El drama de un jubilado de 70 años llegó a su fin en los últimos días tras largos meses de incertidumbre y preocupación por la ocupación irregular de su vivienda en el barrio porteño de Palermo, la cual había alquilado en mayo de 2024 y terminó siendo usurpada durante más de un año por la inquilina.
El hombre, propietario del inmueble ubicado en la calle Fitz Roy al 2400, había puesto en alquiler temporario su propiedad a través de una inmobiliaria, confiando en que el acuerdo se desarrollaría de manera regular. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la mujer dejó de abonar el alquiler a los pocos meses de firmar el contrato y se negó sistemáticamente a abandonar el lugar, pese a las reiteradas intimaciones recibidas.
La pesadilla comenzó poco después de que el jubilado percibiera los primeros pagos correspondientes. A partir de ese momento, la inquilina no solo dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales, sino que además presentó un certificado de ingresos apócrifo, lo que dificultó aún más el proceso de reclamo y legalidad del vínculo. Ante la falta de respuesta y la resistencia de la ocupante, el dueño recurrió a la Justicia para recuperar su hogar.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) 8, a cargo de Maximiliano Vence, quien rápidamente dispuso la apertura de una investigación para constatar la situación denunciada. El trabajo de los fiscales permitió comprobar que la vivienda estaba efectivamente ocupada por una persona que no solo había cesado en el pago del alquiler, sino que además se negaba a abandonar el inmueble pese a las notificaciones y advertencias formales.
En el marco de la investigación, surgieron elementos que confirmaron la utilización de documentación falsa por parte de la inquilina, lo que agravó su situación y abrió la puerta a nuevas acciones judiciales. La Fiscalía PCyF 8 activó el protocolo de actuación para casos de inmuebles usurpados, que establece las etapas de intimación y, de persistir la negativa, la solicitud formal de allanamiento y desalojo.
La respuesta de la ocupante fue negativa incluso después de las intimaciones previas, por lo que la Fiscalía solicitó la intervención del Juzgado. El Juzgado PCyF 4, interinamente a cargo de Barbara Moramarco Terrarossa, ordenó el allanamiento y posterior desalojo de la vivienda, medida que fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
El operativo fue ejecutado por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad, que contó con el apoyo de distintas áreas del Gobierno porteño para asegurar el procedimiento.
Entre ellas, participaron la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE), la Dirección General de Atención Inmediata, el Programa Buenos Aires Presente (BAP), la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC), el Área Desalojos, la Dirección General de Políticas Asistenciales para Personas Mayores y el SAME, cuya presencia resultó fundamental para intervenir ante cualquier eventualidad médica o social que pudiera afectar tanto a la persona desalojada como al propietario.
La coordinación entre organismos judiciales, policiales y asistenciales permitió que el procedimiento se desarrollara sin incidentes y de acuerdo a los protocolos vigentes, priorizando tanto la restitución del derecho del dueño como la asistencia y contención de la inquilina desalojada.
Finalmente, el propietario pudo recuperar su casa luego de varios meses de angustia y gestiones judiciales.