El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei incorpora una serie de cambios que pretenden aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio, en un contexto en que muchas pymes enfrentan juicios millonarios y cuestionan los argumentos que dieron lugar a los fallos desfavorables.
Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el stock de juicios laborales pendientes asciende a 637.330 expedientes. De ese total, 308.082 corresponden a causas por riesgos del trabajo y 329.248 a juicios por despido, las dos principales fuentes de litigiosidad en este ámbito.
De este modo, en relación con los aproximadamente 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado, el volumen de juicios en trámite equivale a cerca del 10% de los trabajadores.
Por otro lado, este año, la cantidad de demandas iniciadas en el Sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó un máximo histórico. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre de este año se notificaron 122.875 nuevos juicios, lo que elevó a 131.998 el total de causas acumuladas en los últimos doce meses.
Fuentes empresarias resaltaron algunos de los principales puntos que se modificarían si la iniciativa pasa el filtro legislativo. En términos generales, el texto oficial establece un régimen legal para la actualización de los créditos laborales, habilita —con control judicial— el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes y aclara expresamente que la base de cálculo de la indemnización excluye conceptos no mensuales, como vacaciones, aguinaldo o premios no habituales, lo que acota los márgenes de reclamo.
En cuanto a riesgos del trabajo, fija un plazo de noventa días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y desvincula los honorarios de los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad detectada.
Aspectos legales
Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, aseguró que, tal como está escrita, la reforma tiene como objetivo eliminar posibles discrecionalidades en los tribunales.
No obstante, destacó que hay algunos artículos que se podrían judicializar si los legisladores no hacen ajustes.
El especialista enumeró los cambios procesales más importantes que empezarán a regir a nivel nacional de aprobarse el proyecto:
- Indemnización por despido sin justa causa: el proyecto establece que el pago es total y cancelatorio, es decir, una vez abonada la indemnización, el trabajador no podría iniciar un nuevo reclamo, aunque haya errores en el cálculo.
- Presentación de prueba: se elimina la posibilidad de que el trabajador ofrezca prueba hasta tres días después de la contestación de la demanda. Se deberá hacer al inicio.
- Avance del proceso judicial: se elimina el impulso de oficio del juez y se establece que el avance del expediente depende de las partes.
- Caducidad de la instancia: si el trabajador no promueve el proceso mediante presentaciones durante 6 meses, el demandado podrá solicitar la caducidad, salvo demoras vinculadas a cuestiones tales como pedidos de prueba en el exterior.
- Exclusión del fuero laboral para causas contra el Estado: los conflictos laborales en los que intervenga el Estado quedarán fuera de la justicia del trabajo y pasarán al fuero contencioso administrativo, donde no aplica la Ley de Contrato de Trabajo.
- Criterios obligatorios de la Corte Suprema: los jueces laborales de primera instancia y cámara no podrán apartarse sin justificación de los criterios fijados por la Corte Suprema, de lo contrario el magistrado podría ser sancionado por mal desempeño. Mañko cree que es probable que se judicialice porque no están obligados a adoptar el precedente sino que a analizar cada caso en particular
- Cambio de criterio para prestadores de servicios: bajo la legislación actual, la relación laboral se determina por la existencia de dependencia técnica, jurídica y económica; es decir, si cumple órdenes, tiene condiciones parecidas a las de un empleado de la compañía o cobra una suma de dinero muy similar mensualmente. Esto generaba juicios por parte de prestadores de servicios externos. Con la nueva ley, pasarían a considerarse autónomos
- Honorarios de peritos: se modifica el sistema de regulación de honorarios, que dejarán de calcularse en función del monto del juicio. Ahora serán tarifados
- Tratamiento del trabajo no registrado: el proyecto no aborda el trabajo “en negro” desde un esquema sancionatorio directo, sino que prioriza incentivos para el blanqueo
- Se mantienen instancias previas: continúa sin cambios el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) como etapa administrativa previa al juicio
- Actualización de créditos laborales: se establece un esquema de ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual con el fin de unificar criterios
- Fin del anatocismo: al fijarse una fórmula de actualización, se elimina la aplicación de intereses sobre intereses
Alejandro Rossi, profesor del departamento de derecho laboral de la Universidad Austral, agregó: “En materia de intereses en los juicios laborales, al tender a fijarlos en ‘lo menos posible’, la propuesta ignora la realidad inflacionaria estructural. Un interés bajo o fijo desincentiva el acuerdo y alarga los litigios, ya que el paso del tiempo licúa el valor de la condena. Históricamente, esto ha generado una práctica donde extender el juicio resultaba conveniente para la parte empleadora”.
Sucede que, de acuerdo a la explicación del especialista, la normativa dispone que, para los juicios en trámite, los intereses se van a calcular en función de una tasa que determinará el Banco Central, probablemente tomando como referencia una tasa bancaria activa o pasiva, como las del Banco Nación u otra entidad similar.
“A priori no se puede precisar cuál será, pero en cualquier caso los montos resultarán sensiblemente menores que el esquema de IPC más un adicional del 3% aplicado en los años posteriores a 2020, dado el salto de la inflación durante ese período″, sostuvo Rossi.
Mañko apuntó: “Argentina tiene, por naturaleza, un nivel alto de litigiosidad, especialmente en el ámbito laboral. En ese contexto, cada cambio que se intenta introducir suele suscitar resistencia y habilita que muchos abogados presenten cuestionamientos de inconstitucionalidad”.
“Por ejemplo, el hecho de que el trabajador no pueda litigar luego del pago de la indemnización abre la puerta a ese tipo de objeciones”, detalló.
En el bloque opositor creen que la reforma laboral libertaria no hace una reconfiguración sustancial que dé la pauta de que a futuro va a haber menos litigiosidad.
En tanto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), se refirió puntualmente a la introducción de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones. La iniciativa prevé un aporte mensual obligatorio del 3% de las remuneraciones a cargo de los empleadores, calculado sobre la misma base que las contribuciones patronales al SIPA y compensado con una reducción equivalente en ese concepto.
Aunque ve con buenos ojos la medida, ya que cree que reducirá la cantidad de litigios por indemnizaciones dado que estarán garantizadas, tiene dudas sobre su instrumentación.
En primer lugar, plantea qué sucede con el dinero acumulado en los fondos si el empleado no es despedido, sino que decide dejar la empresa o finaliza su trayectoria laboral. Además, cuestiona cómo se aplicará el esquema a los trabajadores que ya se encontraban en funciones antes de la posible sanción de la ley.
Rosato afirma que resta detallar si los empleados van a poder acceder a esos aportes pese a no ser desvinculados. “Otorgar este beneficio le daría armonía y aceptación al proyecto”, sostiene.
Casos
En las últimas semanas se conocieron algunos casos de juicios laborales millonarios, que resultan difíciles de afrontar para pequeñas y medianas empresas. Los empresarios involucrados manifiestan que la situación los deja al borde de la quiebra.
En primer lugar, Alberto Chinkies, propietario del restaurante Piegari, calificó como injusto el fallo que dispuso un embargo preventivo de $155 millones, en el marco de una demanda que asciende a $270 millones. El litigio surge a raíz de la denuncia de un ex empleado que alegó haber sido despedido por falta de pago de salarios al inicio de la pandemia.
El monto original que Chinkies debía abonar era de $9.429.176,61, cifra que se incrementó debido a los intereses y las multas.
Criticó a la jueza, ya que considera que la decisión carece de fundamento. Sostiene que presentó documentación que refuta los argumentos de la demanda y acredita que los sueldos efectivamente fueron abonados, pero aun así recibió una sentencia en su contra.
Por otro lado se encuentra el caso de Naranja mandarina, una pyme de Junín dedicada a la fabricación y venta de ropa para niños, que cuenta con tres empleados y actualmente atraviesa una crisis a raíz de una sentencia de la justicia bonaerense que obliga a sus dueños a pagar la suma de $190 millones e impone un embargo de $330 millones, lo cual supera por lejos su facturación anual.
El conflicto comenzó cuando un revendedor se presentó ante la Justicia laboral sosteniendo que había sido un “empleado despedido”, una postura que fue convalidada por el tribunal al considerarlo viajante de comercio.
Además, recientemente trascendió el reclamo de Mario Fiore, dueño de la alimenticia “El Bahiense”. Enfrenta un juicio por $250 millones debido a que un trabajador se dio por desvinculado, luego de ser suspendido por 15 días a causa de un proceso mal ejecutado.
La cifra inicial a pagar era de aproximadamente $3 millones pero se incrementó exponencialmente por los intereses aplicados.