Luego de haber obtenido media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal, el Gobierno está dispuesto a admitir cambios respecto de las multas que se aplican sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero hacerlo luego de que se apruebe el proyecto durante las sesiones ordinarias.
En el ínterin de ello, en caso de aprobarse el proyecto tal cual está, las multas automáticas que se aplican aumentarán más de un 110.000 %.
“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38 que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas pasa a $220.000 y jurídicas de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.
Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas, “Puede haber una pequeña y mediana empresa (pyme) que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez. Ya durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el peronismo presionaba para modificar el proyecto y que el monto de la multa dependa del tipo de contribuyente.
Lo mismo sostuvo Noelia Girardi la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, para quien es polémica la propuesta del Gobierno de aumentar las multas en un monto fijo y elevado. Las cuales se aplicarían por igual a todos los contribuyentes, sin distinguir tamaño, capacidad económica ni gravedad del incumplimiento.
“La propuesta de graduación apunta a que personas físicas y pymes no reciban la misma sanción que una gran empresa por un incumplimiento meramente formal. El debate de fondo no es si las multas deben actualizarse, sino si el sistema sancionatorio debe ser proporcional y razonable, respetando la capacidad contributiva. El riesgo que se señala es que, si las multas no se gradúan, el régimen termine siendo regresivo, castigando errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión relevante”, destacó.
Resulta paradójico que con el mismo proyecto con el que el equipo económico pretende que los argentinos saquen los dólares del colchón, establece aumentar un 110.000% las multas automáticas, lo que supone un duro golpe para todos los contribuyentes, pero sobre todo para las pymes, las cuales ya fueron afectadas por el “apretón monetario” en la previa de las elecciones legislativas.
Aunque es parte de la política de garrote encubierta del ministro de Economía, Luis Caputo: mientras que en la reforma laboral propone bajarle el impuesto a las Ganancias a las sociedades (lo que tendrá un costo de 0,22% del PBI y solo beneficiaria a 144 empresas), pretende compensar la caja chica golpeando al eslabón más chico del entramado productivo.
Y es una cuestión sobre la que Caputo tiene una fijación, ya durante el tratamiento del proyecto del diputado Ricardo López Murphy y Óscar Agost Carreño, a mediados de año, enviaron al entonces presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert a negociar la inclusión de todo el proyecto de Inocencia Fiscal, con particular énfasis en la actualización de las multas.
El compromiso de Bullrich
Fue la senadora y encargada de las negociaciones en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien el viernes pasado reconoció que están dispuestos a ceder cambios en el proyecto con el que se pretende dar seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los dólares que compraron durante los años de cepo cambiario en el mercado paralelo. Pero una vez que este ya haya sido aprobada a través de una ley corta.
“Nosotros estamos dispuestos a las sesiones ordinarias a analizar el planteo que hacen los senadores Abad y Vischi para plantear cuáles serían las multas en los contribuyentes pequeños y la posibilidad de que esas multas sean acordes. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley, nos comprometemos a analizar una ley corta que pueda subsanar este problema”, afirmó Bullrich.
Es que si bien Bullrich tuvo el apoyo de senadores de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y partidos provinciales, existieron cuestionamientos de Maximiliano Abad y Eduardo “Peteco” Vischi.
“Celebro el cambio de paradigma en torno a la ley de inocencia fiscal, se deja atrás el concepto de que todos los contribuyentes son evasores, este cambio hace que sean inocentes hasta tanto el fisco con las pruebas demuestre lo contrario”, comenzó diciendo el senador radical Abad. “Respecto a la actualización de las multas, en las declaraciones juradas se pasa de $200 a $200.000 y no queda claro cuál es el sistema que se utiliza. Además, no se discrimina entre pequeño, mediano y gran contribuyente. Creo que en la reglamentación se debería discriminar”, agregó.
La ecuación es clara, Bullrich necesita demostrarle a Casa Rosada que salió victoriosa en su primer round en el Senado. Para eso tiene que lograr media sanción de la reforma laboral; y que convierta en ley el presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal antes de que termine el año. “Todo dependerá de cuánto le crean los legisladores a la flamante senadora, sobre la que pesa la fama de ‘mal pagadores’ que tiene el Gobierno.”
La paradoja está en que los reclamos para establecer un mecanismo de actualización y la graduación de las multas automáticas por tipo de contribuyente venían desde antes del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados tanto por parte de legisladores de la oposición dialoguistas como especialistas que el Gobierno eligió no oír.