El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avanzó esta semana en el trámite de una denuncia por presunta infracción electoral relacionada con las elecciones anticipadas de 2023 y ordenó una serie de diligencias para ubicar a dos de los cuadros más visibles de la Revolución Ciudadana, entre ellos Andrés Arauz y Luisa González, quienes integraron el binomio presidencial de esa organización política en ese proceso.
Según una providencia emitida el jueves 8 de enero de 2026, reportada por Primicias, por el juez Guillermo Ortega, el TCE ha tenido dificultades para localizar los domicilios de ambos exaspirantes presidenciales con el fin de notificarles formalmente la denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo electoral acusa a los dirigentes correístas de no haber presentado o justificado adecuadamente las cuentas de campaña correspondientes a los comicios extraordinarios de 2023, celebrados tras la disolución anticipada de la Asamblea Nacional.
Como parte de las medidas adoptadas, el juez dispuso requerir información a varias instituciones públicas —entre ellas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Contraloría General del Estado, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito— para individualizar los domicilios de González y Arauz. El objetivo, según el auto, es garantizar que las notificaciones se realicen conforme a la ley y permitir que los denunciados ejerzan su derecho a la defensa dentro del proceso electoral sancionador.
En el caso específico de Arauz, el magistrado ordenó oficiar al Ministerio del Interior para que, en un plazo de tres días, remita su registro migratorio. La solicitud busca establecer si el exministro y excandidato se encuentra dentro o fuera del país. Esta decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara al TCE que no existe registro consular de Arauz y que la competencia sobre el control migratorio corresponde al Ministerio del Interior.
La denuncia del CNE no se limita al binomio presidencial. También involucra a Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de la Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023 y actual asambleísta. En su caso, el juez dejó constancia de que fue citado personalmente el 10 de diciembre de 2025, pero no presentó contestación dentro del plazo legal de cinco días. Díaz se encuentra recluido por una denuncia penal de violación a una niña, un proceso distinto y ajeno al trámite electoral que analiza el TCE.
El trasfondo de la causa está relacionado con el control del financiamiento político, uno de los ejes centrales del sistema electoral ecuatoriano tras las reformas adoptadas en la última década. El CNE sostiene que la organización política no habría sustentado de forma adecuada los aportes privados recibidos durante la campaña, ni presentado correctamente los informes financieros exigidos por la ley para transparentar el origen y uso de los recursos.
De acuerdo con el Código de la Democracia, si el TCE determina la existencia de una infracción electoral grave, las sanciones pueden incluir multas que van de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos por un período de entre dos y cuatro años. En determinados supuestos, la normativa también prevé la posibilidad de cancelar la inscripción de la organización política responsable, una medida de alto impacto en el sistema de partidos.
El proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, con la Revolución Ciudadana como la principal fuerza de oposición al gobierno de Daniel Noboa y con varios de sus dirigentes enfrentando simultáneamente causas administrativas, electorales y judiciales. Para el TCE, sin embargo, el énfasis del trámite está puesto en cumplir las etapas procedimentales y garantizar que los denunciados sean debidamente notificados antes de cualquier resolución de fondo.
Por ahora, el expediente se mantiene en fase de sustanciación y no existe un pronunciamiento sobre la responsabilidad o inocencia de los involucrados.