La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley que endurece el marco penal contra cualquier persona o entidad que la dictadura de Nicolás Maduro considere vinculada a bloqueos marítimos o incautaciones de buques petroleros.
El texto legal establece penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas elevadas y la incautación de bienes, para quienes “promuevan, instiguen, favorezcan o respalden” acciones que el chavismo califica como “piratería”.
El proyecto permite criminalizar desde opiniones políticas hasta vínculos comerciales o asesorías legales relacionadas con operaciones internacionales que afecten al sector petrolero venezolano.
El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la sanción de la norma al cerrar el debate.
“Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, dijo.
La ley fue impulsada tras recientes operaciones de Estados Unidos en el Caribe, donde fuerzas de Washington confiscaron cargamentos de crudo venezolano transportados por buques sancionados.
La Casa Blanca sostiene que estas embarcaciones forman parte de una red diseñada para evadir sanciones vigentes desde 2019. Para el régimen chavista, en cambio, se trata de “piratería naval criminal”, una expresión utilizada por Maduro para deslegitimar cualquier acción internacional contra su industria petrolera en declive.
El dictador de Caracas ha insistido en que estas medidas buscan su salida del poder. En ese contexto, la nueva ley funciona como una herramienta política para reforzar la narrativa oficial y castigar a opositores, empresarios o ciudadanos que respalden la presión externa. Normas similares ya han sido empleadas para perseguir a dirigentes críticos del chavismo y a quienes apoyan sanciones internacionales.
El alcance del texto no se limita a ciudadanos venezolanos. También incluye a empresas y personas jurídicas que mantengan relaciones comerciales con el Estado, lo que amplía el riesgo penal a intermediarios, socios internacionales y actores privados.
Además de las penas de cárcel, la ley habilita la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, lo que permite a la dictadura confiscar bienes de los acusados sin garantías judiciales independientes.
El diputado chavista Giuseppe Alessandrello defendió la iniciativa al señalar que busca proteger a los venezolanos “de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando” en el mar.
El argumento refuerza la postura del régimen de presentar las sanciones como una agresión externa, sin asumir responsabilidades por el colapso del sector energético ni por la opacidad de las exportaciones de crudo.
Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios, una fracción de los niveles alcanzados antes del deterioro institucional y económico. Bajo el embargo petrolero, gran parte de las ventas se realiza con fuertes descuentos y mediante circuitos poco transparentes.
Las recientes incautaciones de Estados Unidos buscan interrumpir ese esquema, mientras el régimen responde con leyes que profundizan la criminalización y el control estatal.
La aprobación de esta norma se da al final del período legislativo actual. El próximo 5 de enero asumirá una nueva Asamblea Nacional que también estará bajo dominio chavista, lo que confirma la continuidad de un sistema institucional sin independencia.
Con esta ley, el chavismo refuerza un entramado legal diseñado para proteger al régimen y castigar cualquier disidencia, interna o externa. La concentración de poder en manos de Nicolás Maduro y el uso del Parlamento como mecanismo represivo profundizan el aislamiento del país y evidencian el rechazo del oficialismo a estándares democráticos y al orden jurídico internacional.
(Con información de EFE y AFP)