La Justicia de Bolivia ordenó este martes la liberación del ex candidato presidencial y exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, detenido de madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo una acción directa policial por presunta obstrucción a la labor de la Policía cuando intentaba viajar a Chile, mientras durante la misma jornada surgieron nuevas denuncias penales en su contra.
La decisión inicial correspondió a la jueza de un tribunal de garantías, Rosario de Carmen Egüez, quien atendió la acción directa presentada por la Policía y resolvió dejar en libertad a Del Castillo. La determinación no se ejecutó de inmediato, lo que llevó a la defensa del ex ministro a presentar un recurso de acción de libertad. Ese recurso fue tratado en audiencia por el juez Carlos Alberto Moreira, quien concedió la tutela solicitada y ratificó el fallo previo.
“Analizada la resolución de la jueza, el suscrito juez va a conceder la tutela (…) ordenando que cese la persecución, ya están con libertad, que se cumpla con esa sentencia y se deje de hostigar a los ciudadanos”, afirmó Moreira al finalizar la audiencia, según la resolución leída en estrados judiciales.
El juez explicó que la Fiscalía no presentó imputación contra el ex ministro por “falta de indicios” y que en la actuación policial existieron “más dudas que certezas” durante el procedimiento realizado en el aeropuerto de Viru Viru, el mayor del país y principal terminal aérea del oriente boliviano. En ese marco, señaló que Del Castillo puede circular y viajar “con libertad” tras la resolución judicial.
Tras recuperar la libertad, Eduardo del Castillo declaró que se siente “feliz” por el fallo y manifestó su intención de reprogramar su viaje a Chile, donde tiene prevista una cita médica para una de sus hijas, que presenta problemas de salud. El exministro sostuvo que tiene fecha de retorno a Bolivia para el 12 de enero y remarcó que no saldrá del país de manera definitiva.
Sin embargo, durante el mismo día se presentaron al menos tres denuncias adicionales en su contra por presuntos delitos de secuestro, inacción y tortura, hechos que, según los denunciantes, ocurrieron cuando Del Castillo ejercía como ministro de Gobierno durante la administración del presidente Luis Arce (2020-2025).
Uno de los principales denunciantes es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien interpuso una demanda por privación de libertad, desaparición forzada y otros delitos. Camacho recuperó la libertad en agosto de este año, luego de permanecer detenido desde diciembre de 2022, cuando fue arrestado bajo cargos de terrorismo, cohecho y seducción de tropas por su rol en las protestas ciudadanas que denunciaron un fraude electoral en las elecciones de 2019, que finalmente no se concretaron.
Durante ese período, Del Castillo ocupaba el cargo de ministro de Gobierno y encabezó el operativo de captura y traslado de Camacho desde Santa Cruz hasta La Paz, donde el gobernador permaneció bajo detención preventiva. Ese episodio se mantiene como uno de los puntos centrales de las denuncias actuales.
Otras acciones judiciales también se presentaron contra el ex ministro. El padre de un policía que murió durante una intervención antidrogas y la familia de un ex director de un fondo de proyectos para comunidades indígenas, quien denunció hechos de corrupción, iniciaron procesos penales en su contra, de acuerdo con los registros judiciales difundidos durante la jornada.
Ante este escenario, Del Castillo sostuvo que se presentará ante todas las instancias judiciales que lo convoquen. “Me voy a presentar a todas las acciones judiciales las veces que sean necesarias”, afirmó el ex funcionario tras conocer las nuevas denuncias.
(Con información de EFE)