de protocolos y el despliegue de recursos que resultaron insuficientes ante la magnitud del riesgo.
En las semanas posteriores, la situación se agravó debido a la localización del incendio en una ladera de difícil acceso y a la limitada cantidad de medios aéreos disponibles: apenas dos helicópteros y un hidroavión Tracker. Para el 30 de diciembre, el propio informe oficial reconocía la afectación de 340 hectáreas.
Durante esta fase, la CATCH señaló que las autoridades debían haber escalado en forma masiva los pedidos de refuerzo de medios aéreos, brigadas y logística, así como haber coordinado acciones interjurisdiccionales. El documento sostiene que la omisión de estas medidas constituyó el error estratégico que derivó en la catástrofe posterior, por lo que es uno de los puntos con los que justifican su solicitud.
Actualmente, el área total impactada por los incendios en la provincia supera las 30.000 hectáreas, con más de 10.000 hectáreas afectadas dentro del Parque Nacional Los Alerces, según el informe técnico. El despliegue de las autoridades, tanto provinciales como nacionales, involucra a más de 150 brigadistas y dieciséis medios aéreos que trabajan en los distintos focos activos.
El avance del fuego durante el primer fin de semana de enero de 2026 resultó devastador. Las temperaturas, que alcanzaron los 34/35 °C junto con fuertes vientos, provocaron que el incendio recorriera más de 20 kilómetros, cruzara el Lago Menéndez, afectara el Cerro Alto El Petiso y llegara hasta Lago Verde y el Río Arrayanes. Incluso la Ruta Nacional 71 fue atravesada por las llamas.
La CATCH amplió sus justificativos: indicaron que este escenario no se debió a un hecho imprevisible, sino a una cadena de omisiones y errores de conducción que venían acumulándose desde la detección inicial del siniestro.
Entre otras decisiones operativas cuestionadas, el documento menciona la exigencia de desinfección del calzado de los brigadistas previo al embarque, adoptada bajo supuestos criterios ambientales. En palabras de la Cámara, estas prácticas se consideraron inaceptables en el contexto de un incendio activo y de propagación acelerada, ya que el daño ambiental causado por el propio fuego superaba ampliamente los riesgos menores que se buscaba evitar con tales medidas.
La comunicación institucional fue otro de los puntos críticos señalados por la entidad. Entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, no existió una actualización oficial clara y sostenida sobre la evolución del incendio.
A modo de ejemplo, indicaron que el 5 de enero se comunicó el corte de la Ruta 71 por tareas de mantenimiento, y no fue sino hasta el día siguiente que se informó el cierre por avance del fuego. Esta secuencia expuso a la población local, brigadistas, turistas y operadores turísticos a situaciones de incertidumbre y peligro, impactando en la capacidad de prevención y autoprotección.
El impacto ambiental, económico y social del evento fue considerable. El documento afirma que se produjo un daño irreversible sobre bosques centenarios, biodiversidad, cuencas y recursos hídricos. Además, la actividad turística colapsó, se registraron perjuicios directos para pobladores e infraestructura, se generó pérdida de empleo y hubo destrucción productiva en la región. Según la CAT Chubut, la falta de previsión y comunicación puso en riesgo la vida tanto de brigadistas como de residentes y visitantes, al exponerlos a rutas cruzadas por el fuego y a un incendio fuera de control.
El informe también advierte sobre el peligro reputacional internacional que afronta el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La reiteración de incendios mal gestionados podría comprometer los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, deteriorando “la imagen del país” y afectando el prestigio de este reconocimiento.
El petitorio presentado solicita cinco medidas: la renuncia inmediata de las autoridades responsables, la apertura de una auditoría técnica y administrativa independiente sobre la gestión de la emergencia, la designación de autoridades provisorias con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública diaria y la convocatoria a una mesa regional participativa para redefinir los planes de manejo, contingencia y prevención.