El estrés económico, es decir la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas, afecta a alrededor del 47% de la población, por encima del piso histórico cercano al 35%. De esta manera, casi 1 de cada 2 personas vive en hogares con esta condición.
Así surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina – UCA. Según el estudio, en el largo plazo, el indicador muestra un deterioro entre 2010 y 2017 y luego una estabilización. Si bien en 2024-2025 las variables económicas tendieron a normalizarse, los niveles de estrés económico volvieron a los de 2022-2023.
Esto se da pese a una mayor estabilidad económica en relación a dichos años, principalmente debido a la desaceleración de la inflación. No obstante, vale mencionar que se observa una mejora de 3 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando el impacto fue sobre el 50% de la población, en un contexto de ajuste y recesión.

En la actualidad, señala la UCA, persisten fuertes desigualdades según el nivel socioeconómico: 7 de cada 10 hogares de los sectores bajos padecen estrés económico.
En los niveles medios, la proporción cae a 3 de cada 10. Respecto a la tendencia histórica, el deterioro se intensificó entre 2010 y 2025, con mayor incidencia en las familias con niños.

“En el ciclo de ajuste predominan las trayectorias de empeoramiento. En la estabilización aumentan levemente las de mejora, aunque se evidenciaría que la población no ha sentido la baja de la pobreza con la intensidad que muestran los indicadores tradicionales. La cronicidad del estrés económico se mantiene elevada, cercana al 30%“, aclaró el ODSA.
La evolución del estrés económico se vincula a los ingresos laborales. El nivel salarial promedio registrado en la etapa de estabilización (2024-2025) se asimila a los valores de 2009-2010, sin observar una mejora real con respecto a 2023.

“El salario registrado privado sigue estancado en rangos históricamente bajos, y probablemente seguirá así a menos que se consolide el crecimiento económico”, indicó el estudio.
Privaciones económicas
La proporción de familias y personas que atraviesan privaciones económicas constituye un problema estructural que el país arrastra desde hace más de 40 años. En el plano coyuntural, desde 2023 la combinación de tensiones macroeconómicas, el freno de la actividad interna y la aceleración de los precios erosionó el poder de compra y derivó en un ajuste recesivo.
En ese escenario, explicó el informe, las carencias monetarias avanzaron con fuerza durante la crisis y el período contractivo de 2023-2024.
Sin embargo, con la posterior desaceleración inflacionaria y el repunte parcial de los ingresos laborales reales, de las transferencias y de la cobertura de los programas de protección social —sumado al dinamismo del trabajo informal— los indicadores de privación empezaron a mostrar una reducción.
“La mejora relativa observada entre 2024 y 2025 no constituye, al menos por ahora, evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida. Más bien, según el indicador considerado, los niveles recientes de privaciones se asemejan a los registrados en 2022/2023 o incluso en 2018/2019, períodos también caracterizados por altos niveles de déficits monetarios, exclusión y tensiones en el mercado de trabajo”, destacó el ODSA.
Aunque se observa una etapa de estabilización tras el ajuste, las mejoras de 2024-2025 se interpretan con cautela. “Su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad para generar cambios persistentes al interior de la estructura social aún deben ser evaluadas. En este sentido, persisten dudas respecto de si estos avances representan una recuperación duradera o solo un alivio transitorio”, sostuvo el informe.
Capacidad de ahorro
La capacidad de ahorro continúa siendo limitada para la gran mayoría de los argentinos. Según el ODSA, solo entre el 8% y el 16% de la población afirma poder reservar parte de sus ingresos, una proporción que viene cayendo de manera sostenida desde 2010.
El aumento anotado en 2024-2025 luce insuficiente: apenas permite volver a valores similares a los de 2022-2023 o a los de 2018, sin compensar el deterioro acumulado.

Las diferencias por nivel socioeconómico son relevantes. Los sectores medio-altos concentran la mayor parte de los hogares con posibilidad de ahorrar, muy por encima del resto, incluso considerando el sesgo de las encuestas en los estratos más acomodados. También se mantienen amplias brechas entre familias con y sin hijos.
El relevamiento muestra, además, que el 83% de los hogares sigue sin margen para ahorrar en los dos años observados. En fases de ajuste predominan los retrocesos, mientras que en momentos de mayor estabilidad se registran avances, aunque concentrados en los grupos más favorecidos.
En el segmento medio-alto se advierte una mayor capacidad de ahorro, pero este avance convive con señales menos favorables en términos de estrés económico. La clase media alta aparece, así, más heterogénea: una parte mejora su situación financiera mientras otra continúa bajo presión.