Un grupo de inversores liderados por el holdout –o “fondo buitre– Aurelius Capital Management presentó hoy una demanda en Nueva York contra la Argentina por el impago de Cupones PBI, una vieja causa basada en el supuesto de que el Gobierno de ese momento –año 2013, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como ministro– habría manipulado las cifras de crecimiento del país.
Es una causa que ahora suma un nuevo capítulo con un reclamo que Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, estimó en USD 2.600 millones (la mitad son intereses).
Lo que pasó
Aurelius Capital Management es uno de los holdouts que firmó el acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri en 2016 para la reestructuración de la deuda en default. Con posterioridad a ese acuerdo, decidió avanzar con una nueva demanda contra la Argentina iniciada en 2019.
Aurelius dice que la Argentina no calculó correctamente los pagos que correspondían a los tenedores de bonos vinculados al PBI por una supuesta manipulación del Indec. Estos bonos establecían pagos adicionales basados en el desempeño de la economía y se emitieron en relación con reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.
“Cuando el Indec cambió el año de los precios base, el PBI real para 2013 casi se duplicó en pesos medidos en precios constantes de 2004; y el crecimiento real del PBI para 2013 cayó aproximadamente a la mitad. Por supuesto, la economía de Argentina la actividad no se duplicó repentinamente, y su tasa de crecimiento anual no se redujo repentinamente a la mitad. Sin embargo, la vara de medición cambió“, aseguró Aurelius en un parte de la demanda, años atrás.
El fondo asegura que Argentina tiene una deuda con ellos por un error de cálculo del PBI argentino realizado. Y que ese cambio en la medición fue intencional para evitar los pagos adicionales.
La demanda
Aurelius quiere cobrar este juicio hace años y, mientras tanto, sigue acumulando bonos involucrados con la esperanza de que la justicia de EEUU falle a su favor y que Argentina deba pagar.
La causa la lleva una conocida para el país: Loretta Preska, jueza del segundo Circuito de Nueva York. La magistrada también está a cargo del juicio por YPF, la demanda más grande que tiene el país en el exterior y por la cual ya lo condenó a pagar unos USD 18.000 millones (con intereses) por haber expropiado mal la empresa en 2012.
Aurelius presentó una demanda en el caso “cupón PBI” en 2019: el año pasado, la Cámara de Apelaciones falló a favor de Argentina.
Cuatro años después, en 2023, corrigió errores procesales que le había indicado el tribunal de primera instancia y volvió a presentarse, pero Preska le dijo que era tarde para hacerlo (aunque dejó que otros denunciantes continuaran la demanda).
En 2024 interpuso otra demanda con el mismo foco, pero pidió “congelarla” hasta que estuviera resuelta la apelación de 2019. Como ese fallo le fue desfavorable le solicitó a Preska seguir con la presentación de hace dos años. Preska lo habilitó y ese es el caso que ahora estudiará.
Además, ahora Aurelius alega que hubo fallos adversos contra Argentina en los tribunales ingleses, ya definitivos e inapelables desde 2024 y aún impagos que deben considerarse vinculantes.
Según Maril, la causa vuelve a presentar un reclamo iniciado en 2024 y retirado a la espera de la apelación (ya cerrada) del litigio original de 2019, “y sostiene que los fallos no apelables del Reino Unido deberían ser vinculantes para los tribunales estadounidenses”.
“Los acreedores del fallo han iniciado acciones de ejecución en tribunales estadounidenses para obligar al pago o forzar negociaciones, mientras los intereses legales siguen acumulándose. En un reciente informe del staff, el Fondo Monetario Internacional señaló la disputa por los warrants de PIB denominados en euros como un tema pendiente que requiere resolución, aunque evitó detallar las consecuencias específicas si Argentina sigue demorando un acuerdo», detalló el especialista.
“Aurelius y sus co-demandantes sostienen que no existe ninguna diferencia relevante entre la ley contractual inglesa y la de Nueva York, y que ambas series de warrants vinculados al PIB tienen términos idénticos. Sin embargo, no pudieron plantear antes el argumento de que la decisión inglesa es vinculante, porque la sentencia inglesa no se volvió completamente inapelable y definitiva hasta hace poco”, agregó en un paper al que accedió este medio.
Aurelius insiste porque se dedica a eso: comprar barato y litigar para cobrar.