Una mujer de 60 años que vive hace 33 años en Los Ángeles, Estados Unidos, fue imputada por un grupo de fiscales federales de Rosario por haber participado en esclavizar a la cuidadora de su madre desde 2022 hasta la actualidad. La víctima, de acuerdo a la teoría del caso, habría sido captada por la mamá de la acusada en 2003, cuando la hizo venir con 14 años desde la localidad correntina de Tres Bocas, donde vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad, con el objetivo de escolarizarla, algo que no ocurrió.
La formalización de la imputación se llevó a cabo el viernes de la semana pasada ante el juez de Garantías Román Lanzón en los Tribunales federales de Rosario, pero la información oficial trascendió seis días después.
E.S.S., por videoconferencia, fue acusada por la fiscal Adriana Saccone y las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos Complejos.
El caso se dio a conocer el 2 de octubre pasado, cuando la Policía Federal, por solicitud del Ministerio Público Fiscal, allanó un domicilio de Montevideo al 100, en barrio Martín, y rescató a la víctima, que actualmente tiene 37 años. En el lugar se constató que cuidaba a la mujer que habría sido responsable de traerla desde Corrientes cuando era menor. Como se presume que la adulta mayor tiene problemas de salud mental, se pidió una pericia médica para determinar si está en condiciones de ser imputada.
La víctima estuvo presente en la audiencia y fue representada por dos defensoras públicas. También estuvo acompañada por una psicóloga y un antropólogo del Área de Atención a Víctimas de la unidad fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.
Las fiscales relataron que en 2003, cuando la víctima tenía 14 años, fue captada en Corrientes en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social. Tras la muerte de su padre, su madre autorizó su traslado ante la imposibilidad de sostener la crianza de sus nueve hijos. Lo hizo, según indicaron, ante la promesa de que en Rosario iba a tener una mejor calidad de vida.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal de Rosario señalaron que la madre de la por entonces adolescente fue trasladada hasta una escribanía donde firmó un acta notarial donde dejó constancia de que la chica iba a ser llevada a Rosario. Como la mujer no sabía leer, desde la Fiscalía afirmaron: “Nunca supo qué fue lo que firmó”.
La menor fue en colectivo a Rosario y fue recibida por la madre de E.S.S.. Las fiscales sostuvieron que nunca fue escolarizada y, por el contrario, fue sometida a hacer tareas de limpieza, lavado, planchado, cocina, administración de pagos de servicios, compras de alimentos y asistencia y acompañamiento de la dueña del domicilio. A cambio, le daban comida, ropa y techo. Es decir, no se le daba remuneración alguna, no tenía vacaciones, aportes previsionales ni cobertura de salud.
De acuerdo a la acusación, cuando la propietaria de la casa comenzó a tener problemas de salud en 2022, su hija “subrogó el lugar de su madre, se hizo cargo de su cuidado y de la gestión de la casa, lo que incluyó la continuación de la explotación”. Comentaron que incrementó la carga laboral de la víctima, asignándole la asistencia y cuidado no terapéutico de su mamá.
Para supervisar las tareas desde Los Ángeles, E.S.S. instaló 16 cámaras en el inmueble y le entregó un celular a la víctima para poder comunicarse. “No podemos atribuirle a E.S.S. los 22 años de explotación, pero sí sostenemos que hay conductas penalmente relevantes, porque desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa de (la calle) Montevideo, tuvo la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre, y no solo no lo hizo, sino que lo continuó, porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad”, señalaron las fiscales.
La defensa y la Justicia
Por su parte, el defensor de la acusada, Gustavo Feldman, sostuvo en diálogo con Infobae: “La imputación es una vergüenza, lo dije en la audiencia. Se apuraron a imputarla porque yo había pedido su sobreseimiento. Necesitan un chivo expiatorio porque quien eventualmente cometió el delito puede llegar a ser declarada inimputable. Fue esta defensa la que aportó la prueba de cómo comenzó esto”.
“Es una cuestión técnica que se puede aclarar. La ley argentina dice que para ver si estamos frente a la perpetración de este tipo de delito debe prescindirse del consentimiento de la víctima. No dice de la voluntad, dice del consentimiento. Es decir, si la persona que fue trasladada consiente todo esto es irrelevante a los fines de determinar si se perpetró o no el delito. Pero de fondo la ley no dice por qué no considerar sobre todo 22 años después como elemento probatorio lo que la víctima revela ahora que siente. Una cosa es prescindir del consentimiento de una nena de 14 años y otra de una persona de 33, que es cuando dicen que mi clienta subrogó a la madre y perpetuó esa situación de reducción a la servidumbre”, agregó.
Feldman subrayó que su clienta “es ciudadana americana hace 33 años, no vive desde entonces en el país, viene esporádicamente, cada seis meses o un año, a ver a la madre. Eso fue subestimado por la Fiscalía”.
Al término de la audiencia, el juez Lanzón rechazó el pedido de la defensa de sobreseimiento. También la solicitud de las fiscales de extraditar a la mujer para que quede en prisión preventiva efectiva. Posteriormente, ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva que tendrá que cumplir la imputada por el plazo de un año, como fijar domicilio, firmar mensualmente en el consulado argentino más cercano a su casa y prohibición de contacto con la víctima o con los vecinos del domicilio en el que vive su madre en barrio Martín de Rosario.