Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.
¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.
Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.
La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.
El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.
Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:
1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.
2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.
4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.
5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.
6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.
7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores».