Si bien ya lo había adelantado días atrás, justo antes de Navidad, esta noche se conoció de manera oficial que Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino por haber expropiado mal a YPF en 2012, le solicitó a la jueza Loretta Preska –quien dictó la sentencia– que declare al país en desacato y la sancione.
En medio de una causa extensa y con muchas aristas, será un largo proceso para convencer a la magistrada de que tome una decisión en ese sentido, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en esta causa y otros litigios internacionales que tiene el país.
“Argentina rechaza todos los argumentos y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”, destacó el especialista, quien dijo que el Estado presentará, el próximo 19 de febrero, sus argumentos.
Según Maril, los demandantes solicitaron una serie de medidas contra Argentina, entre las que se destacan que “se declare el alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas); sanciones civiles; la presunción que la evidencia no presentada o retenida sería desfavorable para la parte que incumplió la orden de producirla; una multa coercitiva de un millón de dólares por día; y declarar al país en desacato”.
La sentencia “madre” de Preska, que condenó al Estado hace dos años a pagar USD 16.000 millones (más de USD 18.000 millones ahora, con los intereses que corren a diario) por haber expropiado mal la petrolera, fue apelada y tuvo su audiencia en octubre.
Pero como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse mientras corre la apelación, Burford intenta desde el año pasado cobrar. Para eso interpuso varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego).
Como parte del proceso del último punto mencionado, Burford pidió que el Estado entregue mails y chats de funcionarios de este gobierno y del anterior. Luis Caputo y Sergio Massa, entre varios otros. En su momento, el Gobierno, por medio de la Procuración del Tesoro, quien comanda la defensa del Estado, expresó que bajo el derecho estadounidense solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Además, agregó que, según la ley local, esas comunicaciones son propiedad inviolable de sus titulares, y que no tiene acceso a ellas.
Argentina prometió colaborar con los pedidos de Preska, pero nunca lo hizo al nivel que el demandante y el tribunal pretendían.
En ese supuesto incumplimiento se basa el pedido de Preska. No es un tema menor, más allá de lo que decida la jueza: para un país que intenta volver a los mercados y cuyo Presidente encabezará en marzo un mega evento para inversores en Nueva York, el Argentina Week, estar en desacato con el tribunal que tiene jurisdicción en Wall Street sería una muy mala noticia.
Según Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante el Gobierno anterior, Burford cree que el país desobedeció la orden de entregar la información relevante vinculada al cado de cuentas de correo y mensajes personales de los funcionarios “porque supone que pueden contener evidencias de que el Gobierno nacional ejerce un control tan intenso y cotidiano sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y/o Enarsa como para considerarlas alter egos del Estado nacional y, en tal caso, dejar sus activos en Estados Unidos, si los hubiese, a tiro de embargo”, según detalló en X.
“Spoiler alert: entre 2002 y 2015, los fondos buitres lo intentaron y la justicia estadounidense rechazó todos sus planteos porque concluyó que el control ejercido por el gobierno nacional de entonces era el lógico tratándose de empresas y organismos estatales”, agregó el ex funcionario.
El 24 de diciembre, Burford había avisado su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel.
Según se desprende del cronograma de la presentación, es poco probable que se dicte sentencia sobre ese pedido antes de fines de marzo.