El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó el miércoles pasado el fin de la subvención a los combustibles, y, debido a esto, el precio de los hidrocarburos sufriría modificaciones para los bolivianos. En este contexto, el ex mandatario Evo Morales amenazó al jefe de Estado y aseguró que motivará nuevas movilizaciones contra el Gobierno en caso de no dar marcha atrás con la eliminación o modificación del decreto.
Morales, frente a sus seguidores en un acto sindical cocalero, criticó que “los millonarios no pagan impuestos”, mientras que “los pobres siguen pagando” tasas, y remarcó que “sobran razones” para movilizarse en defensa del pueblo. El ex presidente boliviano busca la derogación del Decreto Supremo 5503.
“Si no revierte, si no cambia su decreto, el presidente español Rodrigo Paz, compañeros, (…) a Cochabamba la marcha. Vamos a defender la economía popular”, informó el referente de EVO Pueblo, quien explicó que el anuncio se retrasó porque mantuvo reuniones con dirigentes sindicales y representantes sociales.
El sindicalista hizo hincapié en que le dará tiempo hasta el lunes para tomar una decisión final al respecto. Sin embargo, Paz reafirmó que no dará marcha atrás con la medida: “El decreto no se va a cambiar”. A su vez, lo calificó como “un punto de partida” para transformar el futuro de Bolivia, aunque reiteró la disposición de su gobierno a dialogar.
En ese sentido, José Gabriel Espinoza, ministro de Economía boliviano, conversó con Infobae y explicó que el decreto es una expresión política de la visión que tiene su Gobierno para el país: “Tiene que ver con una desregulación del sector público, con una apertura a las inversiones extranjeras y con la necesidad de salir de un subsidio que era una expresión de la corrupción a partir de una medida de control estatal”
“Hay que entender que este tipo de medidas no se consensúan porque tienen que ver con la responsabilidad y la situación en que se encuentra como Gobierno. Segundo, evidentemente no se ha anunciado a los sectores este tipo de medidas para evitar entrar en un proceso especulativo. Ahora sí es necesario tener un momento de diálogo con los sectores para explicar la medida y plantear los cambios que se están dando”, detalló Espinoza.
Por otra parte, cabe recordar que en materia judicial, los abogados de Morales presentaron un recurso, en el proceso por trata de personas con agravantes en el que está formalmente acusado el ex presidente, pidiendo que su representado sea juzgado bajo la justicia indígena.
“Tengo el informe de la comisión de fiscales de que el señor Morales, a través de su defensa, hubiese presentado un incidente de nulidad de notificación, como también solicitó ser juzgado por la jurisdicción originaria campesina”, confirmó el fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, en declaraciones a la prensa local.
La justicia indígena en Bolivia, reconocida por la Constitución desde 2009 (promulgada durante el propio gobierno de Morales), permite a los pueblos originarios administrar justicia conforme a sus usos, normas y procedimientos propios.
Este sistema, que opera en territorios y comunidades específicos, busca resolver conflictos rápidamente y promover la reparación antes que la confrontación. Sin embargo, la coexistencia entre la justicia indígena y la ordinaria ha originado debates sobre su alcance, competencias y el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con la legislación boliviana, Evo Morales no puede ser sometido a la justicia indígena en este caso, ya que este sistema solo se aplica cuando el delito se comete dentro de una comunidad indígena y su competencia no abarca delitos como la trata y tráfico de personas.