El Gobierno de Bolivia informó que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, huyó del país hacia Brasil cuando se desarrollan las investigaciones por presunto sobreprecio en la compra de combustible y otras irregularidades.
El ministro de Gobierno (Seguridad), Marco Antonio Oviedo, afirmó que el expresidente de YPFB “fugó” del país, luego de que se difundieran fotos de Dorgathen que presuntamente habrían sido capturadas en una localidad fronteriza de Brasil. Según el funcionario, Dorgathen fue favorecido con una resolución judicial que frenó su aprehensión y que habría permitido su posterior escape.
“Esto es lamentable. En el caso de Dorgathen, por ejemplo, la Policía cumple sus funciones, se lo presenta a la Fiscalía, esta emite un apremio, alertas migratoria y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y éste (Dorgathen) se fuga”, señaló Oviedo la noche del jueves, tras la posesión de las autoridades policiales departamentales.
El ministro cuestionó que mientras la Policía y el Ministerio Público avanzan en las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en YPFB, el sistema judicial actúe “de manera contraria” y permita que los procesados evadan la justicia.
Según reportes de la prensa local, Dorgathen tenía una alerta migratoria emitida el 12 de noviembre por el caso Botrading, además de enfrentar un proceso en la localidad de Yacuiba, al sur del país, por presunto contrabando y exportación agravada de gas. Según el ministro, todos esos antecedentes hacían obligatoria su restricción de viaje.
El principal caso que se investiga tiene que ver con la firma Botrading, una empresa subsidiaria que fue creada como intermediaria para la comercialización internacional de diésel y gasolina para no depender de traders privados.
Según el informe de una comisión de diputados que investigó el caso en la anterior legislatura, existen indicios de que la estatal petrolera adjudicó al menos 12 contratos con sobreprecio, pagos por suministros sin respaldo en contratos vigentes y pagos con exceso en el monto máximo establecido en algunos procesos de contratación. El documento señala que se estima un daño económico al Estado de aproximadamente 56 millones de dólares durante dos gestiones.
En una entrevista anterior con el periódico La Razón, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, rechazó las conclusiones del informe legislativo y explicó que Botrading fue creada para agilizar el proceso y abaratar los costos de importación. Dorgathen señaló que la subsidiaria se abrió en Paraguay por un tema impositivo y legal, y que era necesario tenerla porque YPFB, por su carga normativa, no puede hacer la importación directa de carburantes. También indicó que solicitaría una auditoría internacional porque consideraba que la investigación local tiene motivaciones políticas.
El expresidente Luis Arce también fue involucrado en este caso cuando faltando semanas para el cierre de su Gobierno, un diputado presentó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado para que sea sometido a juicio de responsabilidades por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Hasta la fecha no se conoce públicamente un pronunciamiento por parte de la Fiscalía sobre el rechazo o requerimiento acusatorio contra el exmandatario.
En la última semana, funcionarios de la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en oficinas y refinerías de YPFB en al menos tres departamentos como parte de una serie de investigaciones por presuntas irregularidades, que incluyen desvío de combustibles además de contratos y cobros irregulares.