El gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo de intercambio de información orientado a fortalecer el control y la seguridad del sistema penitenciario, así como a enfrentar de manera más efectiva a estructuras criminales catalogadas como terroristas.
El acto fue encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el embajador estadounidense en Guatemala, Tobin Bradley, quienes resaltaron la importancia de la cooperación bilateral como una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas.
La firma del convenio se produce en un contexto marcado por una grave crisis carcelaria, evidenciada hace dos meses con la fuga de 20 integrantes de la mara Barrio 18 —organización que ha sido declarada terrorista por Estados Unidos—, así como por el persistente control que mantienen grupos criminales dentro de los centros penitenciarios, desde donde se coordinan buena parte de las extorsiones que afectan al país.
El acuerdo permitirá a ambos países intercambiar información relacionada con personas privadas de libertad que puedan tener vínculos con actividades terroristas. Según explicó el ministro Villeda, la finalidad es dotar al Estado guatemalteco de “información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad”.
Por su parte, el embajador Bradley afirmó que esta iniciativa representa “otro golpe contra estos grupos. Un golpe contra las pandillas que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala”, al tiempo que reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional.
El diplomático también destacó la reciente aprobación de la Ley Antipandillas por parte del Congreso de la República, señalando que esta normativa “no solo aumenta las penas para los pandilleros, sino también autoriza la construcción de nuevas cárceles para esos delincuentes y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas”.
Villeda calificó el convenio como “histórico para el mundo”, al subrayar que se trata de “el primer acuerdo de su tipo”. Asimismo, enfatizó que el acceso a herramientas tecnológicas y de información modernas es fundamental para fortalecer la capacidad del Estado de ejercer un control efectivo, verificable y confiable sobre las personas bajo custodia del sistema penitenciario.
“El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más”, afirmó el ministro de Gobernación.
El sistema penitenciario guatemalteco entró en una profunda crisis tras la evasión de los 20 miembros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, ubicada al sureste de la Ciudad de Guatemala. A raíz de este hecho, más de una veintena de personas —entre ex funcionarios y trabajadores del sistema carcelario— han sido capturadas, mientras que existen órdenes de detención contra la anterior cúpula de seguridad gubernamental, la cual tuvo que ser reemplazada.
(Con información de EFE)