En pleno debate por la reforma laboral, la litigiosidad vinculada a los juicios por riesgos del trabajo sigue en aumento. A la vez, los datos del sistema muestran un aspecto clave: apenas el 55% de lo que desembolsan las empresas cuando pierden un juicio llega efectivamente al trabajador, mientras que el resto se destina a gastos y honorarios judiciales.
Más en detalle, de acuerdo a un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 45% restante se diluye en los gastos de la intermediación judicial. Dentro de ese porcentaje, la mayor porción se explica por la cuota litis, la porción de lo obtenido en el juicio que reciben los abogados, que representa el 14% del gasto judicial. El resto se reparte entre los honorarios del letrado del actor (11%), los peritos (7%) y los honorarios del abogado de la compañía (8%). A su vez, se suman los honorarios de segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).
El informe de la UART destacó que el 2025 cerró con una fuerte escalada de la litigiosidad con 134.141 demandas presentadas, lo que implica un 6,4% por encima del año anterior.
En particular, en el último cuatrimestre se registró un aumento interanual del 12% de los juicios. El comportamiento de diciembre encendió señales de alerta. Durante el último mes del año pasado ingresaron más juicios que en noviembre, cuando por estacionalidad se esperaba una caída cercana al 10%.
El stock total de juicios en curso pasó de 287.802 en diciembre de 2024 a 317.848 juicios en septiembre de 2025.
En los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo existe un antecedente comparable: diciembre de 2016, cuando la litigiosidad se encontraba completamente desbordada ante la inminente sanción de la nueva ley. Como referencia, en los últimos cinco días hábiles de aquel año ingresaron únicamente en la Ciudad de Buenos Aires unos 4.500 juicios.
Con este escenario base y sin que se generen cambios de fondo, las proyecciones de la UART apuntan a que la litigiosidad continuará en aumento en los próximos meses.
La entidad señaló dos paradojas. Por un lado, la litigiosidad se mantiene elevada pese a la baja siniestralidad. Por otro, mientras los fallecimientos se redujeron 80% y los accidentes 55%, los juicios crecen exponencialmente.
“Es increíble que en Argentina, cuanto mejor hacemos nuestro trabajo preventivo y más logramos bajar los accidentes, más juicios recibimos. El accionar de los peritos que buscan su propio beneficio y las justicias provinciales que no crean los cuerpos médicos que exige la ley, están matando a un sistema que ayuda a empresas y trabajadores”, dijeron en la UART.
“Vamos a cerrar 2025 con más de 134 mil juicios, una cifra récord e imposible de costear. Ir a juicio es gratis para abogados y trabajadores y está dejando ser excepcional para ser lo habitual, quebrando artificialmente un sistema que previene accidentes y da respuestas sólidas y rápidas”, agregaron.
Un informe del IERAL resaltó que a mediados de la década de 1990 se registraban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales cada 1.000 trabajadores dentro del ámbito de las empresas. En la actualidad, esa cifra se redujo a cerca de la mitad.
El contraste surge al analizar los siniestros ocurridos fuera del ámbito laboral. Los accidentes in itinere —aquellos que se producen durante el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo— exhiben una tendencia opuesta: según datos del Ieral, pasaron de registrar 7 casos cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad.
La mejora también se refleja en los indicadores más críticos. El informe destaca que, cuando la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) comenzó a aplicarse en 1997, se registraban 158 muertes por millón de trabajadores en los establecimientos laborales. En la actualidad, esa tasa descendió a 34 muertes por millón.
De acuerdo con el estudio, esta reducción equivale a haber evitado unas 18.700 muertes laborales en los últimos 26 años, lo que representa cerca de 720 vidas salvadas por año.
En el caso de los accidentes in itinere, la tendencia también es descendente, aunque de manera más gradual: la tasa pasó de 76 a 30 muertes por millón de trabajadores.