Familiares de jóvenes venezolanos asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 denunciaron este miércoles en Madrid la lentitud de la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y reclamaron avances concretos tras casi ocho años de proceso. En una rueda de prensa, exigieron celeridad judicial y medidas efectivas que eviten la impunidad de los responsables.
“Hoy, después de ocho años, voy a seguir gritando y exigiendo justicia por mi hijo. Pedimos celeridad”, afirmó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, un joven de 17 años que murió en junio de 2017 en Caracas durante las manifestaciones. Armas participó del encuentro junto a otros familiares residentes en España, acompañados por abogados que los asesoran en el caso.
Las protestas de 2017 se produjeron en el contexto de una profunda crisis política e institucional en Venezuela y fueron brutalmente reprimidas por fuerzas de seguridad de la dictadura chavista. Organismos internacionales y ONG documentaron un uso excesivo de la fuerza. La CPI investiga la actuación del régimen venezolano en esos hechos, que dejaron alrededor de 200 personas fallecidas.
Israel Cañizales, padre de Armando Cañizales, músico de 18 años asesinado el 3 de mayo de 2017 en Caracas, cuestionó duramente el desempeño del tribunal internacional.
“Hemos visto negligencia, inoperancia y lentitud por parte de la CPI”, sostuvo. La conferencia se realizó en un despacho de abogados de Madrid que brinda apoyo legal a las familias.
La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, tras una remisión presentada por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. La investigación formal comenzó en noviembre de 2021, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Sin embargo, hasta ahora no se han emitido órdenes de detención contra los principales responsables políticos.
Los familiares subrayaron que su reclamo de justicia se mantiene pese a la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, en una operación que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.
“Maduro está preso, es verdad, pero fue algo puntual. El régimen sigue haciendo desastres. Hay una gran cantidad de presos políticos. El país no ha evolucionado nada”, dijo Isabel De Figueiredo, madre de Diego Arellano, asesinado en mayo de 2017 tras recibir un disparo en el tórax durante una protesta.
“Lo que pido es justicia para mi hijo, porque me lo mataron. Nadie me lo va a devolver, yo lo sé. Pero que al menos los que lo mataron sean castigados”, expresó, y añadió que espera “una orden de captura” de la CPI por los crímenes cometidos en Venezuela.
Durante el encuentro también intervinieron juristas especializados en derecho penal internacional. El abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, ex presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, criticó que la Fiscalía de la CPI no haya solicitado antes la detención de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Señaló que el caso venezolano “lleva casi ocho años abierto” y lo comparó con otros procesos.
“En situaciones como Ucrania o Gaza se dictaron órdenes de aprehensión con mucha mayor rapidez”, afirmó.
Imbroda cuestionó especialmente la gestión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien se apartó del cargo en mayo de 2025 en el marco de una investigación por presunto acoso sexual. Consideró “absolutamente erróneos” algunos de sus pasos, como visitar Venezuela y reunirse con Maduro en el Palacio de Miraflores, y sostuvo que los crímenes investigados “no pueden quedar impunes”.
Los familiares también instaron a los Estados parte del Estatuto de Roma, entre ellos España, a impulsar órdenes de captura internacionales contra Maduro y su cadena de mando. Recordaron que, pese a los intentos del régimen venezolano de frenar el proceso alegando investigaciones internas, la CPI rechazó ese argumento en 2023 y autorizó la reanudación plena de las pesquisas.
En diciembre de 2025, el Parlamento venezolano aprobó una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, una decisión que las familias interpretan como un intento de debilitar la jurisdicción de la CPI. Aun así, insistieron en que seguirán reclamando justicia internacional para las víctimas de 2017 y para miles de afectados por la represión en Venezuela.
(Con información de AFP y EFE)