Luego de una serie de reclamos respecto al aumento del 100.000% de las multas automáticas que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió una solución que se incluirá en la reglamentación, una vez que la iniciativa sea convertida en ley. Tributaristas celebraron el anuncio pero expresaron dudas sobre su implementación.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”, explicó Caputo en su cuenta de X.
En el proyecto que se va a tratar el próximo viernes en el Senado, junto con el Presupuesto 2026, se plantea una actualización de las multas automáticas: la penalización por falta de presentación de una declaración jurada ante el organismo recaudador pasará de $200 a $220.000 en caso de una persona humana, y de $400 a $440.000 en caso de personas jurídicas.
Si bien los contadores festejan ser escuchados por el ministro, algunos temen que, en el futuro, ante un eventual cambio de Gobierno, se dé marcha atrás con el recordatorio en el que trabaja Caputo con ARCA para sumar a la reglamentación del proyecto de Inocencia Fiscal.
“ARCA tiene facultades, a través de una instrucción general, define los lineamientos que deben seguir quienes aplican las multas (…). Con los lineamientos nuevos pueden establecer parámetros para sanciones más bajos, de acuerdo al tipo de contribuyente, considerar nuevos plazos”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.
“Lo que habría que hacer es modificar la legislación y no que quede sujeto a una instrucción general, que hoy puede dictarla en un sentido ARCA, porque tiene esta postura el Gobierno y, en un futuro mandato, tener uno distinto”, agregó.
En esa misma línea opinó el contador Jorge Diomedi, que planteó que no hay ninguna garantía para los contribuyentes de que en un par de meses se aplique la multa tal cual establece la ley, en caso de ser sancionada, por más de lo que se defina a posterior en la reglamentación.
Para la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, la intención de Caputo es valorable y bienvenida, pero el verdadero impacto de la medida se va a poder evaluar recién cuando se conozca el texto definitivo de la ley junto con la reglamentación y se observe su funcionamiento en la realidad cotidiana.
“Desde la práctica profesional, el principal temor no era el monto de las sanciones, sino la automaticidad y rigidez del esquema sancionatorio, que no distinguía entre incumplimientos ocasionales y conductas reiteradas en contribuyentes“, afirmó.
Y agregó: “Habrá que ver cómo esta intención del ministro se plasma en la práctica. La ley será aprobada por el Congreso y luego reglamentada por ARCA, y allí pueden surgir discrepancias entre lo dispuesto por una norma con rango legal y su posterior instrumentación mediante resoluciones del organismo. En muchos casos, los puntos sensibles aparecen precisamente en la reglamentación y en su implementación operativa”.
El trasfondo
El ajuste genera controversias, sobre todo porque no diferencia por tipo de contribuyente, lo que fue planteado por el peronismo durante el tratamiento en Diputados. Minutos antes de la votación, desde el bloque opositor pidieron que se sume esa modificación al proyecto, algo que no terminó ocurriendo.
En el Senado, los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) también solicitaron que se introduzca el cambio. Sin embargo, para el oficialismo esa implicaría volver a tratar la iniciativa en la Cámara Baja. Según pudo saber Infobae, en la tarde del martes existieron diferentes llamados para intentar solucionar el problema, que contemplaba la posibilidad de agregar un artículo al respecto en otra ley que se trate en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda planea incorporar el cambio en la reglamentación de la ley mediante una resolución general de ARCA.
En tal sentido, Patricia Bullrich, encargada por el oficialismo de las negociaciones en la cámara alta para que se aprueben el Presupuesto y la Inocencia Fiscal antes de fin de año, se refirió a la controversia. “Escuchamos a la gente y lo bueno de un ministro que responde las consideraciones de la gente. La prioridad: acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo y oportunidades. Nada de multas”, afirmó la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad.