La Justicia boliviana determinó enviar a prisión preventiva por cuatro meses a la exdiputada Lidia Patty en una investigación por presunta corrupción con el antiguo Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), un proyecto que estaba destinado a comunidades rurales para ejecutar iniciativas productivas durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019).
Patty está acusada de haber recibido dinero estatal en cuentas personales para el desarrollo de un proyecto agrícola y la Fiscalía sostiene que existen “elementos de convicción” que justifican la imputación y detención preventiva. La exdiputada está acusada de haber incurrido en delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
Tras haber rechazado las apelaciones de la defensa, la Policía aprehendió a Patty el viernes cuando se presentó a declarar en la Fiscalía y el sábado un juez dictaminó su reclusión por cuatro meses en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.
Patty fue diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) entre 2014 y 2019 cuando cayó el gobierno de Morales en medio de manifestaciones sociales y acusaciones de fraude electoral.
A partir de entonces se convirtió una figura clave en la judicialización de la crisis de 2019, al ser la denunciante que activó los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, a quienes enjuició por “sedición, terrorismo y conspiración” en un caso denominado “golpe de Estado I”, que investigaba los hechos previos a la renuncia de Morales.
Por ese juicio, los tres opositores fueron encarcelados de manera preventiva hasta este año, cuando el Tribunal Supremo de Justicia ordenó revisar su situación legal porque en los tres casos se había superado el plazo legal de la detención preventiva. Los tres fueron liberados entre agosto y noviembre.
Patty tiene 56 años y pertenece a la etnia Kallawaya. Fue dirigente de la organización social Bartolina Sisa y concejal municipal. Tras haber sido diputada en el último gobierno de Morales, fue designada por Luis Arce como cónsul en Puno, Perú.
Tras su detención, el expresidente Morales señaló que es » un abuso y un revanchismo de un gobierno y una justicia que se acomoda al poder» y destacó que fue la impulsora de los juicios contra Añez, Camacho, Pumari y otras exautoridades y jefes militares. “Esta nueva injusticia contra la mujer humilde y los más débiles, conlleva una enorme actitud de racismo y pretende escarmentar a una mujer indígena que, con valentía, tuvo el valor de denunciar a quienes destruyeron la democracia y la economía en Bolivia”, escribió en su cuenta de X.
Corrupción en el Fondo Indígena
El Fondo Indígena es posiblemente el hecho de corrupción más escandaloso de las últimas décadas en Bolivia.
El programa fue creado en diciembre de 2005, bajo el gobierno interino de Eduardo Rodríguez Veltzé, pero comenzó a operar en 2009 durante el mandato de Morales, con el objetivo de destinar el 5% de las recaudaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos a proyectos de desarrollo productivo en poblados indígenas y campesinos.
El directorio estaba presidido por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e integrado por otros ministros del gabinete de Morales, entre ellos el expresidente Luis Arce, que entonces lideraba la cartera de Economía. Según reportes d de prensa, solo en cinco años, entre 2009 y 2014, el Fondo recibió 3.197 millones de bolivianos (casi 460 millones de dólares).
En noviembre de 2013, una investigación periodística del extinto periódico Página Siete documentó irregularidades que incluían “obras fantasma” y una serie de proyectos intangibles, alejados del objetivo del fondo, que incluían, por ejemplo, cursos de formación de líderes sindicales.
Por este caso hubo investigaciones judiciales y algunas detenciones que luego fueron anuladas, lo que convirtió al Fondo Indígena no solo en un escándalo histórico de corrupción sino también en un símbolo de impunidad en Bolivia.