El 10 de enero pasado el régimen de Daniel Ortega excarceló a 24 presos políticos como gesto de “buena voluntad” hacia Washington, pero en esos mismos días encarceló a más de 60 personas, según reportes de organismos de derechos humanos.
La estrategia del régimen ha sido definida por opositores y organismos de derechos humanos como “puerta giratoria”. “En el estilo los Ortega Murillo se abre la puerta para que salgan unos y se abre otra puerta trasera por la que entran otros, que es lo que se le llama la puerta giratoria”, explica la ex guerrillera y ex presa política Dora María Téllez.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización de derechos humanos que monitorea las detenciones en Nicaragua, dice haber identificado a 24 presos políticos entre el grupo de 30 excarcelados que la dictadura de Ortega presentó como un “beneficio legal de convivencia familiar” para celebrar sus 19 años en el poder.
La excarcelación ocurrió, sin embargo, una semana después de la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela, y el mismo día en que la Embajada de Estados Unidos exigió al régimen la liberación de los presos políticos.
En ese evento, el comisionado general Julio Guillermo Orozco, director del Sistema Penitenciario, aseguró que el régimen de Ortega está “promoviendo y garantizando la unión familiar a través de este acto para 30 personas a quien estamos entregando a sus familias para volver a sus casas”.
Los organismos de derechos humanos insisten en que son excarcelaciones y no liberaciones. Los presos sacados de las cárceles deben presentarse todos los días a una delegación policial, y tienen prohibido movilizarse sin permiso y usar redes sociales o dar declaraciones.
“Hay que recalcar que los excarcelados no han sido dejados en libertad. Han salido de la cárcel, pero han quedado sujetos a restricciones policiales y siguen privados de sus derechos ciudadanos. Sin embargo, la dictadura falazmente dijo que los dejó en libertad para ´promover la unión familiar´ de los nicaragüenses”, editorializó sobre este evento el nicaragüense diario La Prensa.
El comisionado Orozco advirtió veladamente las condiciones en su discurso. “Queremos recordar que este acto es una oportunidad para enmendar los errores cometidos, deben de reconocer que esta libertad lleva de la mano disciplina y saberse conducir y así ser parte de la paz y tranquilidad de nuestra bendita y siempre libre Nicaragua”, dijo.
Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 62 casos. Sin embargo, según la vocera Claudia Pineda, las listas del Mecanismo no reflejan el total de presos políticos porque hay muchos que no son registrados.
“Nosotros tenemos una lista de personas con nombres y apellidos, pero hay cientos de personas presas de las que no tenemos datos o, si los tenemos, no tenemos autorización de la familia para incluirlos”, afirmó.
Pineda explicó que el 10 de enero el Mecanismo contabilizó “con nombre y apellido” a 24 presos políticos excarcelados, pero ya el régimen había apresado a otros. “Un día antes encarcelaron a 60 por manifestar su apoyo a la captura de Nicolás Maduro, a algunos los soltaron poco después, pero dejaron presos a 49”, explicó.
La excarcelación del 10 de enero fue interpretada como un gesto de “buena voluntad” hacia Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro y el aparente control que está tomando sobre Venezuela.
“El dilema ahora lo tienen (los Ortega Murillo) porque Venezuela está liberando presos. Ahí van de 20 en 20, van de 50 y 50, pero van a terminar soltando la totalidad de los presos. Y tienen que cerrar la puerta de las cárceles”, explica Dora María Téllez. “Los Ortega Murillo tienen que medirse muy cuidadosamente su conducta con relación a los presos políticos porque también están siendo muy observados”.
Según los datos del Mecanismo, existen 87 presos políticos registrados actualmente en Nicaragua: 38 que quedaron de los 62 reportados en diciembre más los 49 que quedaron en las cárceles de las recientes detenciones.
“En realidad, para los Ortega Murillo, los presos políticos son rehenes. A cada grupo de rehenes les asigna un valor”, dijo. Ese valor, afirmó, es el que usan “para efecto de una negociación, de una señal negociadora… o de quitarse presión internacional”.
Según Téllez, hay un uso diferenciado de las detenciones. Unos sirven para transacción y otros para infundir terror entre la población.
En este último grupo estarían los detenidos recientemente, dice Téllez. “Esos que echaron presos fue porque simplemente publicaron en sus redes sociales ‘me gusta que Maduro preso’. A estos les otorgan menos valor desde el punto de vista del intercambio, su valor para el régimen está desde la perspectiva de aterrorizar a otros segmentos de la población, (disuadir a) jóvenes que pueden publicar en redes sociales mensajes similares”.
La exguerrillera reconoce otro grupo encarcelado para distintos fines: los de su propio circulo. “Con estos les interesa imponer un castigo ejemplarizante”, dijo. En ese bloque mencionó casos vinculados al poder: “Gente como Bayardo Arce o Álvaro Baltodano, o el hijo de Álvaro Baltodano, o Marcos Acuña cuando estuvo preso; jefes policiales que han estado presos y bien maltratados”.
La intención en estos casos, según ella, es disciplinaria. “Ellos lo usan para tirar el mensaje de que nadie está fuera de su alcance, que el dinero no los cubre, que los vínculos empresariales no los cubre. Que nada los cubre”.
Pineda, desde el monitoreo, también describe grupos con trato diferenciado y mayor severidad. “Hay otro grupo, como que ha habido más saña, que los tienen en aislamiento y todo eso”.
Señaló, por ejemplo, el caso de exmilitares: “A los exmilitares, la mayoría han desaparecido, a ninguno han liberado. El hecho de que estén desaparecidos implica que no tenemos información sobre su salud”.
Mencionó también líderes indígenas y un grupo reducido de mujeres que, aun con excarcelaciones masivas, no han sido liberadas: “Nancy Enríquez, doña Salvadora y Angélica Chavarría, la viuda de Humberto (Ortega)”.
Un caso especial es el de Marvin Vargas, alias El Cachorro, un sandinista que se rebeló contra Ortega en 2011. Es el preso político más antiguo de la dictadura de Nicaragua y ha sido tratado con particular saña. Fue encarcelado por una supuesta falta menor, y a pesar de haber concluido hace mucho su condena, y de las frecuentes excarcelaciones del régimen, continua aislado en una celda de castigo.
Sobre el ardid de la puerta giratoria, concluyó La Prensa en su editorial: “El presidente Trump es sin duda el gobernante más poderoso del planeta. Pero al parecer no conoce las mañas de la izquierda radical o revolucionaria, y su capacidad de maniobrar, de mentir, de engañar y de estafar. Y que contra viento y marea sigue sosteniendo sus dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.