La decisión de autorizar la operación de estaciones de servicio móviles en el territorio argentino surge ante la necesidad de garantizar el acceso a combustibles en localidades donde las estaciones fijas quedaron obsoletas o dejaron de operar. El Gobierno Nacional formalizó la incorporación de estas estaciones al registro oficial de bocas de expendio, medida que responde a una política de modernización y desregulación que impulsa el presidente Javier Milei.
Previo a la habilitación, muchas localidades del interior del país debieron enfrentar situaciones de desabastecimiento o traslado costoso hacia otras zonas para acceder a combustibles. En respuesta a este escenario, la administración de Milei firmó el Decreto 46/2025, que autoriza el autodespacho de combustible y habilita formalmente las estaciones móviles a partir del 29 de enero de 2025. Así, Argentina adopta una modalidad que ya funciona en Europa, donde la flexibilidad tecnológica ha demostrado su efectividad para abastecer regiones apartadas.
La incorporación de estas unidades móviles busca ofrecer una solución segura, moderna y de rápida instalación, priorizando el abastecimiento en lugares donde las estaciones convencionales presentan fallas estructurales o quedaron fuera de servicio. La medida pretende también disminuir los gastos operativos tanto para las empresas del sector energético como para los usuarios, a quienes se les evita recorrer largas distancias para adquirir combustibles.
En el proceso de formalización, la Secretaría de Energía dispuso que las nuevas bocas móviles y modulares deberán cumplir rigurosos estándares técnicos y de seguridad, ajustados a normas internacionales como la NFPA385 y la UL-2085. Los requisitos incluyen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, equipos especiales de control de derrames, y la presencia de extintores certificados en cada unidad.
Además, el funcionamiento de las estaciones móviles estará sujeto a auditorías periódicas realizadas por empresas externas habilitadas, con la obligación de mantener seguros y planes de contingencia vigentes. Esta estructura normativa busca una operación segura para usuarios y comunidades, minimizando riesgos ambientales o accidentes derivados del manejo de combustibles.
El régimen diseñado por el Gobierno contempla un sistema de sanciones ante eventuales incumplimientos en la operación de estos nuevos puntos de expendio. Quienes desarrollen actividades fuera del marco regulatorio enfrentan multas que pueden alcanzar el equivalente a 160.000 litros de nafta súper, junto a la inhabilitación inmediata en caso de violaciones a las disposiciones de seguridad o la falta de auditorías actualizadas.
La presencia de estaciones móviles supone para muchas regiones una ventaja competitiva en el acceso a recursos energéticos, ya que permite que localidades sin infraestructura fija restablezcan la provisión de combustibles esenciales para el transporte, la producción y otras actividades económicas. En el mismo sentido, la medida busca incentivar la competencia en el sector al diversificar la oferta y permitir la llegada de nuevos operadores a zonas antes consideradas no rentables o aisladas.
El Gobierno define estas acciones como parte de una estrategia para reducir los costos relacionados con la logística del sector energético, lo que implica beneficios tanto económicos como funcionales. Usuarios y productores resultan favorecidos por la disminución en las distancias recorridas y por la agilidad de implementación de las estaciones móviles, que pueden instalarse en lapsos acotados y con menor inversión en infraestructura.
Otro aspecto relevante reside en que la norma habilita la incorporación de tecnologías de autodespacho, un factor que ubica al país en línea con tendencias internacionales donde la automatización gana protagonismo en el expendio de combustibles. El marco regulatorio estipula controles específicos para estas operaciones, garantizando la protección tanto de la integridad de los usuarios como del patrimonio de las empresas participantes.
Al interior del país, la expectativa se centra en la posibilidad de revitalizar economías regionales que quedaron relegadas a raíz de cierres de estaciones o degradación de las instalaciones existentes. Las unidades móviles y modulares representan una respuesta ágil frente a imprevistos o incidentes que afecten la red convencional, a la vez que colaboran con el desarrollo de actividades productivas y comerciales en regiones periféricas.
La implementación de estas estaciones está asociada también con la obligación de operar bajo parámetros internacionales reconocidos, lo que implica el uso de materiales y tecnologías que resultan familiares en otras jurisdicciones. La referencia a normativas técnicas extranjeras como la NFPA385 y la UL-2085 subraya la intención oficial de armonizar la legislación argentina con los estándares globlales en materia de seguridad y control de riesgos.
En el marco de la política de desregulación y modernización del sector energético, la administración nacional presenta la iniciativa como un paso hacia la mejora de la eficiencia y la ampliación del acceso a servicios esenciales para la población. El concepto de seguridad permanece en el centro de la regulación, respaldado por la exigencia de auditorías externas y seguros obligatorios, así como por un régimen sancionatorio severo que contempla sanciones económicas y el cierre inmediato ante cualquier transgresión.
Si bien la habilitación de estaciones móviles ya mostró su eficacia en el mercado europeo, su implementación a nivel nacional representa una novedad para el esquema argentino. Las expectativas de los actores involucrados se concentran en el impacto que estas medidas puedan generar a corto y mediano plazo en términos de cobertura territorial, reducción de costos, impulso al sector productivo y fortalecimiento del control estatal sobre la operatoria.
El decreto presidencial materializa el objetivo de liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio más accesible y competitivo, introduciendo una modalidad operacional que se adapta a la geografía y las necesidades del país. El anuncio oficial pone el acento en la mejora de la calidad de servicio, la reducción de barreras logísticas y el incentivo a la competencia como pilares de la transformación en marcha.